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Edición #4501 |  Ecuador, miércoles, 26 de julio de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
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Miles de terrenos han sido cambiados en su uso de suelo sin aprobación de Concejo Metropolitano de Quito desde julio de 2016, alerta edil Carlos Páez (AUDIO)

2017-07-13 07:47:00
Entrevistas
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Audio

Julio 12 - Carlos Páez

Bloque de concejales de PAIS denunció hoy un posible delito de falsificación de documento público sobre regulación de uso de suelo por Secretaría de Territorio, de Municipio de Quito

Los Concejales de Quito de Alianza PAIS (AP) denunciaron un posible delito de falsificación de documento público sobre la regulación de uso del suelo por la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Municipio capitalino. El edil Carlos Páez alertó que, luego de un informe de la misma entidad municipal, son más de 240 los polígonos que han sido modificados sin aprobación del Concejo.

“Existe un instrumento básico de la planificación del territorio que tienen los municipios que es el Plan de Uso y Ocupación del Suelo que es mediante el cual se establece la zonificación del territorio que conforma el distrito. Es decir, se establece que hay zonas residenciales, de equipamiento, industriales, de reserva natural, etc.”, explicó.

Además, se establecen las condiciones del uso del suelo que, comúnmente, se llamaba la línea de fábrica. En términos técnicos se llama el informe de regulación municipal y que establece el Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS). Esto se sistematiza, dijo, en el Plan de Uso y Ocupación del Suelo que, por ley, tiene que ser aprobado cada cinco años por el Concejo Metropolitano de Quito.

“El que estaba vigente en la administración Barrera se aprobó en el 2011 y, en julio del 2016 se lo hizo en la administración Rodas. Lo que ocurre es que, por denuncia de un ciudadano, la concejala Susana Castañeda investigó un caso en el que se entrega un informe de regulación municipal que tiene una zonificación distinta a la que fue aprobada por el Concejo”, relató.

Al tiempo de manifestar que luego de las indagaciones se llegó a determinar de que esa zonificación no corresponde a lo autorizado por el Concejo. Tras esto, se pide un informe a la Secretaría de Territorio –que es la custodia de esta información- en donde se dice que han encontrado, en primera instancia, más de 70 polígonos (área irregular que sirve como unidad de planificación urbana) en donde han existido cambios de planificación que no han sido tratados ni aprobados por el Concejo.

Un último informe, mencionó, se detecta que hay más de 240 polígonos con las mismas irregularidades, lo que significan miles de lotes en los que, por arbitrio de alguien no autorizado, se han cambiado desde julio del 2016 hasta la fecha. “Esto está tipificado como falsificación de documento público y arrogación de funciones en el COIP, es un delito. No es una infracción administrativa cualquiera. Esto atenta contra los derechos de los ciudadanos, pero también contra la institucionalidad municipal”.

“Frente a ello, los concejales de PAIS, después de haber hecho las averiguaciones necesarias y después de haber pedido al alcalde de la capital, Mauricio Rodas, públicamente en una sesión de Concejo desde hace un mes que lo ponga en el orden del día y se ha negado a hacerlo; no tenemos más remedio que acudir a la Fiscalía para que investigue a los autores, cómplices y encubridores de este delito que, luego del debido proceso, debe ser sancionado con prisión”, mencionó.

Páez remarcó que la zonificación la aprueba el pleno mediante ordenanza y que lo que se evidencia es que hay cambios en lo que aprobó el Concejo en la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda que tienen que ser investigados. “En la Secretaría está el presunto responsable. Habrá que investigar y dejar que la justicia actúe para determinar quién es y motivado por qué”.

“Uno podría aceptar un error de buena fe, dos, tres errores de buena fe, pero cuando ya hay, declarados por la propia Secretaría más de 240 polígonos, que significan miles de predios en donde se ha cambiado esta posibilidad, creo que es una situación alarmante sobre la cual hemos demandado respuestas de la Alcaldía y, en vista de que no ha habido –al menos en términos en los que hemos solicitado- recurrimos para que la Fiscalía investigue”, comentó.

Según el edil, esta situación causa mucha preocupación y es su deber como concejales el no permitir que existan estos “errores crasos” si es que así lo son, que atentan contra el bienestar ciudadano y la institucionalidad de la ciudad. “Si esos errores, si no han sido tales, sino actuaciones motivadas por situaciones de corrupción creo que es justo que pongamos los puntos sobres las i y que la justicia actúe para dejar en claro este tema”.

“Cuando hay una cosa sistemática, creo que hay personas que están involucradas, cuya tarea fue hacer estos cambios ilegales que tienen que ser investigados por la justicia para investigar a los responsables. No es mi estilo ni lo hago nunca, tirar lodo sobre un particular, pero sí dejar en claro que son delitos que tienen que ser investigados y sancionados por la justicia”, refirió.

Aclaró que no tienen más información sobre la anterior administración ya que este caso lo conocieron a partir de una denuncia ciudadana. “Lo que encontramos en este caso es que en noviembre, luego de que en julio del 2016 se aprobó el plan, se descubre este tema, se informa al Alcalde y no hay respuestas”.

“Al ciudadano le perjudicaba porque, en su caso, le reducían el espacio para construir. Hay argumentos, que pueden ser válidos, pero el caso es que todo cambio debe ser procesado por el Concejo justamente para evitar que un funcionario, de buena o mala fe, actúe en su libre arbitrio. Además, se da para pensar que existen cosas no muy santas, por eso la ley establece con absoluta claridad que el Plan de Uso y Ocupación del Suelo se aprueba mediante Ordenanza”, remarcó.

El edil cuestionó que el burgomaestre capitalino no dé respuestas ante estos pedidos, sin embargo, espera que lo haga. “Cuando son problemas de carácter administrativo, de fiscalización, acudimos al Concejo e insistimos, pero cuando fruto de esa investigación se descubren delitos, el Concejo no tiene competencia para juzgar, se acude a la justicia”.

“Después de las investigaciones, nosotros hemos determinado que no son fallas administrativas, sino una violación de una norma de carácter legal tipificada como falsificación de documento público susceptible de ser perseguida conforme la ley lo establece, en los Tribunales de Justicia”, precisó. (JPM)

Además, en la pestaña de AUDIO, puede escuchar los siguientes temas:

  • Tarifa de pasajes de transporte urbano
  • Regularización de taxis

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