Si existiera responsabilidad del ente rector de las elecciones, sería administrativa ya que los funcionarios no cometieron el delito, aclaró el ex miembro del CNE.

Criticó que se haya contratado ‘empresas’ para que consigan las firmas necesarias. “En otros casos se contrató empresas, yo les llamo asociación ilícita para delinquir, yo no le llamo empresa”.

Las bases de datos pudieron ser sacadas de cualquier ente público o privado, así deja sin piso la acusación de varios coordinadores políticos que adujeron que únicamente el CNE tenía los registros con nombre, número de cédula y firma de los ciudadanos.

“De dónde se consiguieron la bases de datos, no solo fue en el Consejo Nacional Electoral. En este país desgraciadamente usted puede conseguir en varios lugares: Telefónicas, proveedores de servicios públicos, empresas de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, tarjetas de crédito, cooperativas, entidad financieras y el CNE”.

Acusó que en ciertos casos se clonó la rúbrica pero hubo otras ‘empresas’ menos eficientes que no tenían las firmas originales y procedieron a realizar un garabato.

“Tienes rasgos caligráficos con la misma letra, con el mismo esfero, pero no solo es ese formulario sino 10 formularios más”.

La responsabilidad de la autoridad electoral sería mínima ya que está a cargo de validar la validar la información presentada. “El Consejo tiene la obligación en el artículo 320 del Código de la Democracia de verificar la validez. No puede determinar si es falsificada o no. Eso solamente lo puede hacer un juez mediante sentencia. Una sentencia por cada firma”, acotó en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato.com/Radio.  

Existe un vació legal en la ley electoral, según Camacho. “No se sanciona en el Código de la Democracia la presentación de firmas falsas” porque al CNE se le entregó la responsabilidad de establecer la validez de las firmas, del documento. “Tampoco la ley podía entregar al Consejo la potestad que tiene un juez si una firma es válida o no”.

Indicó que cuando en su periodo de funciones se verificó las firmas del Partido Roldosista Ecuatoriano, Movimiento Popular Democrático y Alianza País, no se tuvo este problema en grandes cantidades. “No existía en este sentido industrial”.

Los partidos y movimientos políticos serán quienes se tengan que defender de las acusaciones de la Fiscalía de tener en sus registros las firmas falsas.

“En las normas transitorias de la Constitución se establece que los partidos se reinscribirán, lo que deja implícito, que el registro volvió a cero.

Defendió los requisitos para la inscripción de partidos que se dio desde la aprobación de la Constitución.
“Los requisitos de la ley que es 1.5 % de firmas de adhesión en caso de los movimientos y 1.5% de afiliados en caso de los partidos. Constantes en el padrón electoral usado en la última elección pluripersonal”.

Así respondió a los coordinadores de las organizaciones que indicaron que este sistema era “perverso” para destruir los pequeños movimientos.

Por estos motivos restó importancia a la defensa de varios partidos que consideran que esto recae en el CNE. “Ellos son los autores de las falsificaciones pues. Lo estoy diciendo con claridad porque si un partido celeste por ejemplo, presenta diez nombres suplantadas la identidad de diez ecuatorianos el que cometió el delito fue el partido”.

Considera que las investigaciones que haga la Fiscalía darán la responsabilidad a las personas que estuvieron involucradas ya que un delito penal no se le puede atribuir a una organización.

Camacho destacó que hubo controles previos para evitar más fraudes. “Las hojas de adhesión (para movimientos) y las fichas de afiliación (para partidos) tienen un código de barras que las individualizan. La hoja del partido verde no sirven a los del partido celeste”.

También había la obligación que una persona, con número de cédula y firma se haga responsable de cada formulario y a la hora de entregar al CNE un representante del movimiento debió dar una declaración notarial juramentada para decir que lo que entregó era verídico.

Finalmente, puntualizó que la presencia de las huellas digitales no era necesaria ya que fue un espacio otorgado especialmente para las personas analfabetas. “El formato que el Consejo dio es opcional porque el Consejo no tenía, ni tiene ahora, la tecnología para la lectura de huellas dactilares”, finalizó.

Fuente: El Poder de la Palabra de Ecuadorinmediato.com/Radio.

(DPV)