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Edición #4501 |  Ecuador, miércoles, 22 de noviembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores

EXPRESO (Guayaquil) Los motines que no sorprenden

2017-09-12 07:19:00
Sociedad
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Alvarado espera que se registren más incidentes en los centros carcelarios. Cien mil dólares diarios se destina para la comida de unos 26.000 reclusos

Los motines registrados el fin de semana en los centros penitenciarios de Esmeraldas y Jipijapa (Manabí), que dejaron 16 heridos, no le sorprenden a Rosana Alvarado. La ministra de Justicia, quien estuvo ayer en el Centro de Rehabilitación Centro Sur en Turi (Cuenca), cree que las protestas de las personas privadas de libertad (PPL) no debería llamar la atención y es más, cree que es posible que más situaciones similares ocurran en los próximos días.

Prevé los amotinamientos para cuando la alimentación de los reclusos de la empresa que hoy la provee sea traspasada a una Unidad Nacional de Almacenamiento. “No va a ser novedad para nosotros. Los amotinamientos se dan en las cárceles y en las cárceles de Ecuador y en las cárceles de todo el mundo”, dijo Alvarado en Cuenca, durante un conversatorio con los medios.

La ministra asegura que se destinan tres millones de dólares mensuales -unos 36 millones al año- para la alimentación de los privados de libertad. Pero lo que ella y ningún funcionario de Justicia revela es que más de un 50 % de la población carcelaria nacional está en los tres megacentros regionales de rehabilitación social construidos en Guayaquil, Latacunga y en la parroquia Turi (Cuenca), cuya coste superó los 300 millones de dólares.

El defensor de los derechos humanos, Billy Navarrete, cree que el hecho de que no se informe de la población carcelaria es porque, por un lado, pondría en evidencia la política pública en la acción penal y, por otro, mostraría el repunte del número de PPL que ha habido en los últimos años.

En 2007, durante el inicio de los 10 años del Gobierno correísta, en los 33 centros de rehabilitación social del país, con graves problemas de hacinamiento, había 18.675 detenidos. La cifra disminuyó a unos 11.279 en el 2009 por la liberación de los presos sin sentencia, pero comenzó a aumentar en los siguientes años, aunque no se han hecho públicas las cifras oficiales.

El Gobierno también aumentó en 17.100 el número de plazas en las cárceles con la construcción de los nuevos centros de rehabilitación y la ampliación de otros.

Según el Comité Permanente de Derechos Humanos, hasta el año 2016 se estimaba que había unos 26.821 privados de libertad en los centros de rehabilitación a los que ahora están prohibidas hasta las visitas, como una forma de castigo a quienes se portan mal.

Billy Navarrete insiste en que la aspiración gubernamental de “humanizar y dignificar la vida de la población carcelaria” no se ha cumplido y, en cambio, se ha dado paso a graves problemas de aislamiento, pues los presos han perdido el contacto con sus familiares por el régimen de visitas.

Por los motines del sábado y domingo, el Ministerio de Justicia dispuso temporalmente que se suspendan las visitas a los centros de Jipijapa y Esmeraldas. Además, se dispuso el inicio de investigaciones que determinen los motivos de las protestas. “Primero presentaremos la denuncia e investigaremos”, dijo.

Las protestas

El caso Turi

Múltiples incidentes se han registrado en el Centro de Rehabilitación de Turi (Cuenca) desde que fue inaugurado en 2014. Una registrada en 2015, terminó en sanción para los 15 PPL que causaron daños en puertas, paredes, sillas y mesas. En enero pasado, unos 46 policías fueron procesados por supuesta agresión a los reclusos. El caso pasó a la justicia.

Otros centros

En mayo de 2015, pese a las medidas de seguridad, un grupo de reclusos quemó colchones en el Centro de Rehabilitación Social Regional Guayas. Cuatro meses después (septiembre) se registraron protestas en el centro regional de Latacunga. La razón; se tardó tres horas en evacuar a un recluso que cayó de un segundo piso.

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