El abogado de los afectados por la petrolera asegura que los pagos que se han realizado durante las diligencias fueron ordenados por la propia CNJ.

Los demandantes en el juicio contra Chevron en Ecuador defendieron ayer la legalidad de los pagos efectuados en ese proceso ambiental, luego de que la petrolera pidiera a un juez estadounidense revelar sus cuentas bancarias acusándolos de remunerar ilegalmente a un perito independiente.

“Es una gigantesca mentira”, dijo a la AFP el abogado Pablo Fajardo sobre la denuncia de que los demandantes pagaron al perito Richard Cabrera 260.000 dólares camuflados como honorarios por trabajos no realizados, y otros 100.000 dólares a través de cuentas secretas.

Fajardo señaló que la parte acusadora entregó 260.000 dólares para el perito, pero a través de la Corte de Justicia de Sucumbíos, que ordenó el peritaje y el pasado 3 de enero condenó a Chevron a pagar unos 18.000 millones de dólares por daños ambientales en la Amazonía, en un fallo de segunda instancia que fue apelado ante la Corte Nacional de Justicia.

“No hemos pagado ni un solo centavo de una forma indebida a ningún perito, los pagos se han hecho a través de la Corte de Justicia. Era la Corte la que ordenaba que hiciéramos los pagos, no existe ninguna cuenta secreta. Se pagó al perito de acuerdo con la ley”, indicó.

El juez William Turnoff escuchó el viernes en Miami los argumentos de Chevron y de los representantes en Florida (sureste) del Banco Pichincha de Ecuador y dijo que evaluará los alegatos para determinar cómo prosigue el caso.

Las peticiones de Chevron para obtener información y pruebas de los presuntos pagos ilegales “han producido evidencia significativa de fraude y confabulación en el litigio de Lago Agrio. De hecho, varios jueces federales de Estados Unidos han hallado pruebas de fraude”, dijo Kent Robertson, portavoz de Chevron, después de la audiencia.

Fajardo dijo que aún no fueron notificados por el banco de esa diligencia, y aseguró que un apoderado de la petrolera en Ecuador es “accionista y miembro del directorio” de la entidad crediticia. “Le corresponde al banco informar a los clientes sobre lo que pueda ocurrir, luego veríamos qué acción jurídica desempeñamos”, manifestó.