Entrevistado en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/radio, el doctor Gonzalo Silva indicó que “desde el momento en que apareció el vehículo blanco, causante del atropello y la muerte de la niña Natalia, no se determinó a quién pertenecía. Se nos dijo de que era propiedad de que la Policía y que entre la Policía y la Fiscalía existía un comodato” por el uso de dos automóviles. Agrega que posteriormente se determinó, “por parte de la misma Fiscalía, que presentaron el título de propiedad (…) sobre el vehículo blanco que es de la Fiscalía”.

El abogado explicó que “cuando se aprecia que el vehículo blanco, causante del atropello, es de propiedad de la institución y no existe en el proceso un solo documento que acredite, el parte del Ministerio de Gobierno, que se ha respetado el reglamento (…) que se confiere para los dignatarios y funcionarios del Estado, autorización para que tengan guardianía o protección con vehículos y personal, cuando se aprecia de que tampoco existe en el proceso una autorización concedida (…) por la Contraloría General del Estado, sobre los bienes del servicio público, pues nos encontramos de que el uso, el aprovechamiento de un vehículo del Estado, adquirido con plata de los ciudadanos ecuatorianos, pues que estaba en su custodia o bajo su cuidado, constitúyese como delito de peculado”.

Respecto al peculado de uso, el doctor Silva añadió que “en el agregado primero al artículo 257, habla cuando se utiliza a trabajadores o funcionarios o empleados de la función pública, que en este caso son policías, con sueldos o remuneraciones del servicio público, que en este caso pertenecen a la Policía, en servicios de particulares. Entonces, peculado por el señor Pesántez y peculado de uso por el mismo señor Pesántez y la señora, porque la ley dice de que el que usare o se aprovechare de bienes públicos a título personal o de terceros incurre en esta clase de delitos”.

El abogado reconoce que sí está especificado en el reglamento del Ministerio de Gobierno el cuidado de un funcionario y su familia, para lo cual se hace un análisis efectuado por un comité especial que determina si se permite este uso. Según Silva, únicamente existe el permiso para la utilización de vehículos solo para personeros principales, pero hace notar que también se especifica que esto debe efectuarse “con choferes de la institución (la Fiscalía). En el caso del vehículo de la señora Borja, pues estaban con guardianía en el otro vehículo, los dos, que no son choferes de la institución, sino de la Policía”.

“En el proceso no existe un solo documento que acredite la posibilidad de que el Ministerio le haya autorizado o que la Contraloría le haya facultado”, manifestó Gonzalo Silva.

Asimismo, los policías que conducían los automóviles no cumplían con todos los requisitos necesarios para desempeñarse como choferes, añadió el abogado de la familia Emme Bedoya. “No se ha acreditado que son choferes profesionales”, dijo.

“Son trabajadores del Estado, subvencionados por el Estado, los que han estado conduciendo un vehículo que estaba acreditado al Estado”, insistió al detallar el cometimiento del delito de peculado de uso.

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