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Edición #4501 |  Ecuador, viernes, 15 de diciembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores

EL UNIVERSO (Guayaquil) 5 de cada diez ecuatorianos han participado en corrupción

2005-12-11 09:44:43
Sociedad
822

Quienes aceptan haber pagado por un trámite dicen que lo han hecho principalmente en el Registro Civil

¿Ha pagado para que le agiliten un trámite público?, preguntó EL UNIVERSO a través de Datanálisis, y la mitad (5 de cada 10) de las respuestas en Quito y Guayaquil dijo sí.
Y ese casi 50% lo reconoció sin reparar mayormente de que se trata de un acto de corrupción: el 72% de ellos dio dinero a un tramitador del Registro Civil para lograr facilidades, a sabiendas de que este sobornaría con su dinero a otros funcionarios.

El recuerdo, el viernes pasado, del Día Mundial en contra de la corrupción, motivó la realización de este trabajo periodístico.

El tráfico de influencias, en diversos niveles, también quedó en evidencia: 4 de cada 10 dijo que sí. Y luego afirmaron haberlo hecho principalmente en el Registro Civil, Pacifictel, la Comisión de Tránsito del Guayas, el Municipio, Policía Judicial, entre otros.

Por pequeños y comunes que parezcan, estos también son actos de corrupción, al buscar ventajas no ganadas.

La corrupción en el país desconoce escenarios y personajes.
Está presente, la mayoría de las veces, en las calles, en las instituciones públicas, en las salas del Parlamento y en la Función Judicial.

Es parte de la vida de quienes se autodenominan, ‘sociedad civil’ y de las autoridades políticas del país.

Según el Latinobarómetro, Ecuador lidera la lista de países cuya población considera que 82 de 100 funcionarios públicos son corruptos.

Cedatos indica que la población calificó con el 4,91 (sobre cinco puntos) a la partidocracia como corrupta, con 4,90 al Congreso y con 4,59 al poder judicial.

La responsabilidad no solo recae en estos grupos. Una encuesta efectuada por Datanálisis para este Diario revela que el 47,9% de 502 consultados ha pagado a un tramitador para que agilite un servicio público.

De los consultados en Guayaquil, el 66,6% dijo que sí había pagado por un trámite. En Quito reconocieron haberlo hecho el 24,6%.

De este grupo, el 72,10% dijo que entregó dinero por agilizar un trámite en el Registro Civil. La Comisión de Tránsito, la Policía Judicial, la empresa de teléfonos y el municipio de su localidad fueron otras entidades que mencionaron.

Estos resultados, según Paulina Recalde, gerenta de Datanálisis, reflejan la poca credibilidad que tiene la gente en esos organismos y la “sinceridad” de los ciudadanos del puerto.

“El Registro Civil es una de las instituciones que mayor desorganización y desorden ha mostrado; pero eso no significa necesariamente que sea la institución que más corrupción registre, sino que es una de las de uso más cotidiano”, manifiesta.

A simple vista, dice Recalde, los resultados demuestran que los guayaquileños son los más corruptos, pero “en una lectura más atrevida” ellos pueden ser los más sinceros. Lo que no sucede con el quiteño “que también puede haber cometido esos actos, pero no lo manifiesta”.

El analista político Luis Eladio Proaño considera que la corrupción en la sociedad nace de la burocracia “lenta y complicada”, la que “se ha dado cuenta que su sueldo lo puede redondear con esas monedas y haciendo lento el trámite”.

¿Pero qué motiva al tramitador a cobrar y a la ciudadanía a pagar? Proaño sostiene que el sueldo de los trabajadores puede ser mínimo y por eso deciden hacer un extra. En el caso de las personas, estas tienen la urgencia de que se les entregue el documento.

Beatriz Bordes, representante del Movimiento de Mujeres, refiere que la corrupción se da en las instituciones públicas porque “estas no dan un buen servicio”.

Manifiesta que en el país se vive la cultura de la coima porque “pagar es ahora el compromiso de uno y otro, el que tiene que recibir ese valor extra por un trabajo que no corresponde y si no pago, no me entregan mis documentos”, argumenta.

Políticos
Los casos de corrupción en los que están involucrados ex funcionarios públicos y ex banqueros están presentes en el referente de la ciudadanía por la cobertura de los medios de comunicación.

Las causas por las que se los ha acusado son, en su mayoría, peculado, enriquecimiento ilícito y soborno.

El ex presidente de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción (CCCC) y actual vocal del organismo, Ramiro Larrea, dice que este organismo cumple con la investigación de los casos denunciados; pero que el resto depende de la Fiscalía General que “generalmente pone trabas para no resolver”.

“Cuando los resultados de las investigaciones llegan a manos de las autoridades de la Fiscalía, Contraloría y Función Judicial, se da la terrible situación de las impunidades (que no reciben el castigo)”.

Walter Tomsich, ministro fiscal del Guayas, se defiende. Afirma que él ha despachado todos los casos enviados por la CCCC y que solo están sin trámite los que tienen fuero (que solo pueden ser juzgados por él o por el presidente de la Corte Superior de Justicia”.

Aclara que la impunidad no es sinónimo de prófugo. “El ciudadano tiene miles de mecanismos para poderse largar del país o estar escondido, pero no es que no se lo ha procesado”, sostiene.

El presidente de la Corte Superior de Justicia del Guayas, Gustavo von Buchwald, no niega la posibilidad de que algunos casos “estén entrampados” en la CSJ. “Yo resuelvo como presidente de esta Corte, y de allí el caso va a la Suprema”, advierte.

JUICIOS CONTRA EX MANDATARIOS
Clase política afectada con juicios

Tres ex presidentes y un ex vicepresidente tienen juicios pendientes por supuestos actos de corrupción cometidos en sus administraciones.

Al ex presidente Gustavo Noboa se lo acusa por presunto peculado cometido durante la negociación de la deuda externa y por supuestas inversiones irregulares en Filanbanco y Banco del Pacífico.

El ex jefe de Estado, Jamil Mahuad, tiene un juicio en su contra por ocasionar una crisis económica en 1999 con el feriado bancario.

El ex vicepresidente Alberto Dahik –autoexiliado en Costa Rica– es acusado del mal manejo de los fondos reservados.
Estuvo en el país en diciembre del 2004 por una resolución de Guillermo Castro, presidente de la denominada ‘Pichi Corte’, que anuló su juicio.

Al ex mandatario Abdalá Bucaram, autoexiliado en Panamá, se lo acusa por presunto peculado (mochila escolar y gastos reservados).

Juez Olmedo Bermeo

Pendiente causa por corrupción

En el año 2003, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se vio afectada por el caso de presunto enriquecimiento ilícito contra el ex magistrado Olmedo Bermeo.

El 10 de julio de ese año el diputado Mario Touma (PRE) presentó documentos en que, según dijo, probaban que Bermeo compró propiedades valoradas en 200 mil dólares cada una.

Al día siguiente la Fiscalía inició la instrucción en su contra por enriquecimiento ilícito y el 15 de julio el entonces presidente de la CSJ, Armando Bermeo, ordenó su prisión.

El 16 de julio del 2003, Bermeo se fugó del país pero el 3 de octubre el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia lo detuvo en Cali; tras legalizarse su detención fue regresado el 15 de octubre y recluido en el penal García Moreno. En enero del 2004 la CSJ lo liberó después del pago de una fianza de 550 mil dólares; su causa está en la segunda sala de lo Penal.

Filanbanco y Progreso

Delito de peculado en banca

En el tema de la banca, el caso Filanbanco también está en espera de la resolución de juicios. A los ex administradores privados de ese banco, Roberto y William Isaías Dassum, se los acusa de un presunto peculado bancario y falsedad de estados financieros. Ambos se encuentran en Miami (Estados Unidos).

El ex banquero Fernando Aspiazu también fue acusado por peculado al cerrar el Banco del Progreso y perjudicar a miles de depositantes, y el 29 de marzo fue sentenciado a 8 años de reclusión ordinaria.

La CCCC en una investigación estableció que el Banco del Progreso Limited concedió créditos a un grupo de personas jurídicas relacionadas entre sí, a compañías constituidas con capital mínimo y sin patrimonio real.

Partidas presupuestarias

Extorsión en Ministerio de Economía

En el gobierno de Gustavo Noboa Bejarano se produjo el escándalo de las partidas presupuestarias que motivó la salida de su ministro de Economía, Carlos Julio Emanuel. El 14 de junio del 2002, el entonces alcalde de Azogues, Víctor Molina, denunció a Noboa la supuesta extorsión a los alcaldes para tramitar partidas del Ministerio de Economía.

La Fiscalía y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) iniciaron las investigaciones y se dictaron órdenes de prisión contra varios implicados. El 23 de junio, Emanuel renunció.

El 22 de agosto la Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en contra de Emanuel y dos días después, el presidente subrogante de la CSJ, Alfredo Contreras, ordenó su prisión.

El 17 de diciembre del mismo año, el gobierno de Panamá le concedió asilo político a Emanuel y su familia. Su caso está en la segunda sala de lo Penal de la CSJ.

Casos en Pacifictel

Denuncias de contratos irregulares

En el último año, una de las instituciones públicas más cuestionadas ha sido Pacifictel.

En el 2004, la CCCC determinó indicios de irregularidades en la adjudicación de contratos de seguros; si bien el 2 de agosto la fiscal de Delitos Financieros del Guayas, Ana Olarte, aseguró que no había ilegalidad, el fiscal distrital, Walter Tomsich, acusó al ex presidente ejecutivo de la telefónica Mauricio Galindo, ex presidente ejecutivo, y a los hermanos Roberto y David Goldbaum, representantes de seguros La Unión.

En agosto del 2004, se acusó de peculado a Carla Cerón, vicepresidenta administrativa, y su hermana Gildegard Cerón (esposa y cuñada del ex diputado Renán Borbúa), por la presunta e irregular contratación de los talleres GCD (de propiedad de G. Cerón).

El 25 de agosto el juzgado 24º de lo Penal ordenó la prisión para ambas, pero en marzo del 2005 pagaron una fianza. El caso está pendiente.

Corrupción en las Aduanas

Caso Flores desató escándalo

En las aduanas también se han investigado casos de corrupción, y uno de los más conocidos fue el de Carlos Flores, ex sacerdote que fue gerente del distrito aduanero de Quito (2000-2003).

En abril del 2003 fue acusado por la Fiscalía de enriquecimiento ilícito con un perjuicio al fisco en 10 millones de dólares; el 21 de abril el juez 3º de lo Penal de Pichincha, Edwin Fernández, dictó la orden de prisión preventiva en su contra, pero a las pocas semanas huyó a los Estados Unidos.

En noviembre pasado fue detenido en Miami por violar leyes migratorias de ese país. En julio del 2005 se ordenó su deportación y el 2 de diciembre fue traído al Ecuador. Está recluido en el penal García Moreno para cumplir una sentencia de 12 años de prisión.

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