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Edición #4501 |  Ecuador, jueves, 19 de octubre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
urgente

CNJ declara prescripción de acción penal en contra de Abdalá Bucaram Ortiz y levanta orden de captura

2017-04-11 18:23:00
Judiciales
5421

Conforme la acusación presentada, el exmandatario se habría llevado más de US$11.000 millones de sucres de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia de la República

Gladys Teran, jueza nacional, declaró la prescripción de la acción penal que se le seguía al expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz, y su secretario particular, Óscar Celleri, por el tema de los gastos reservados. Además, se le levantó la orden de captura.

Este proceso penal se inció el 7 de marzo de 1997 mediante autocabeza de proceso dictado por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano.

Según la normativa existente en la época, el delito de peculado se sancionaba con una pena privativa de la libertad de cuatro a ocho años y la prescripción de la acción era de 10 años, y para el caso de peculado, el doble, es decir, 20 años.

Conforme la acusación presentada por el entonces diputado nacional del extinto MPD, Gustavo Terán, el exmandatario se habría llevado más de US$11.000 millones de sucres de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia de la República.

A través de su cuenta en Twitter, su hijo, el excandidato presidencial por Fuerza Ecuador (FE), Abdalá Bucaram Pulley, se hizo eco de la noticia adjuntando una foto de la declaración. “Hoy la CNJ, después de 20 años de injusticia y persecución, ha hecho justicia. Dios es bueno!!! #AbdalaVuelve”.

La CNJ confirmó que todavía se encuentra pendiente el caso denominado "Mochila Escolar", a cargo del juez Jorge Blum. Según la defensa del expresidente, este caducará el próximo 27 de marzo. 

(JPM)

Fuentes y foto: La Hora – Twitter Dalo Bucaram - El Telégrafo

 

A continuación se expone, textualmente, la declaración del la CNJ:

 

CORTE NACIONAL declara la PRESCRIPCIÓN del Juicio contra ABDALA y LEVANTA orden de captura:

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

FUNCIÓN JUDICIAL

 

 

 

Juicio No: 1772120091312B

Casillero Judicial No: 0

Casillero Judicial Electrónico No: 0

Fecha de Notificación: 11 de abril de 2017

A: BUCARAN ORTIZ ABDALA

Dr / Ab: 

 

SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO 

 

En el Juicio Especial No. 1772120091312B, hay lo siguiente: 

 

VISTOS: Agréguese al expediente el escrito presentado por el doctor Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado, así como el oficio No. FGE-DAJ-2017-005225-0, por parte del Secretario General de la Fiscalía General del Estado, con relación a los petitorios de los sindicados Oscar Orlando Célleri Cedeño, y Abdalá Bucaram Ortíz, en torno a la declaración de prescripción de la acción penal, y la devolución de cuerpos procesales. En lo principal; para resolver lo pertinente se considera 1.- Antecedentes Las actuaciones procesales más relevantes de la presente causa son las siguientes: Con fecha 4 de marzo de 1997; el señor Gustavo Terán, en calidad de Diputado Nacional y Presidente Subrogante de la Comisión de Fiscalización y Control Político del H. Congreso Nacional, presenta denuncia con relación al movimiento de cuentas de varias dependencias del sector público, desde agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997, y que corresponden a fondos transferidos de la Cuenta Corriente Única, a la Cuenta de Ejecución de la Presidencia de la República, Cuenta de Gastos Reservados de la Secretaría General de la Administración Pública, y otras cuentas; adjunta una hoja denominada “Movimientos de la Cuenta 01127869 Secretaría General de la Administración Pública”, donde se señala que entre el 3 y 6 de febrero de 1997, del Banco Central y de la mencionada cuenta, se cobraron los cheques numerados del 136 al 141, por la suma global de S/ 13.966´000.000,oo por los señores Francisco Páez, Hugo Caiza y Miguel Lara. Se indica, que es de conocimiento público que los valores cobrados, especialmente el 6 de febrero de 1997, por Miguel Lara, fueron luego sacados furtivamente del Palacio de Gobierno, por orden del Ab. Oscar Célleri, Secretario Particular de la Presidencia de la República, y del mismo Presidente, Abdala Bucaram, sustrayéndose esos fondos públicos en beneficio de dichos funcionarios. (fs. 1-3; cuerpo 1) El 7 de marzo de 1997; el Presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctor Carlos Solórzano Constantine, dicta auto cabeza de proceso en contra de Abdala Bucaram (ex Presidente de la República); Miguel Salem Kronfle (ex Secretario General de la Administración Pública); Oscar Celleri (ex Secretario particular del ex Presidente de la República); Enrique Villón (ex Jefe Financiero de la Presidencia de la República); y, Jaime Espinoza Vega (ex Sub Contralor General del Estado). En el referido auto cabeza de proceso, se señala, que se lo dicta sobre la base de denuncias presentadas, en las que se llega a conocer que durante la administración del abogado Abdalá Bucaram Ortíz, (10 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997), en calidad de Presidente de la República, existieron varios actos de corrupción por el usos de fondos públicos pertenecientes a la cuenta de gastos reservados de la Presidencia de la República; actos realizados por funcionarios pertenecientes a ese gobierno, como son: enriquecimiento ilícito, disposición arbitraria y dolosa de fondos públicos, etc.; que, el 6 de febrero de 1997, se cobraron en el Banco Central del Ecuador cheques girados a la orden de agentes de seguridad del Palacio de Gobierno, contra la cuenta de gastos reservados de la Presidencia de la República, administrada por la Secretaría General de la Administración Pública, presumiblemente por disposición del entonces Presidente de la República, y por la suma total de S/ 11.000´000.000,oo, dinero que dadas las circunstancias políticas que vivía el país, se presume fue a beneficio particular de quienes recibieron dicha suma de dinero, señores Miguel Salem Kronfle y Oscar Celleri Cedeño; y, que el Sub Contralor del Estado, doctor Jaime Espinoza Vega, ha juzgado los gastos reservados en los días de crisis política. Mediante este auto se ratifica la prisión preventiva de Miguel Salem Kronfle, Oscar Celleri Cedeño, Enrique Villón; y, Jaime Espinoza Vega; y, se dispone oficiar para sus capturas. Este auto consta notificado el mismo 7 de marso de 1997. (fs. 185-188; Cuerpo 2) El 30 de abril de 1998; el doctor Roberto Gómez Mera, Ministro Fiscal General, presenta dictamen acusatorio en contra de: Abdala Bucaram Ortiz, Miguel Salem Kronfe, Oscar Celleri Cedeño; Enrique Villón Ramírez; Mario Albuja Martínez; como autores de los delitos tipificados en los artículos 157 (peculado), y los dos innumerados agregados después del artículo 196 (enriquecimiento ilícito) del Código Penal; y, se abstiene de acusar a Fernando Rosero González y a Jaime Espinoza Vega (Ex Contralor y Subcontralor). ( fs. 7.173-7187; cuerpo 64) Mediante auto de fecha, 28 de julio de 1998; el Presidente de la CSJ, doctor Héctor Romero Parducci, declara: “abierta la etapa del plenario en contra de los señores Abogado Abdalá Bucaram Ortíz, Ingeniero Miguel Salem Kronfle, Abogado Oscar Célleri Cedeño e Ingeniero Enrique Villón Ramírez, por presunciones de responsabilidad en el grado de coautoría del delito tipificado y sancionado por el artículo 257, concordante con el artículo 42 del Código Penal, así como en contra del Doctor Jaime Espinosa Vega, por presunciones de responsabilidad en el grado de encubrimiento, según el artículo 253 en concordancia con el artículo 406 del Código de Procedimiento Penal y artículo 44 del Código Penal, en el mismo delito tipificado y sancionado por el artículo 257 del mencionado Código Penal. (…) Finalmente, respecto del Doctor FERNANDO ROSERO GONZALEZ y el Doctor MARCO VINICIO ALBUJA MARTINEZ, habiéndose comprobado la existencia del delito, pero no suficientemente la responsabilidad de éstos, dicto auto de sobreseimiento provisional del proceso y de ambos sindicados al tenor del artículo 242 del Código Adjetivo Penal. Confírmese las órdenes de prisión preventiva que pesan en contra de los sindicados contra quienes se abre la etapa del plenario, con excepción del Doctor Jaime Espinosa Vega, (…) Por separado insístase en los trámites de extradición de los procesados prófugos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por hallarse prófugos los sindicados contra quienes se abre la etepa del plenario, se la suspende hasta que presente o sean aprehendidos o extraditados, al tenor del artículo 254 del Código Penal de Procedimiento Penal.” (énfasis en negrillas y subrayado, fuera de texto) (fs. 7.302-7305; cuerpo 65) Con fecha 25 de junio de 2001; luego de que el sindicado Abdala Bucaram, interpusiera recursos de nulidad y apelación; mismos que son resueltos, por la Segunda Sala de Conjueces de la CSJ; en fallo de mayoría, confirman el auto de llamamiento a juicio en contra de Abdala Bucaram, Miguel Salem, Oscar Celleri y Enrique Villón. (fs. 7.379-7401; cuerpo 66) Posteriormente, el entonces Presidente de la CSJ, doctor Guillermo Castro, mediante autos de: 29 de marzo de 2005, declara la nulidad del proceso. (fs. 7.440-7451; cuerpo 67); con fecha 4 de abril de 2005, niega los pedidos de revocatoria formulados por Fiscalía y Procuraduría General del Estado, y dispone el archivo de la causa. (fs. 7.477-7479; cuerpo 67); el 8 de abril de 2005, declara que no cabe recursos de nulidad, ni apelación, así como el de hecho (fs. 7.488-7489; cuerpo 67); y, con fecha 12 de abril de 2005, recuerda a las partes que la providencia de 29 de marzo de 2005 se encuentra ejecutoriada. (fs. 7.501-7503; cuerpo 67) Con fecha 7 de febrero de 2006, el doctor Jaime Velasco, Presidente de la CSJ, declara que los autos dictados por Guillermo Castro (de 29 de marzo, 4,8 y 12 de abril de 2005) “son inexistentes jurídicamente, sin valor procesal y sin efecto alguno en la presente causa; y por lo mismo no producen efectos jurídicos-procesales, de ninguna naturaleza; de consiguiente tales providencias adolecen de nulidad absoluta; toda vez que quien las suscribió, careció de competencia para revisar lo resuelto por la Segunda Sala de Conjueces de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.” (énfasis en negrillas fuera de texto) (fs. 7.514-7522; cuerpo 67) Mediante escritos de 23 de abril de 2008 y 21 de mayo de 2008; el sindicado Abdala Bucaram Ortíz, solicita la prescripción de la acción. (fs.7581-7584, 7585-7586; cuerpo 68); ante tales pedidos, mediante auto de fecha 19 de agosto de 2008, el Presidente Subrogante de la CSJ, doctor José Vicente Troya, dispone escuchar al Ministro Fiscal General del Estado. (fs. 7600; cuerpo 69); de su parte, el Contralor General del Estado (e), en escritos de 22 de agosto de 2009 (fs. 7603; cuerpo 69), y el Director Nacional de Asesoría Jurídica y Subrogante del Ministro Fiscal General (fs. 7603- 7604; cuerpo 69), señalan que no procede la prescripción; es así, que mediante auto de 26 de agosto de 2008, el Presidente Subrogante de la CSJ, doctor José Vicente Troya, niega la petición de que se declare prescrita la acción. (fs. 7606-7607; cuerpo 68); ante ello, con fecha 27 de agosto de 2008, (fs. 7612; cuerpo 69), Abdalá Bucaram apela de tal decisión, y mediante auto de 4 de septiembre de 2008 (fs. 7614; cuerpo 69), el doctor José Vicente Troya, concede el recurso de apelación; el cual es declarado ilegalmente interpuesto e indebidamente concedido, mediante auto de 17 de septiembre de 2008, emitido por los doctores Luis Abarca, Raúl Rosero (Jueces Nacionales), y Enrique Pacheco (Conjuez), de la Segunda Sala de lo Penal de la CSJ. (fs. 7615-7616; cuerpo 69) Con fecha 30 de octubre de 2009, se recibe el proceso en la Oficialía Mayor de la CNJ para conocer del auto de apertura de plenario - suspensión (llamamiento a juicio) (fs. 7619; cuerpo 69); el 4 de noviembre de 2009, se sortea la causa, correspondiendo su conocimiento a la Segunda Sala de lo Penal de la CNJ. (fs. 7619; cuerpo 69); el 25 de noviembre de 2009, el Presidente de la Segunda Sala, doctor Luis Abarca, avoca conocimiento y comunica la recepción del proceso a las partes (fs. 7620; cuerpo 69). Posteriormente, el proceso va a la Corte Constitucional, ante la acción extraordinaria de protección planteada por Abdala Bucaram, en contra de los autos emitidos por el del doctor Jaime Velasco, ex Presidente de la CSJ. Con fecha 9 de febrero de 2012, ya con la conformación de la nueva Corte Nacional de Justicia, se sortea entre los Jueces Nacionales, a quien debe conocer el caso (auto de apertura de plenario suspensión); correspondiendo su conocimiento al doctor Paúl Iñiguez. (fs. 7641-7642, cuerpo 69); quien con fecha 12 de mayo de 2014, avoca conocimiento y señala, que no existe constancia -hasta la presente fecha-, de que los sindicados hayan sido aprehendidos, o se hayan presentado voluntariamente a la justicia, por tanto, la situación jurídica no ha variado, así como tampoco el estado procesal por el que atraviesa el presente juicio. (fs. 7645-7646, cuerpo 69) Mediante escrito de fecha 20 de mayo de 2014, el sindicado Abdalá Bucaram pide que se declare la nulidad a partir del auto cabeza de proceso, aduciendo que se debe aplicar las mismas consideraciones que en el caso 1058-2009 seguido en contra de Alberto Dahik, principio de igualdad. (fs. 7651-7659; cuerpo 69); pedido el cual es corrido traslado, mediante auto de 2 de junio de 2014, suscrito por el doctor Paul Iñiguez. (fs. 7660; cuerpo 69); con fechas 11 y 12 de junio de 2014 (fs. 7663-7669; y 7627, cuerpo 69), el Fiscal General del Estado, doctor Galo Chiriboga, y el Contralor General del Estado (Carlos Polit), respectivamente, presentan escritos mediante los cuales se oponen al pedido de declaratoria de nulidad; aduciendo que aquello ya fue resuelto tanto en el auto cabeza de proceso, en el auto de apertura de plenario, y en el auto que ratifico tal apertura; solicitando que sea rechazada la pretensión por carecer de fundamento constitucional y legal; mediante auto de 19 de junio de 2014, el doctor Paul Iñiguez, resuelve “desechar la solicitud de declaratoria de nulidad de todo lo actuado, a partir del auto cabeza de proceso, formulada por el sindicado Abdalá Bucaram Ortíz y declara la validez jurídica de todas las actuaciones judiciales sometidas a su análisis”.(fs. 7673-7674; cuerpo 69); ante ello el sindicado Abdalá Bucaram, mediante escrito de 30 de junio de 2014, solicita la revocatoria. (fs. 7678-7679; cuerpo 69); y el doctor Paul Iñiguez, en auto de 30 de junio de 2014, niega el pedido de revocatoria por extemporáneo.(fs. 7680; cuerpo 69) Mediante escritos de 23, 27 de enero, 20 de febrero de 2015, el abogado Abdala Bucaram, solicita “prescripción de la pena”, con base al COIP en donde la pena para el peculado es de 13 años, y solicita audiencia para alegar. (fs. 7703-7719; 7720-7725; y, 7720-7725 cuerpo 69). En virtud de la nueva integración de las Salas de la Corte Nacional de Justicia; con fecha 27 de febrero de 2015, se sorteó un nuevo juez o jueza, en reemplazo del doctor Paul Iñiguez, correspondiendo su conocimiento a la doctora Gladys Terán Sierra. (fs. 7732; cuerpo 69) Mediante escritos de 6, 9 y 22 de julio de 2015; 6 de agosto; 7 de septiembre; y 6 de noviembre de 2015, la defensa técnica del sindicado Abdala Bucaram Ortiz, solicita que de oficio, se declare extinta la acción penal y/o se convoque a audiencia para alegar; mediante auto de 11 de diciembre de 2015, la doctora Gladys Terán Sierra, avoca conocimiento y corre traslado de los petitorios; con oficio No. 0001560 FGE, de 1 de marzo de 2016, y escrito de la misma fecha, la Fiscalía General del Estado se opone al pedido del sindicado; es así que, mediante auto de 11 de abril de 2016, las 15h00, la doctora Gladys Terán Sierra, dispone que: “ (…) al haber quedado despejado y evidenciado, que dada la temporalidad en que se dieron los hechos y se inició el proceso; la normativa más favorable, ya sea por la sanción del tipo penal, y/o por la imprescriptibilidad que tiene el delito de peculado, la o las normas más favorables para el sindicado, son las vigentes al año 1997, y que son las que se debe aplicar al sub júdice; es por ello que se niega la solicitud formulada por la defensa técnica del procesado de declarar la prescripción de la acción penal del juicio que nos ocupa; de igual manera, y al haber quedado despejado aquello, no ha lugar, también la petición de ser escuchado en audiencia.” Finalmente, mediante escritos de 28 de marzo de 2017 (xxx), presentados por los sindicados Oscar Celleri Cedeño y Abdalá Bucaram, solicitan, en lo medular, que en virtud del tiempo transcurrido y acorde con el artículo 101 del Código Penal, vigente a la fecha en que se inicio este juicio, se declare la prescripción de la acción. 2.- Derecho a ser juzgado en un plazo razonable Al respecto, este órgano jurisdiccional ha señalado: (…) La gran presión que genera sobre una persona la incertidumbre por el inicio de un proceso judicial en su contra, ha hecho que los legisladores generen espacios temporales limitados dentro de los cuales los titulares del derecho de acción pueden ejercerlo; esto, en respeto a la seguridad jurídica, entendida como “… la confiabilidad en el orden jurídico, la certeza sobre el derecho escrito y vigente, es decir, el reconocimiento y la previsión de la situación jurídica…”. Ahora bien, el proceso penal, en cuanto implica la puesta en riesgo del estado natural de inocencia del imputado, exige, no solo que la acción se ejerza dentro de un determinado tiempo, sino también que el proceso se lleve a cabo en un lapso temporal establecido. Este concepto se conoce como el derecho a ser juzgado durante el plazo razonable, y su importancia queda de manifiesto en las siguientes palabras de PASTOR: La naturaleza dilemática del proceso penal (…) se revela en su doble finalidad inevitablemente conflictiva, de realizar el derecho penal sin menosprecio de los derechos fundamentales del imputado. La manifestación más extensa (…) de este dilema se aprecia en la contradicción que aparentemente existe entre el sometimiento de una persona a enjuiciamiento penal y el reconocimiento de que goza del principio de inocencia (…) [pues] el simple inicio y tanto más el desarrollo del proceso penal causa sufrimiento […] Por ello, uno de los problemas más importantes al que se enfrenta el derecho procesal penal en la actualidad es el de la duración del enjuiciamiento, lo cual equivale a la duración de la neutralización del principio de inocencia que, como es evidente, debería ser breve, de modo que en el menor tiempo posible o bien el estado de inocencia, frente al hecho, quede consolidado definitivamente por la clausura del proceso a favor del imputado y terminen las molestias judiciales, o bien quede suprimido, también definitivamente, por la declaración firme de la necesidad y el deber de imponer una condenación al inculpado. 3.- Marco constitucional y legal aplicable al sub júdice Con relación a aquello, ya en el auto de 11 de abril de 2016, las 15h00; se indicó que: (…) 3.1.- Este caso que se ventila en la administración de justicia, tuvo su inicio el 7 de marzo del año 1997, mediante el, entonces, auto cabeza de proceso, con el cual arrancaba el proceso penal, mismo que se activó y puso en marcha por el presunto delito de peculado, tipificado y sancionado en el -también entonces- Código Penal, artículo 257, que preveía una pena de 4 a 8 años de reclusión (…) 3.2.- En aquella época, en lo concerniente a la prescripción de la acción penal, el Código Penal, señalaba en su artículo 101, que los delitos de acción pública, sancionados con penas de reclusión -que es el caso-, una vez iniciados, prescriben en diez años; ahora bien, en el caso concreto del delito de peculado, el mismo artículo 257 ejusdem, en su inciso cuarto señalaba que este tipo penal, prescribe en el doble de lo señalado en el artículo 101, es decir, en veinte años; para esto, nada decía la Constitución Política de la República vigente a esa fecha -1978 a 1998-, sobre la imprescriptibilidad de la acción y pena en este tipo de delitos, ni en ningún otro; por lo que se debían remitir, en estos casos, a lo que decía la norma penal vigente en esa época. 3.3.- Ahora bien, posteriormente, al evolucionar la normativa penal, con sus reformas, en las cuales, inclusive, en cierta temporada hasta la sanción para el peculado fue incrementada, y luego se mantuvo la de 4 a 8 años; de que en las disposiciones transitorias claramente se determinó que las normas aplicables a un proceso serán aquellas con las que se inició el mismo; empero, se ha contemplado y se contempla, en la normativa constitucional-, a partir de 1998-2008, la disposición de que las acciones penales en los delitos de peculado, inter alia, son imprescriptibles; asimismo, esta normativa constitucional, y legal, con relación al principio de favorabilidad, esto es, aplicar la norma más favorable, al entrar en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (10 de agosto de 2014), el peculado sigue siendo punible e imprescriptible; ahora, en el artículo 278, se establece una sanción que oscila de entre 10 a 13 años de pena privativa de libertad; por lo tanto, en este aspecto, la norma constitucional y legal más favorable, es aquella del tipo penal conforme estuvo sancionado en el año 1997, y la prescriptibilidad preexiste en el artículo 257, con relación al 101 del Código Penal. (…) 3.4.- En cuanto respecta a la prescripción, conforme quedó indicado en el punto 3.2, para la época en que inició el proceso, esto es en el año 1997, la normativa vigente -y que es la que se debe aplicar conforme así lo han determinado las posteriores disposiciones transitorias de las reformas ulteriores, inclusive la del COIP-, determina que los procesos activados por el delito de peculado prescriben en 20 años; ahora bien, es cierto que el actual COIP en lo que ataña a la prescripción, determina que los delitos de acción pública, una vez iniciados, prescriben en el máximo de la pena; empero, hay que recordar, por un lado, que la pena actual es mayor a la vigente a la época de los hechos, por lo cual no le es favorable; y, por otro lado, no hay que perder de vista que desde el marco de la norma suprema (Constitución), para aquella época del año 1997, la entonces Constitución Política de la República, no preveía aquello de la imprescriptibilidad de este tipio de delitos; como si lo hacen, en cambio la Constitución Política de la República de 1998, y la vigente Constitución de le República del año 2008; lo cual consta así recogido también en el artículo 16.4 del COIP; es por ello, que desde este marco, inclusive, la norma suprema más favorable para el sub júdice en cuanto a aquello de la prescripción, también es la Constitución vigente al año 1997, esto es la de 1978; porque en la posterior (1998) y la vigente (2008), el peculado es imprescriptible. (…) (subrayado fuera de texto) Cabe señalar, que el Fiscal General del Estado, doctor Galo Chiriboga, al atender el traslado con las peticiones de los sindicados Celleri y Bucaram, en torno a la prescripción de la acción; mediante escrito presentado el 6 de abril de 2017 (fs. 8090 cuerpo 71), señala: (…) Como es de su conocimiento, en el caso referido, la Fiscalía actúo, de manera oportuna, para perseguir la acción penal dentro del presunto delito de acción pública de peculado, razón por la cual se dictó el auto cabeza de proceso el 7 de marzo de 1997. De esta manera, se toma nota del contenido del escrito presentado por el abogado Abdalá Bucaram Ortiz, a través de sus abogados Luigi García y Abdala Bucaram Pulley, mediante el cual solicita “se declare la prescripción de la acción, dado el tiempo transcurrido desde que se dictó el auto cabeza del proceso” Con referencia a ello, el Código Penal vigente al tiempo de los hechos establecía en el artículo 98 que, “La acción penal se extingue por amnistía, o por remisión de la parte ofendida en los delitos de acción privada, o por prescripción”. Adicionalmente, el artículo 101 de dicha norma señalaba que “Toda acción penal prescribe en el tiempo y con las condiciones que la Ley señala”. Al respecto, este mismo instrumento disponía en el artículo 114 que “La prescripción puede declararse a petición de parte, o de oficio, necesariamente, al reunirse las condiciones exigidas en este Código”. De acuerdo con el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal vigentes a la época, la prescripción se declaraba mediante auto del juzgador. Esto ha sido ratificado en la normativa penal vigente, por el cual el Código Orgánico Integral Penal determina que, “La prescripción podrá declararse por la o el juzgador, de oficio o a petición de parte (…)” En virtud de ello y en observancia a los preceptos legales pertinentes corresponde a su Autoridad determinar el cumplimiento de las condiciones legales requeridas para resolver sobre la prescripción de la acción penal en el presente caso. (subrayado fuera de texto) 4.- Requisitos para la declaratoria de prescripción de la acción Conforme quedó indicado, en tanto y en cuanto el proceso que nos ocupa, se inició mediante auto cabeza de proceso, dictado y notificado con fecha 7 de marzo de 1997, por el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Carlos Solórzano Constantine (fs. 185-188; Cuerpo 2); y, las normas aplicables al mismo son, por un lado, la Constitución Política de la República del Ecuador de 1978; y, el Código Penal con la reforma publicada en el R. O. No. 764, de 22 de agosto de 1995, y que en esencia, era la Codificación del Código Penal, publicada Suplemento del R.O. No. 147, de 22 de enero de 1971. Por lo tanto, dado a su vez, que el delito por el cual se activó el proceso penal, era por el delito de peculado, tipificado y sancionado en él -también entonces-, Código Penal, artículo 257, que preveía una pena de 4 a 8 años de reclusión; y, en donde, dicho cuerpo legal, en lo atinente con la “prescripción de la acción penal”, determinaba en su artículo 101, que los delitos de acción pública, sancionados con penas de reclusión, una vez iniciados, prescriben en diez años; y, que en cuanto al delito de peculado, el inciso cuarto del referido artículo 257, señalaba que este tipo penal, prescribe en el doble de lo señalado en el artículo 101, es decir, en veinte años; debiéndose reparar, adicionalmente, que en la Constitución Política de la República vigente a esa fecha, no se preveía nada en torno a la imprescriptibilidad de la acción y la pena por este tipo de delitos, ni en ningún otro; ni de que podía ser perseguido en ausencia. Dicho lo anterior, resulta evidente que la presente causa también se halla regida por las normas del Código Penal, en donde se reconoce el derecho al plazo razonable, en tanto se pone un límite al tiempo durante el que puede mantenerse abierto el proceso penal en contra de una persona, y tras el cual, debe procederse a la declaratoria de prescripción de la acción, una vez revisados los siguientes requisitos: El límite temporal fijado en el artículo 101 del Código Penal aplicable al sub júdice-, para las acciones en las que se ha iniciado enjuiciamiento, diferenciándoselas según el tipo de privación de la libertad que se aplique para el delito juzgado. En el caso de delitos penados con reclusión, como es el caso, actual, es de diez años contados a partir de “… la fecha del autocabeza de proceso”, pieza procesal que en el actual sistema acusatorio, se traduce en la notificación del inicio de la instrucción fiscal a los procesados. El artículo 108 ejusdem, por su parte, prevé una circunstancia de excepción para el plazo arriba mencionado: “Tanto la prescripción de la acción como la de la pena se interrumpen por el hecho de cometer el reo otra infracción que merezca igual o mayor pena, antes de vencerse el tiempo para la prescripción”. 5.- Revisión del plazo para declarar la prescripción Partiendo de las premisas que: el proceso tiene como fecha de inicio el 7 de marzo del año 1997; que el artículo 101 del Código Penal vigente a 1997 y aplicable al caso-, determina que el tiempo de prescripción del proceso, cuando tiene penas de reclusión, es de 10 años; que el artículo 257, inciso cuarto, ejusdem, señala que el delito de peculado, prescribe en el doble de lo señalado en el artículo 101, es decir, en 20 años; que, la Constitución Política de la República vigente entre 1978-1998, no establecía la imprescriptibilidad del delito de peculado, así como tampoco que el juicio podía continuarse en ausencia; y, que desde el 25 de junio de 2001 fecha en la cual se ratifica el auto de apertura de la etapa del plenario y “suspensión” de la misma, dictado el 28 de junio de 1998; se tiene que: En el presente caso, la prescripción, contada desde la fecha de inicio del proceso, esto es 7 de marzo de 1997, luego de haber transcurrido 20 años, en los términos de los artículos 101 y 257 del Código Penal, se produce al 7 de marzo de 2017, siendo tal la fecha señalada como límite de sustanciación, y aquella en la que se cumplió el doble de los diez años previstos en el artículo 101 del Código Penal. En definitiva, y por encontrarnos en una fecha posterior al 7 de marzo de 2017, este Jueza Nacional, puede concluir que, a menos de que se hubiese presentado el supuesto de interrupción previsto en el artículo 108 del Código Penal, este proceso se hallaría prescrito. 6.- Constatación de la inexistencia de interrupción de la prescripción En el presenta caso, toda vez que son dos los sindicados que han solicitado la prescripción de la acción, por un lado el abogado Oscar Orlando Celleri Cedeño, y por otro, el abogado Abdala Bucaram Ortíz; es pertinente, individualizar respecto de cada uno de ellos, el cumplimiento o no de este requisito para que opere la prescripción; así tenemos que: 6.1.- En el caso del abogado Abdalá Bucaram Ortíz; éste, mediante documentos adjuntos a su escrito de 28 de marzo de 2017, (fs. 8076-8082; cuerpo 71), presenta: i) Certificación de documentos materializados de la página web y/o soporte electrónico,HTTP://CONSULTAS.FUNCIONJUDICIAL.GOB.EC/INFORMACIONJUDICIALINDIVIDUAL del día 28 de marzo de 2017, a las 9h52; en donde consta dentro de una impresión en papel membretado “CONSEJO DE LA JUDICATURA”-, el siguiente texto: Revisadas las bases de datos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, a cargo del Consejo de la Judicatura, se informa que: Sobre resoluciones en materia penal, no se encontraron coincidencias con el nombre: ABDALA JAIME BUCARAM ORTIZ. ii) Certificación de documentos materializados de la página web, HTTP://WWW.MINISTERIOINTERIOR.GOB.EC/CERTIFICADO-DE-ANTECEDENTES-PENALES del día 28 de marzo de 2017, a las 9h50, en donde consta: por un lado, dentro de una impresión en papel membretado “POLICIA NACIONAL REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR”, el siguiente texto: Fecha de Emisión: 28 de MARZO del 2017 Número de Certificado: 201703486726 Tipo de Documento: CEDULA DE IDENTIDAD Número de Identificación: 0901096107 Apellidos y Nombres: BUCARAM ORTIZ ABDALA Registra Antecedentes: NO Y, por otro, tres hojas en papel membretado “REPUBLICA DEL ECUADOR SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO”; con relación a los procesos Nos. 17721-2015-1434; 17721-2009-1312B; y, 17721-2010-0059A; por el delito de peculado, en contra de varias personas, entre ellos el abogado Abdalá Bucaram Ortíz, con fechas de ingreso: 15/10/2015; 27/02/2015; y, 11/02/2015, respectivamente. 6.2.- En el caso del abogado Oscar Orlando Celleri Cedeño, este órgano jurisdiccional, a través de providencia que 3 de abril de 2017, las 17h24 (fs. 8086, cuerpo 71), señaló: (…) 2.2.- Previo a resolver la petición efectuada, Secretaría de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, de oficio, certifique lo siguiente: Si revisado el SATJE (sistema automático de trámite judicial ecuatoriano), existe o no proceso penal iniciado contra Oscar Orlando Celleri Cedeño, con posterioridad a las fechas de: auto cabeza de proceso (7 de marzo de 1997), al 7 de marzo de 2017. En caso de ser afirmativa la respuesta al anterior tópico, se certifique el estado del proceso penal iniciado, y si existe o no sentencia de condena. La información deberá referirse tanto al SATJE a nivel nacional; como de la Corte Nacional de Justicia, por el tema de fuero. La Secretaría de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia; dando cumplimiento a lo dispuesto por esta autoridad, mediante razón que obra a fs. 8093, suscrita por la doctora Ximena Quijano, Secretaria Relatora, se señala: CAUSA Nº 17721-2009-1312B Razón: De conformidad con el artículo 108 del Código Penal, que dispone que: “Tanto la prescripción de la acción como la de la pena se interrumpen por el hecho de cometer el reo otra infracción que merezca igual o mayor pena, antes de vencerse el tiempo para la prescripción”; y, dando cumplimiento a la Resolución  Nro. 318-2015, emitida por El Pleno del Consejo de la Judicatura; siento por tal, que hoy 7 de abril del 2017, a las 15h00, revisado el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuador (SATJE) a nivel nacional, se ha constatado que el ciudadano OSCAR ORLANDO CELLERI CEDEÑO, antes del 07 de marzo de 2017, no tiene otro proceso penal iniciado en su contra, ni consta que haya recibido sentencia condenatoria alguna.- Lo certifico.-  Dra. Ximena Quijano Salazar SECRETARIA RELATORA 6.3.- Expuesto lo anterior, resulta claro que si no existe sentencia condenatoria alguna en contra de los sindicados Oscar Orlando Cellero Cedeño, y Abdala Bucaram Ortiz; ni proceso, aparte del actual, peor aún se puede afirmar, como lo exige el artículo 108 del Código Penal, que tales sindicados hayan cometido otra infracción que merezca igual o mayor pena, antes de vencerse el tiempo para la prescripción; lo que a su vez, permite a esta Jueza Nacional concluir que no se ha presentado la figura de la interrupción. 7. Decisión La suscrita, Jueza Nacional, de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, luego de que ha fenecido el plazo para poder tramitar este proceso judicial -más de 20 años-, según lo previsto en el artículo 101 del Código Penal, con relación al artículo 257 ejusdem (Código Penal vigente al momento de la infracción, R.O. No. 764, de 22 de agosto de 1995), y al no presentarse el supuesto fáctico para la aplicación del artículo 108 ejusdem; en respeto estricto al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, previsto en los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, declara: la prescripción de la acción penal que ahora se tramita en contra de Abdalá Bucaram Ortiz, Oscar Orlando Celleri Cedeño, que se produce por suspensión de la etapa del plenario, ya que los sindicados se encuentran prófugos de la justicia, desde el inicio del proceso (7 de marzo de 1997), hasta la presente fecha (10 de abril de 2017); y dispone el levantamiento de las medidas cautelares y/o personales dispuestas en contra de estos sindicados. Notifíquese y cúmplase.

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