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Edición #4501 |  Ecuador, domingo, 23 de julio de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
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Defensor del Pueblo cree que ciertos estados cometieron excesos al recomendar a Ecuador derogar sus leyes y reglamentos (AUDIO)

2017-05-09 07:40:00
Entrevistas
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Mayo 08 - Ramiro Rivadeneira

70% de estados felicitó a país y le recomendó seguir con sus políticas de desarrollo

Ramiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo, conversó sobre la presentación del tercer examen concurrente del Ecuador ante las Naciones Unidas, para revisar el estado y la situación de los derechos humanos. Rivadeneira coincidió en decir que algunos países cometieron estos excesos al recomendar a Ecuador derogar leyes.

Las organizaciones sociales sostienen que se vive un estado de “dictadura” en nuestro país. El defensor del pueblo empezó contextualizando sobre lo que es el examen periódico universal, afirmó que “es un espacio de evaluación de la situación de derechos humanos que se da en Naciones Unidas, aprobado por el Consejo De Derechos Humanos”.

Recalcó también dos puntos: el primero que “los estados que se evalúan entre sí, se inscriben quién quiere hacer una evaluación” y segundo “no todas las recomendaciones que realizan los estados son vinculantes”.

En este caso, el Estado ecuatoriano realiza una evaluación de las recomendaciones de otros estados y posteriormente “acepta unas, analiza otras y rechaza las que crea conveniente”.

En relación a que Ecuador no conoce con precisión el informe al que hace mención Rivadeneira, el funcionario público al respecto dijo “ha sido para mí un ejercicio vital el fortalecimiento de mis convicciones con respecto a dónde debemos ir con los derechos humanos”, esto lo afirmó al manifestar que estuvo en la presentación de mencionado informe, en Suiza.

También anunció que todos los informes han sido públicos. Sostuvo además que “el informe final donde el Ecuador acepta las recomendaciones también es público (...) La gran fuerza que pone el Estado ecuatoriano, en el informe, es como se ha desarrollado en educación, salud, trabajo, y cómo ha sido inclusivo con el pueblo afro ecuatoriano, montubio o indígena”. Pero reconoció que se le cuestiona al país en “derechos civiles y políticos”.

En cuanto a la falta de precisión en la presentación de los informes al país, el Defensor del Pueblo aseveró “el punto de debate de nosotros, como Defensoría del Pueblo, que hemos de instalar, es precisamente lo que el Estado ha aceptado como recomendaciones. El 70% de los países felicitó al Ecuador y le recomendó seguir con sus políticas de desarrollo a los derechos”. Además anunció que solo un 15% hizo un llamado a analizar temas coyunturales como la libertad de expresión o consulta previa.

La mayoría de países recomendaron “seguir con el plan del buen vivir” o la herramienta del “si derechos”, que permite tener el seguimiento de las obligaciones del estado ecuatoriano a futuro, dijo.

Al hacer la reflexión sobre poner en el tema central la Ley de Comunicación, dejando de lado otros temas importantes, Rivadeneira precisó “hubo contados países que cuestionaron la Ley de Comunicación, algunos hicieron recomendaciones sobre la libertad de expresión”.

Y en cuanto a países que recomendaron anular leyes, afirmó: “El Ecuador ha rechazado derogar leyes o reglamentos”. Coincidió en decir que algunos países cometieron estos excesos.

En cuanto a lo manifestado por las organizaciones sociales, en torno al desacuerdo de un adecuado manejo del estado en materia de derechos humanos, el funcionario invitó a “ser sinceros en el diálogo”, y a trazar un “plan nacional de derechos humanos” para permitir llevar adelante los compromisos internacionales del estado ecuatoriano, recalcando que este es un excelente momento para que el Presidente electo, Lenin Moreno, junte a otros actores dentro de este mencionado plan.

Lamentó, además que se ha caído en un tema de politización de los derechos humanos, mencionó al respecto “los derechos humanos no tienen que politizarse”. Hay temas que caen en la “individualización, en la óptica liberal cuyo libertinaje yo suelo rechazar”. Continuó diciendo que “hubo voces que dicen que el decreto 16 atienta contra la libertad de asociación, es preciso contar con una normativa que de seguridad jurídica a las relaciones de las organizaciones de la sociedad civil con el estado ecuatoriano”. (RE)

 

 

 

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