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Edición #5231 |  Ecuador, jueves, 14 de noviembre de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores

EXPRESO (Guayaquil) Un reclamo laboral pone en riesgo los servicios de la Junta de Beneficencia

2005-11-07 08:12:26
Sociedad
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La entidad reclama actuar en derecho a un Tribunal de Arbitraje y Conciliación

Si la decisión de las autoridades de Trabajo se mantiene contraria a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, no quedará otra opción que entregar un hospital como parte de pago. Quizá sería el Luis Vernaza.
Así resume Raúl Gómez Ordeñana, procurador síndico de la Junta, la crítica situación que enfrentan por un problema laboral que, según la resolución de primera instancia de un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, obligaría a cancelar cerca de 15’000.000 de dólares a los trabajadores de la entidad.

El conflicto se inició en diciembre del 2004, mientras se discutía la firma del séptimo contrato colectivo. La exigencia que se realizaba en el artículo 9 del proyecto para que el bono del comisariato suba a 100 dólares mensuales provocó la fisura en las conversaciones entre patronos y empleados.

A sus peticiones, los trabajadores suman el pago con retroactivo por ese mismo concepto, desde el año 2000.

Según los dirigentes de los trabajadores, entre quienes destacan Carmen Torres y Patricia Castro, desde el mes de julio del 2003 el bono del comisariato que les cancela la Junta alcanza los 45 dólares, muy inferior a los USD 50,00 impuesto por la resolución No. 069 del Conarem, en enero del 2001 (ese monto se incrementó luego a USD 80, en agosto del 2001).

Pero la institución de asistencia social basa su defensa en lo señalado por el contrato colectivo firmado por los propios trabajadores.

En su artículo noveno, que trata sobre “bono de comisariato”, el documento deja sentado los valores de dicho beneficio, que se iniciaba con USD 15,00 y que aumentaba progresivamente hasta llegar a 45 dólares a julio del 2003.

“No obstante -señala el contrato- si el precitado beneficio fuere objeto de reclamación de tipo laboral, los trabajadores aceptan imputar todo lo recibido por ese rubro y otros aumentos de remuneración que voluntariamente hubiere concedido la Junta desde julio del 2000, a cualquier eventual reclamación que pretendieren oponer para obtener el pago de algún valor adicional por este concepto”.

El procurador principal de la Junta y sus colegas Carlos Julio Rivas y Armando Suárez, también abogados de la institución, van más allá. Según ellos, si los trabajadores se hubieran acogido al sistema que ellos plantean, un auxiliar de servicios estaría ganando USD 110,96 (incluido el bono de 50 dólares), mientras que de acuerdo con el contrato colectivo ese mismo auxiliar percibió, a finales del 2003, un total de 192,13 dólares (incluido el bono de 45 dólares).

Los abogados coinciden en señalar que la Junta se encuentra en la más absoluta indefensión, al tiempo que cuestionan la decisión del Tribunal de Conciliación, la actuación del subsecretario de Trabajo, Solón Villavicencio, y la supuesta influencia ejercida a través del ministro de Trabajo, Galo Chiriboga.

“Nosotros hemos hablado con el doctor Chiriboga, pero no el interesa jurídicamente el proceso; hemos hablado con el subsecretario... bueno, creo que ese ni lo entiende, y el inspector de Trabajo ni lo entiende ni lo conoce, lo único que sabe es firmar”, dice de manera determinante Gómez Ordeñana.

Agrega que incluso el presidente de la República, Alfredo Palacio, intervino y llamó telefónicamente a Chiriboga para exigirle que se actúe en derecho en la solución del problema.

“Si se llega a consumar la monstruosidad jurídica, la Junta se quedará sin plata, tendría que reducir el número de trabajadores y hasta entregar o cerrar un hospital”, sentencia Gómez.

Observaciones al proceso legal

Trescientas carpetas contiene el proceso de arbitraje que se sigue en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo. El que el juez principal haya conocido y firmado el documento de resumen sobre la decisión en primera instancia en solo una mañana, es motivo de observación para los abogados de la Junta de Beneficencia.

Según Raúl Gómez y Armando Suárez, el inspector Ángel Carriel Oquendo “solo firmó el documento” sin leerlo siquiera, favoreciendo de esa manera a la contraparte laboral.

Junta Cívica pide al presidente Palacio intervenir

El conflicto laboral que pone en riesgo las actividades de asistencia social que brinda la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ante la exigencia económica de un grupo de trabajadores, genera un pedido directo de intervención al presidente de la República, Alfredo Palacio.

En una misiva que enviará al Mandatario, la Junta Cívica de Guayaquil lo exhorta a que ordene a las autoridades del Ministerio de Trabajo que “obren imparcialmente y con sujeción a derecho, de conformidad con los antecedentes y normas procesales”.
El comunicado está firmado por los representantes de diversos medios de prensa y de entidades sociales.

Allí se agrega que no cabe colocar a la Junta de Beneficencia “en indefensión, como lamentablemente ha acontecido en el manejo de los trámites de visto bueno” que han sido inexplicablemente negados.

Según la Junta Cívica, es de público conocimiento que “un desleal grupo de trabajadores” del organismo afectado, “con el auspicio de una organización gremial cuasi política con la que se identifican las más altas esferas de las autoridades de trabajo” ha promovido, con éxito hasta ahora, el conflicto colectivo contra una de las instituciones más destacadas de Guayaquil.

El problema se suscita porque el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo falló a favor de unos 5.000 empleados y ordenó a la Junta el pago, con retroactivo desde el año 2000, de un bono de comisariato por 15 dólares. Eso significaría un costo de 15 millones de dólares para la entidad.

De allí que la Junta Cívica recalca que esto es una “amenaza” que pone en riesgo los servicios asistenciales, que se verán severamente afectados, “suspendidos temporalmente o, es posible, disminuidos, en detrimento de los más necesitados”. Finalmente, señala que este problema, eminentemente jurídico, puede acarrear un profundo daño a la comunidad.

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