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Edición #4501 |  Ecuador, domingo, 17 de diciembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
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ODEBRECHT estableció esquema para corromper a Estado ecuatoriano: Procuraduría advierte que cifra de reparación por US$40 millones podría ascender (AUDIO)

2017-10-11 07:47:00
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Octubre 10 - Diego García I

Procurador Diego García asegura que en toda la información que fue entregada a Fiscalía de Ecuador se reveló varias aproximaciones para cometer asociación ilícita

El procurador general del Estado, Diego García, explicó cuál fue el procedimiento que siguió para realizar una acusación particular contra los 18 procesados por el presunto delito de asociación ilícita en el caso ODEBRECHT. En este marco, el funcionario aseguró que la constructora brasileña estableció un esquema de corrupción institucionalizado, el cual fue revelado luego de analizar detalladamente la información de la Fiscalía General del Estado y en cuyos datos se pudo evidenciar que existían varias formas de aproximación para cometer el delito. "Podemos encontrar una especie de manual o protocolo de procedimientos y una estructura generada para seguirlos", acotó.

Precisó que para llegar a presentar una acusación particular se debe tener un análisis suficiente que permita adoptar una decisión que más allá del contexto político, privilegie el tratamiento jurídico.

“Esto solo se lo puede hacer cuando se funciona con una institucionalidad. Es decir, con una institución que, independientemente de que esté dirigida por una persona y de sus afectos o desafectos o consideraciones personales, tiene una posición que resulta de la revisión diaria del proceso”, comentó, alegando que éste no empezó en las últimas semanas, cuando se presenta la acusación particular, sino desde diciembre del año anterior.

“Tuvo una participación de la PGE desde el inicio de la indagación. Cuando en diciembre del año pasado el fiscal anterior (Galo Chiriboga) toma la decisión de empezar el proceso frente a la información que venía de Estados Unidos (EE.UU.) del Departamento de Justicia que saca esta información pública luego de llegar a un acuerdo con ODEBRECHT respecto de la existencia del esquema de corrupción a nivel regional, especialmente, entonces se inicia la investigación y la Procuraduría empieza a participar en el proceso”, dijo.

Explicando que, inicialmente, no lo hizo como acusador particular, pero siempre teniendo en mente que, en su momento, de encontrar razones para perseguir delitos que pudieran tener relación con el interés público, podría ser necesaria su intervención.

En el análisis de la información incorporada a la instrucción fiscal desde la investigación hecha por la Fiscalía, los testimonios aportados dentro del proceso por los involucrados y terceros, los datos que vinieron por la cooperación internacional, las declaraciones de personas cercanas a los involucrados –como el caso de Alfredo Alcívar-, las declaraciones de José Conceição Santos; se encontró

“Reuniendo toda esta información, para nosotros fue claro que existía un esquema de corrupción en el que había una aproximación hacia los contratos del Estado con ODEBRECHT desde varios ángulos. Una de esas era la aproximación hacia algunas personas claves que podrían tener una relación general con todo el proceso de contratación que vinculaba a los proyectos de los sectores estratégicos”, relató.

Además, de una aproximación hacia personas directamente relacionadas con esos contratos en las empresas públicas que contrataban funcionarios de nivel medio que tenían acceso a los documentos de contratación, en los pliegos o en la generación de los procesos de concurso para la contratación pública.

Y, adicionalmente, una aproximación hacia terceros no relacionados con las empresas públicas, pero que, en un momento dado, pudieran intermediar en el manejo del dinero producto de la contratación. Finalmente, una cuarta aproximación que tiene que ver con subcontratistas de ODEBRECHT que también servían para canalizar el dinero dado.

Dejó en claro, durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio, que en un proceso de asociación ilícita –que es un delito medio, es decir, no es el delito fin que se busca descifrar y castigar- es imposible identificar, en una sola persona, la participación. “Hay una participación entre cada una de las personas cumpliendo un rol específico dentro de este esquema que es lo que desarrolló ODEBRECHT”.

García detalló que la acusación particular de la Procuraduría tiene alrededor de 70 páginas. En algunas de ellas se describe cuáles son los contratos que están relacionados con el esquema de corrupción que, hasta el momento, se han detectado. “Están ciertos proyectos plenamente identificados, me parece que son siete relacionados con cinco empresas públicas distintas”.

“Es en la audiencia de juzgamiento donde tendremos que discutir cada uno de estos detalles, pero no hacemos una acusación particular después de un análisis tan preciso para incurrir en generalidades y detalles que nos lleven a un fracaso en la presentación de la acusación”, esclareció el Procurador.

Según aseveró, es claro que los proyectos que están identificados y que tienen relación con este proceso y el presunto delito de asociación ilícita, están plenamente evidenciados. “En la cooperación que hace ODEBRECHT y en la documentación que se entrega a través de varios dispositivos de los cooperadores (pendrive) se revela, no solamente que existía el esquema de corrupción, sino que la empresa brasilera tenía una especie de protocolo o manual de procedimiento”.

Allí, “no solamente se acercaba y generaba un esquema de corrupción frente a personas naturales o servidores públicos, sino que también recopilaba la información y la organizaba de manera que cuando la entrega es casi como seguir un libreto que hubiera empezado con la recolección de los procedimientos precontractuales y luego fuera incorporando la incorporación de las personas con videos, audios, información electrónica que ha sido desmaterializada e incorporada en uno de los informes periciales que se mencionan en la acusación particular”, acotó.

Esta información, mencionó, permite seguir la pista de estas personas, conocer cuál es su grado de participación, algunas de ellas en la generación de los propios pliegos de contratación, otros en el análisis de la posibilidad de favorecer a ODEBRECHT en el proceso de contratación y luego en la forma de canalizar los fondos que eran parte de lo que la constructora brasileña conocía como las “gratificaciones”, que eran parte de este esquema de corrupción que tenían para la contratación.

Es decir, entrega de información privilegiada, aprobación de los contratos y adjudicación, canalización de los fondos a través de contratistas, en algunos casos, o empresas offshore en otros, cuyo proceso va llegado hacia personas que están, finalmente, relacionadas con las decisiones que podían adoptarse en un determinado proyecto.

“El análisis de la participación de la Procuraduría no se hace, exclusivamente, en relación con un caso, el de asociación ilícita –que hoy está llegando a instancias de juicio-. Nuestra participación se hace desde el momento en el que se conoce que existe un esquema de corrupción institucionalizado que ha llegado en un momento en el que genera una apariencia de legalidad –lo que en su momento el Fiscal identificó como un portal de legalidad- que permite contratar, no solamente asegurándose de ser parte del proceso de contratación ser adjudicado, sino inclusive de que el camino hacia el futuro en la ejecución del contrato y su auditoría por parte de Contraloría quede totalmente limpio”, explicó.

Alegando que es por eso que no parte –como normalmente se hace en este tipo de procesos- de informes de la Contraloría General del Estado que establecen un indicio de responsabilidad penal respecto de la existencia de peculado o cualquier otra forma de corrupción, sino que parten de otros elementos ajenos a dichos informes, simplemente porque estos están hechos y limpios.

“Es un esquema mucho más complejo que al Estado, en defensa, no solamente del dinero que podría haberse movido, que podría haber perjudicado a las instituciones del sector público en los contratos específicos, le interesa descubrir y desmontar a efectos de que su sistema de contratación pública no se vea perjudicado por este tipo de tipologías del delito que ya van variando de lo que normalmente ha sucedido en el país para general algo mucho más complejo como lo que sucedió en el caso de ODEBRECHT, mucho más difícil de descubrir si no se encuentra el rastro del dinero”, puntualizó.

Agregando que, normalmente, delitos como estos se descubren a partir de la aparición de ilegalidades en los procesos, mientras que, en este caso es diferente ya que no se habla de haber encontrado ilegalidades en los procesos, sino de haber encontrado el dinero que cubría todas esas ilegalidades con un velo de legalidad.

“Si bien en principio hemos impulsado a las empresas públicas contratantes de ODEBRECHT a participar en el proceso, finalmente creímos que este era un caso en el que más allá pudieran intervenir las víctimas directas, tenía que participar el Estado, representado por el procurador”.

“Estamos hablando de un esquema de corrupción que si bien nace del sector privado, afecta gravemente al esquema de contratación en el país y nos obliga a buscar mecanismos de protección hacia el futuro. Más allá de castigar a quienes han castigado en el delito o recuperar los fondos que se hayan perdido a través de este esquema de corrupción, también hay un interés de generar un precedente y entender el esquema de corrupción completo”, acotó.

Admitió que al principio no sabían este esquema, ya que uno tiene que ver con las personas que contratan, “pero en algunos casos el tema no tenía que ver con un contrato en específico, sino contratación pública en general de la empresa ODEBRECHT. Entonces hay varias formas de aproximarse a la comisión de este delito, de este esquema de corrupción”.

García expuso que “estamos pensando que en el proceso de asociación ilícita es el caso ODEBRECHT y no lo es. El proceso de asociación ilícita es probablemente el inicio y en el proceso de asociación ilícita ni siquiera tenemos que llegar a la demostración de la comisión del delito fin, estamos hablando de un delito medio”.

Por ello, señaló que hay que esperar que se desarrolle todo el caso ODEBRECHT, en varios procesos judiciales “para saber cuál será la cifra final que reclame el Estado. Ha reclamado US$40 millones en este caso porque son los valores que aparecen de las pericias financieras y técnicas que hacen referencia al movimiento de dinero y a los contratos que se han manejado”.

“Pero estamos hablando de las transferencias de dinero. Podría ser que en el momento en el que pasemos a analizar ya delitos como cohecho, concusión, que tengan que ver con contratos específicos, ahí sí, en ese momento, tengamos valores diferentes. Lo que hemos reclamado es lo que podemos probar, pero estamos seguros de que los valores van a ser superiores en la medida en que vayan aumentándose los procesos”, concluyó. (JPM – AEH)

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