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Edición #4501 |  Ecuador, miércoles, 26 de julio de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
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Luis Fernando Torres: Pruebas para juicio político contra vicepresidente Glas están completas; Soledad Buendía: Si no se cumplen requisitos pedido podría archivarse (AUDIO)

2017-07-12 07:46:00
Entrevistas
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Julio 11 - Soledad Buendia
Julio 11 - Luis Fernando Torres

Esto en caso de no completar los requisitos dentro de tres días

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) dio tres días a CREO para que complete los fundamentos para el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glas. El asambleísta socialcristiano, Luis Fernando Torres, insistió en que lo presentado estuvo completo. Sin embargo, la parlamentaria oficialista, Soledad Buendía, advirtió que de no completar los requisitos dentro de tres días, la solicitud puede ser archivada.

“Lo que presentó el asambleísta Gómez, desde la perspectiva del legislador Patricio Donoso y quien le habla, al interior del CAL está completo y no había razón para que se le pida que enviara nueva información o ampliara la fundamentación”, reiteró.

El asambleísta Torres explicó que CREO presentó el escrito para que se inicie el juicio político indicando que el Segundo Mandatario es responsable político de lo que habían hecho funcionarios que son investigados y tienen sentencias por casos de corrupción como Carlos Pareja Yannuzzelli (CAPAYA), Alex Bravo, entre otros.

Además, se adjuntó recortes de prensa en donde consta dicha información y asimismo, pidió que se practique como prueba la reproducción de lo que se resolvió dentro de los juicios penales correspondientes en los que ya existe sentencia. “Lo que reposa en un juicio es una prueba, lo que dice una nota informativa para efectos de un juicio político también constituye una prueba”.

“El juicio político es distinto a un juicio penal. Lo que se lleva a un juicio político no son pruebas de un juicio penal. Lo que aparece en un recorte puede servir como un indicio que se consideraría como una prueba para efectos exclusivamente del juicio político”, dijo.

Hasta el viernes el asambleísta proponente, Roberto Gómez, podrá completar las pruebas y con ellas, el CAL resolverá el día lunes. Sin embargo, para Torres la discusión no está en el tema de evidencias, indicios y pruebas, sino en la argumentación.

“La defensa del Vicepresidente indicó que él solo puede responder por actos propios y como no hay indicio o evidencia en virtud de la cual se la pueda imputar a él lo que hizo el señor Bravo, CAPAYA o demás, en Petroecuador, no es responsable”, manifestó.

Al tiempo de remarcar que lo que argumenta Gómez es que sí hay un nexo porque el Segundo Mandatario tenía el encargo del expresidente Correa de vigilar y controlar los sectores estratégicos en donde las personas antes mencionadas, actuaban. “Su responsabilidad es política, sí respondería políticamente en la Asamblea. Podría resultar que el Vicepresidente sea censurado en la Asamblea, pero que no se inicie ningún proceso”.

Torres sostuvo que la norma Constitucional dice que no se necesita que haya un proceso penal en marcha, enjuiciamiento o sentencia para poder enjuiciar políticamente al Presidente o al Vicepresidente, lo que significa que se podría iniciar un juicio político por enriquecimiento ilícito, concusión o cohecho, sin que se haya ventilado el proceso a nivel judicial.

“Lo que tiene que demostrar la oposición es el vínculo o el nexo entre los deberes que él tenía frente a lo que hicieron los que ya están sentenciados por esos delitos. Aquí hay una discusión teórica, se trata de la famosa autoría funcional. Mientras que, la defensa del Vicepresidente sostiene que esto no existe”, señaló.

Agregando que en la doctrina, en el debate esto sí existe y será lo que deba discutir en el Pleno si es que el juicio avanza porque, hasta ahora, no ha pasado aún el filtro del CAL. Si pasara el día lunes, la Corte Constitucional (CC) tendría que hacer lo que le corresponde.

Para el legislador, el tema es difícil y no se limita a un simple control de gestión. Sin embargo, fueron 59 asambleístas los que han firmado y el Segundo Mandatario será quien tenga la oportunidad, dentro del Pleno y de un proceso oficial, de explicar lo que ha sucedió. “La discusión más allá de las pruebas está en este nexo. ¿Responde políticamente el Vicepresidente por lo que ya dijo la justicia respecto del señor Bravo o CAPAYA? El Vicepresidente dice no porque no ha sido sentenciado y no hay ningún vínculo”.

“Lo que decimos en la oposición es que sí existe un vínculo político y que si lo juzga la Asamblea será por responsabilidad política frente a la comisión de esas infracciones que han sido procesadas a nivel de la justicia”, finalizó.

Por su parte, la asambleísta por Alianza PAIS (AP), Soledad Buendía, manifestó que este es un pedido de juicio político, pero que también tiene preceptos jurídicos que se tienen que seguir. “La Constitución es clara de cuáles son las posibilidades de delitos para enjuiciar a un Vicepresidente de la República”.

“El artículo 129 de nuestra Constitución establece que la Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político por tres causales: Delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y delitos de genocidio, tortura o desaparición forzada”, indicó.

Mientras que, el artículo 87 prevé cuáles son los requisitos para la presentación de la solicitud, entre ellos, que contenga antecedentes y fundamentos, que se establezcan los cargos contra el imputado, que tiene que anunciar la totalidad de la prueba que se presentará y que debe estar acompañada de la evidencia documental.

“El CAL debatió ayer un informe de la Unidad Técnica Jurídica Legislativa en la cual se establece que no completa los requisitos formulados en la norma y por ello se dispone a los solicitantes que completen dentro del plazo de tres días, según el artículo 88”, dijo.

Esta resolución se da porque no se cumplen los requisitos. “No acompañan los documentos a la prueba documental porque no anuncian la totalidad de la prueba y porque no se establecen los cargos correspondientes contra el Vicepresidente de la República”.

“Nosotros no estamos valorando el fundamento de las pruebas, no estamos valorando las pruebas en sí. Estamos revisando los requisitos que establece la ley. La revisión de las pruebas no la puede hacer el CAL. Ese es uno de los roles que cumpliría la Corte Constitucional que debe revisar si la solicitud ha sido presentada conforme la Constitución, se singulariza la infracción que se le imputa y si la tipificación jurídica que se hace de la solicitud coincide”, aclaró.

Con ese dictamen de la CC, la Asamblea Nacional podría iniciar un procedimiento de enjuiciamiento político. “La ley y la Constitución establecen con claridad cuáles son los requisitos. En el caso del Vicepresidente de la República no consta el incumplimiento de funciones, como sí consta para otros funcionarios”.

Si no se cumplen los requisitos, dijo, la causa podría ser archivada. “El artículo 88 dice que si la solicitud no completa los requisitos se dispondrá al solicitante que los complete en el plazo de tres días. De no completarse dentro del mencionado plazo se ordenará el archivo inmediato”. (JPM)

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