El Programa de Remediación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente sea crea en el 2008 con el objetivo de crear políticas públicas para la reparación integral. Uno de los importantes de este programa estratégico, en cuando a lo que se considera la reparación, es que antes la remediación, que se efectuaba era específicamente de la fuente de contaminación, mientras que ahora se ataca también al efecto en general que causa en el entorno y la persona.

“Los criterios de compensación que pudiera establecerse no tenían un sustento técnico, la diferencia es que ahora este programa estratégico establece una línea de sistemas de información de pasivos, una herramienta posterior de valoración de pasivos y generación de indicador de respuesta frente a esos pasivos”, sostuvo.

En relación con el derrame en Tiguano, provincia de Orellana, ocasionado en el mes de junio bajo la responsabilidad de la petrolera Petroambiental, dijo que la compañía tomó las medidas inmediatas, comunicando del evento al Ministerio del Ambiente, lo que provoca que esa Cartera de Estado remita sus técnicos en acompañamiento a la situación para poder levantar la información.

“Tuvo una afectación en la zona puntual del derrame que es la de Hormiguero Sur a Hormiguero A, provincia de Orellana”, mencionó.

La afectación llegó a alrededor de 6 familias en una zona que implicó un daño además a terrenos y ciertos cauces de ríos.

“En cuanto al levantamiento de la información es importante precisar porque antes no se contaba con una herramienta técnica para valorar los activos”, comentó.

Antes, se encontraba del lado de la comunidad, una serie de requerimientos, que probablemente estaban asistidos, pero que sobrepasan los límites del derrame puntual y de parte de la petrolera no una estándar para la respuesta tan en los temas ambientales y sociales. “Esto cambia con el Programa de Remediación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente”.

“Estamos hablando de la aplicación de la herramienta de valoración de pasivos ambientales y sociales que permite considerar el componente biótico y el componente social y darle una valoración económica a esas afectaciones”, acotó.

La valoración económica es absolutamente verificable de manera objetiva para que la población afectada sienta un sustento de lo que se está pronunciando.

“Esta herramienta se pone en práctica, la exigencia de la comunidad fue que esta herramienta de valoración fuera aplicada por una compañía privada independiente, fiscalizada por el Ministerio del Ambiente, así se lo hizo”, comentó en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/radio.

El requerimiento se da en el marco de la presión que la comunidad había tomado, pues se registraron medidas de hecho en ese momento, por tanto, se vio la necesidad de firmar un acta entre el Ministerio del Ambiente, Recursos Naturales No Renovables y la propia comunidad donde ellos hacen esa exigencia.

“El Ministerio del Ambiente estaba listo para poder aplicar la metodología de valoración pero lo importante es que la comunidad se sintiera tranquila, que viera que aquí una persona transparente”, puntualizó.

Para ello, se dan ciertas acciones dentro del plan para compensar, indemnizar y reparar, no obstante, este proceso es impedido por la comunidad, “actualmente, están retenidos equipos, la petrolera no ha podido actuar al cien por ciento”.

“Estos hechos se dan en el mes de marzo, los resultados de valoración fueron difundidos en el mes de febrero”, manifestó.

El impedimento surge, según Tapia, por una confusión de expectativas debido a que la comunidad no entiende bien el alcance del estudio que mira de manera puntual el efecto del derrame y las afectaciones históricas que soportaron por la actividad petrolera en el pasado.

“Les hemos dicho que esto se trata de un alcance puntual en el tema del derrame no significa que las afectaciones históricas no van a ser atendidas, sí van a ser atendidas pero en el marco de otras herramientas del Estado”, dijo.

La difusión del estudio fue pública, acotó la funcionaria, y se otorgó 15 días prorrogables en el proceso para que pudiesen sustentar sus observaciones pero “hasta el día de hoy no ha habido una observación oficial al Ministerio del Ambiente”.

La comunidad pide 5 millones para remediar los daños y se sustentan en las afectaciones históricas que la actividad petrolera pudiera haber ocasionado dentro de la zona de influencia de la actividad petrolera en el sector que “no necesariamente vinculada con el evento, el evento fue valorado y determinado específicamente para indemnización y remediación”.

Agregó que la comunidad es comprendida desde el lado del Estado, a través también del Ministerio del Ambiente, que entiende cuáles han sido sus afectaciones históricas y “estamos transparentándolo con la misma información que se levanta del Ministerio del Ambiente, diciéndoles cómo actuar de forma prioritaria en las formas afectadas”.

“Está detenido, el Ministerio del Ambiente va a mantenerse ahí presente hasta que las condiciones vuelvan, tanto en la afectación de las personas como de la naturaleza a lo que fue antes del evento. Ellos tienen derecho como población a ser reconocidos si fueron vulnerados pero la naturaleza también tiene derechos y está detenida”, añadió.

Finalmente, recalcó que todo el proceso está documentado para oportunas comprobaciones, “en el proceso inicial no había inicialmente resistencia, se realizó, hoy, inclusive, lo poco que se había avanzado fue destruido”. (PAY)

Fotografía de archivo

Además, escuche en la pestaña de AUDIO:

• Política pública de reparación integral