Entre los elementos de convicción presentados por el Fiscal Chiriboga, se evidenció que existe un presunto delito de peculado, el cual determinó un perjuicio al Estado de más de 134 000 dólares, ya que el programa estuvo financiado con fondos estatales.

 Además, se determinó que la entrega de raciones alimenticias no cumplió su objetivo, al no ser distribuidas a los sectores vulnerables de la población ecuatoriana, como menores de 5 años, personas de la tercera edad y ciudadanos con capacidades especiales.

 Se determinó que estos insumos fueron desviados a beneficio personal, ya que no existieron los registros y los justificativos, además que el listado de los beneficiarios no correspondía a quienes los recibieron, pues las firmas de recepción eran ilegibles.

 Fuente: Fiscalía General del Estado

(JMGV)