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Edición #4501 |  Ecuador, martes, 26 de septiembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
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Disminución en recaudación del IVA e Impuesto a la Renta provoca reducción en unos USD$70 millones del presupuesto a universidades al 2017, explica Augusto Barrera (AUDIO)

2017-09-07 07:37:00
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Audio

Septiembre 06 - Augusto Barrera I

Aclaró que recorte se aplicará solo en lo que resta del año. De 2018 en adelante, Gobierno incrementará recursos

Augusto Barrera, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), aclaró que el financiamiento de las universidades está definido por ley, pues provienen de un porcentaje de las recaudaciones en el Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a la Renta. La reducción del presupuesto para centros de estudios, que disminuiría en unos USD$70 millones aproximadamente para los meses que quedan del año, surge porque en los años 2016 y 2017, hubo un descenso en montos de recaudación, explicó el Secretario. Informó que la SENESCYT dialogará con universidades y el Ministerio de Finanzas para tomar medidas con la finalidad de que las universidades no se vean afectadas. Anunció, asimismo, que suscribirá un convenio con el Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BDE) para una línea específica de financiamiento para infraestructura de los establecimientos.

Barrera señaló que a diferencia del resto de sectores, como obras públicas, educación inicial o salud, el financiamiento de las universidades está definido por ley.

“El Fondo Permanente de Desarrollo de Universidades y Escuelas Politécnica es un por porcentaje de las recaudaciones que el Estado tenga en el Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a la Renta, no es que al Presidente o a alguien se le ocurre un valor, para evitar esa discrecionalidad y ese manejo politiquero, desde hace muchos años se estableció una ley que dice que el 11 por ciento del Impuesto a la Renta y el 10 por ciento del IVA y otro tipo de recursos más pequeños alimentan el FOPEDEUPO”, explicó.

En cuanto a la reducción del presupuesto para educación superior, el Secretario Barrera señaló que se ha registrado en los años 2016 y 2017 una disminución en los montos de recaudación.

“De ninguna manera, esta es la proyección del 2018, peor todavía a futuro, todo lo contrario, el Gobierno lo que va a hacer es incrementar los recursos, estamos hablando básicamente del presupuesto prorrogado del 2017”, aclaró.

Según dijo, la reducción alcanzaría unos USD$70 millones; admitió que podría afectar a ciertas universidades, pero garantizó que habrá diálogo.

“El día de mañana (jueves) vamos a tener un taller, que hemos venido trabajando las últimas semanas, una vez aprobado el presupuesto, con el Ministerio de Finanzas y con cada una de las universidades para mirar alternativas para que no exista ningún tipo de afectaciones”, manifestó.

En relación con las alternativas que presentará la SENESCYT para aliviar esta reducción está la reliquidación de IVA e Impuesto a la Renta de años anteriores.

“Eso podemos hacer perfectamente, eso seguramente vas a actualizar y mejorar los rubros”, comentó.

Por razones obvias, las universidades han crecido en número de docentes, que se ubica en el componente del gasto corriente, a veces hay recursos de inversión no ejecutados, pero que, según Barrera, les falta gasto corriente.

“Hay un problema de compatibilidad de partidas en las universidades, o sea, tienes plata, pero no tienes para pagar, a veces, suficiente cantidad de docentes, eso hay que trabajar”, comentó.

Se analizarán las compensaciones para recursos que no han sido gastados en años anteriores.

“Vamos a suscribir con Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BDE) una línea específica de financiamiento para infraestructura de universidades. La verdad es que durante estos años se ha hecho poco en términos de las universidades públicas en el desarrollo de sus edificios, equipamientos, laboratorios, mañana (jueves), en el marco del taller, vamos a incorporar esta línea”, sostuvo.

Cambio en sistema de clasificación de las universidades

Augusto Barrera manifestó que los criterios sobre los cuales se hace la categorización no dependen de alguien, sino que están incorporados en leyes y reglamentos.

“Sí hay todo un debate muy interesante sobre con qué criterios se evalúa para esa categorización”, admitió.

A criterio de Barrera, es totalmente adecuado que criterios sobre calidad, número de profesores con PhD y maestría, calidad de laboratorios son temas vitales, pero muchas universidades han planteado incorporar otros factores.

“Por ejemplo, la vinculación de comunidad, el rol que tiene la Universidad de Chimborazo está muy ligada a la formación de docentes y al desarrollo pedagógico en la zona indígena, ese es un elemento valioso e importante, tal vez no tiene el número de PhD que la ESPOL o la San Francisco, cada una tiene particularidades”, explicó.

Los criterios deben contemplar la especificidad, recalcó Barrera, al tiempo de manifestar que estos eventuales cambios no tienen relación con eliminar los criterios de excelencia o volver al pasado.

“El mejoramiento de la calidad es un tema vital, es una obligación de todo el sistema educativo velar por eso, si tenemos que mejorar los criterios de evaluación, tenemos que mejorar, deben ser más inclusivos, hay que hacerlo”, puntualizó.

Confirmó, asimismo, que desde el 2018 se iniciará una nueva fase de acreditación de todas las universidades.

“En este año se están analizando las metodologías y criterios con los cuales, desde el 2018, se hace la evaluación”, sostuvo.

Acerca de las universidades autofinanciadas plantean que se analice cómo se ha manejado sus recursos propios, Barrera dijo que esos dineros deben estar orientados por los sistemas de control.

“En este país la educación y, particularmente, superior, no puede tener fines de lucro, no es una mercancía, un negocio, si alguien quiere hacer plata ponga un restaurante, dedíquese a importar o exportar, pero no pueden negociar con la educación porque es un bien público”, dijo.

En ese sentido, agregó el Secretario de Educación Superior, algunas de las universidades presentaron su preocupación de dos asuntos: cómo están siendo tratas como universidades o corporación y problemas concretos con SRI.

“No estoy de acuerdo que se establezca una generalización, no creo que haya habido una política ni de persecución, creo que hay que analizar caso por caso y hay que hacer respetar la ley”, enfatizó.

Barrera, desde la SENESCYT, está canalizando los conflictos, haciendo que se respete el principio de la educación como un bien público y no como una mercancía y establecer un análisis caso por caso.

“Hay un Gobierno que está dispuesto a dialogar, no se discute la ley, la ley se cumple, no es negociable, no es un elemento que hace parte de los diálogos, hay diálogos para analizar con absoluta objetivad y predisposición los temas, pero las leyes no soy sujetas de discusión ni negociación”, aclaró.

Además, escuche en la pestaña de AUDIO:

 

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