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Edición #4501 |  Ecuador, viernes, 18 de agosto de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores

Ecuador acude a ONU para informar sobre desaparición de personas

2017-03-09 10:30:00
Política Exterior
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"No solo hemos fortalecido nuestro marco legal, sino que hemos desarrollado políticas públicas para garantizar la prevención de las desapariciones forzadas", indicó el Viceministro de Seguridad

Andrés De La Vega, viceministro Coordinador de Seguridad, compareció en Ginebra en la Defensa del Primer Informe Periódico del Estado Ecuatoriano sobre la Aplicación de la Convención para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, audiencia en la que se dieron a conocer los avances del país en este tema, que, según dijo, está bajo investigación constante. "Actualmente en el Ecuador se garantiza el derecho a la vida ante cualquier riesgo y amenaza", señaló.

El viceministro de la Vega explicó ante las autoridades que a partir de 2007, el Estado ecuatoriano conformó la Comisión de la Verdad, como un mecanismo para investigar, esclarecer e impedir la impunidad de graves violaciones a Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad, la cual presentó su informe ‘Sin Verdad no hay Justicia’ en 2010 y documentó 456 víctimas, de las cuales 17 corresponden a desapariciones forzadas.

Además, el Viceministro destacó que la Constitución de la República, así como la normativa legal y reglamentaria, regula los preceptos contemplados en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas ya que el nuevo Estado ecuatoriano sitúa al ser humano como el epicentro.

“No solo hemos fortalecido nuestro marco legal, sino que hemos desarrollado políticas públicas para garantizar la prevención de las desapariciones forzadas. Queremos ratificar nuestra vocación para garantizar y proteger los Derechos Humanos y enfatizamos nuestro compromiso permanente para cumplir con nuestras obligaciones derivadas de la convención y más tratados internacionales ratificados por el Ecuador. En este período de examinación no existen casos de desaparición forzada en nuestro país”, afirmó.

Esta iniciativa gubernamental dio paso a la Ley de Reparación de Víctimas, para la reparación material e inmaterial de estos casos de graves violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, además para las familias sepan que ocurrió con sus parientes desaparecidos.

Desde el 2013 el presidente de la República, Rafael Correa, cada seis meses hace un seguimiento de los avances e investigaciones que 13 entidades del Estado desarrollan para encontrar a personas desaparecidas.

Las investigaciones se desarrollan en estricto apego al Protocolo de Actuación para la Búsqueda, Investigación y Localización de Personas Desaparecidas, Perdidas o Extraviadas. Además desde el 2014 se creó la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, dentro de la Fiscalía General del Estado.

Entre el 2014 y el 2017 se registran 17 230 denuncias de personas presuntamente desaparecidas. De estos casos el 91 por ciento ya fue resuelto. Mientras que el 9 por ciento restante aún está en investigación por parte de la Fiscalía y la Policía.

En la investigación de estos casos hay personal altamente capacitado, se cuenta con moderna tecnología, dos laboratorios de criminalística ocho centros forenses de Fiscalía, y laboratorios en el área de Criminalística que permiten agilizar los procesos de búsqueda.

Además, cuentan con un banco de ADN, una base de huellas dactilares, una escuadra canina especializada en búsqueda de restos humanos, y equipos de proyección de edad y reconstrucción de rostros. A estas capacidades, se suma el Servicio Integrado de Seguridad, ECU 911.

Adicionalmente, con la vigencia del Código Integral Penal, en el 2014, el Art. 580 establece que en los casos de denuncias de desapariciones, no se podrá concluir o cerrar la investigación judicial hasta que la persona aparezca.

En el COIP también se incluyó las desapariciones forzadas, en el Art. 84 en su parte pertinente dice: “La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”.

Con información del Ministerio de Seguridad y de Justicia

(PAY)

 

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