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Edición #5231 |  Ecuador, viernes, 18 de octubre de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores

EXPRESO (Guayaquil) Las cifras no cuadran en la compra de gas lacrimógeno

2005-05-21 09:56:41
Policiales
1981

En las próximas horas se oficializará compra de gases por USD 1,4 millones

El compromiso de la Fuerza Pública de aclarar su participación en la protesta de los ‘forajidos’ no cuaja en los organismos de derechos humanos.
Ayer, unas 10 agrupaciones se reunieron para afinar su propuesta de reestructurar la cúpula policial a pocas horas de que esa institución oficialice un informe sobre los operativos de control durante las marchas del 19 y el 20 de abril.

En el encuentro, se resolvió que este lunes se oficializará por escrito al presidente Alfredo Palacio ese planteamiento.

Según los derechos humanos, la cúpula de la Policía debe cambiarse porque estaría involucrada en la supuesta conformación de una red de espionaje y la fuerte represión policial al pueblo quiteño.

Sobre ese último tema, trascendió que en el informe policial consta que 1,4 millones de dólares se desembolsaron entre abril de 2001 y noviembre de 2003 para importar 85.000 gases lacrimógenos.

La empresa MG Suber & Asociados , subsidiaria de la compañía estadounidense Armor Holding, fue la única proveedora de la Policía en ese período. Según la Dirección de Logística, la empresa ganó por concurso de ofertas.

Para la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), los datos que presenta la Policía no son reales.

Esa organización oficializó un acta de entrega recepción de proyectiles y granadas de gas lacrimógeno entre M.G. Suber y la Policía Nacional, del 9 de marzo del 2004. El documento señala que la Fuerza Pública adquirió 10.000 granadas de mano de gas lacrimógeno triple carga, 100.000 proyectiles de gas lacrimógeno de largo alcance, 10.000 proyectiles de gas lacrimógeno de corto alcance, 600.000 municiones calibre 9 milímetros, 600.000 municiones calibre 2,23 y 250 municiones calibre 38, por USD 596.400.

Esa compra, según la Cedhu, se dio en el marco de un compromiso con Armor Holding y Gaspol, empresa de economía mixta con representación de la Policía en un 67% de las acciones, para adquirir gases lacrimógenos por USD 1,5 millones.

Esa acusación es rechazada por las autoridades de la Fuerza Pública y Gaspol. La Policía asegura que solo hasta noviembre de 2003 compró 32.500 gases de corto alcance, 32.500 bombas de largo alcance y 20.250 granadas de mano.

Pese al intento de transparentar la adquisición de material antimotines, los derechos humanos creen que se deben diversificar los mecanismos para abarcar la totalidad del tema.

Para Alexis Ponce, de la APDH, la presentación de un informe de evaluación no contribuye a la indeminización inmediata a las víctimas y heridos de la represión.

De allí que no descarta que los grupos de derechos humanos impulsen acciones a nivel internacional.

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