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Edición #4501 |  Ecuador, sábado, 21 de octubre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
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SRI ha detectado US$2.100 millones de dólares en facturas falsas entre 2010 y 2016, revela Leonardo Orlando (AUDIO)

2017-10-12 07:39:00
Entrevistas
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Octubre 11 - Leonardo Orlando

Ha recuperado US$360 millones de US$655 millones que sería cifra de perjuicio al Estado sin considerar intereses, multas y recargos de ley hasta cuando se cumplan con obligaciones, explicó

El director nacional del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, reveló que entre 2010 y 2016 se han detectado más de US$2.100 millones de dólares en facturas falsas, con alrededor de 16 mil contribuyentes -cuyos casos fueron revisados para posteriormente realizar depuraciones por materialidad- y 512 empresas fantasmas.

Explicó, durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio, que la primera publicación de estas cifras se hizo en marzo del año anterior y contaban con datos de 144 compañías fantasmas. A partir de allí, mencionó el funcionario, se definió una estrategia en varios frentes para, más allá de que la ley y el reglamento ya establecían las restricciones a cualquier tipo de transacción con empresas fantasmas, éstas tengan el derecho a la defensa.

“Le dimos toda una caracterización y un procedimiento para que estas empresas, a pesar de los altos riesgos que se evidenciaban por su conducta tributaria anómala, tengan el derecho a la defensa. Entonces, se notificó a cada uno de los representantes legales de estas 512 compañías para que comparezcan ante la administración tributaria o presenten cualquier documento que acredite una actividad real, es decir, que no sean empresas de papel”, detalló.

En ese contexto, mencionó, luego de agotar estas vías, la información fue publicada en la página web del SRI. Destacó el hecho de haber puesto a disposición de toda la ciudadanía una sección referente a transparencia de la gestión y en donde se puede evidenciar, en detalle, los datos de las 512 empresas.

Se puede observar en qué parte del país han vendido, a qué actividades económicas se dedican, el tamaño (si son grandes, medianas o pequeñas –estando concentradas en grandes o medianas por montos), e, incluso, el lugar en donde funcionaban. “Con imágenes y gráficas de cada una de ellas de dónde están ubicadas y se puede ver que pretendían aparecer como que tenían un funcionamiento en lugares urbano marginales, inclusive, en terrenos baldíos, etc.”.

“Hemos avanzado de manera muy significativa. Hasta la presente fecha hemos regularizado US$360 millones de dólares de los US$655 millones que sería el perjuicio causado al Estado. A esta cantidad habría que agregarle los intereses, multas y recargos de ley hasta cuando se cumplan con las obligaciones”, precisó.

Detallando además, que 8.643 contribuyentes, de los casi 16 mil antes mencionados, también han regularizado su situación al primer llamado del SRI. “Nos encontramos, hasta finalizar el año, en la etapa de cierre de los procesos y, en este mes de octubre, presentaremos y completaremos alrededor de 200 denuncias penales de los casos más significativos, los que conllevan una trama de mayor monto y complejidad”.

“Hemos tenido importantes resultados como recientes actos urgentes con allanamientos, instrucciones fiscales aperturadas, órdenes de detención, medidas sustitutivas en algunos casos, pero los procesos están en marcha por defraudación tributaria porque hay un tipo específico: la compra de facturas falsas de empresas fantasmas conlleva la pena de prisión de entre tres a 10 años”, sostuvo.

Por lo que llamó a la ciudadanía y a los empresarios a tomar consciencia de estas actividades económicas para que puedan parar. “Al final del día no solo perjudican al Estado, sino a la sociedad en su conjunto y les termina perjudicando a ellos mismos porque la tranquilidad y libertad no tienen precio”.

Leonardo Orlando enfatizó que ya se han presentado las correspondientes denuncias penales y que una vez que ha pasado un tiempo prudente y que se ha dado la oportunidad a los contribuyentes para que regularicen su situación, seguirán actuando con la justicia.

“La existencia de los cerca de 16 mil contribuyentes ha generado una atención prioritaria en los casos con criterio de materialidad. Hemos cogido de mayor a menor por el perjuicio al fisco y vamos cerrando cada una de las brechas. Hay zonas o provincias del país en donde ya se ha cumplido esta tarea. Si bien es cierto la mayoría de empresas corresponden a una provincia, el consumo se ha generalizado a nivel nacional”, expresó.

Agregando que Guayas y Pichincha son las dos que encabezan la lista con estos casos a más de El Oro, Manabí y Azuay. Esto, de acuerdo al tamaño de su economía y su nivel de recaudación. “Hemos ido cerrando en las provincias y direcciones zonales de menor tamaño con resultados muy exitosos estos procesos. Nos quedan los centros de actividad económica más grandes, en las provincias grandes en donde tenemos más casos y la mayor transaccionalidad con este tipo de irregularidades”, acotó.

En ese sentido, anunció, presentarán en las próximas semanas el listado de aquellas empresas que no han regularizado su situación para que la Fiscalía, más allá de que han ido incorporando denuncias, investigue la totalidad de los casos de aquellos contribuyentes que, a pesar de todas las acciones que ha emprendido el SRI, aún pretenden mantenerse en el comportamiento tributario de evasión.

“Vamos a presentar las correspondientes denuncias y nos reservamos el derecho, la norma nos asiste, de publicar los nombres de estas empresas que han consumido estas facturas falsas y que la sociedad ecuatoriana conozca de este tipo de prácticas. Hemos puesto a consideración de la ciudadanía cifras estadísticas de las actividades económicas e, incluso, las fotografías de estos lugares que habrían generado este flagelo a la sociedad en centenares de millones de dólares”, dijo.

Con respecto a los pedidos del sector empresarial para que se eliminen o reduzcan impuestos, Orlando comentó que la situación de compañías fantasmas y facturas falsas fue comentada a los seis representantes dentro del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, siendo el mayor acuerdo al que llegaron, el de la lucha contra la defraudación tributaria.

“Para mí, el principal consenso es el combate a la defraudación tributaria y al contrabando. Ellos han manifestado su apoyo y respaldo. También comprenden que esta es una forma de competencia desleal, que no se debe caer en generalizaciones ni en lo público ni en lo privado, se debe actuar más que hablar y, obviamente, no se puede tener una posición o discurso interesado y selectivo, a veces con bastante hipocresía respecto de lo público y no de la corrupción privada. La evasión tributaria es una forma de corrupción privada”, puntualizó.

El sistema tributario, señaló, se define conforme la Constitución con iniciativas legislativas y cuando alguien plantea reformas, hay todo un proceso democrático y político para llegar, en su momento, al poder y propender a establecer las modificaciones que se crean pertinentes en materia tributaria o económica.

“Pero una vez que los tributos están definidos no hay la posibilidad ni ética ni legal de hacerse justicia por su propia mano. Si a alguien le parece que los impuestos en el Ecuador son excesivos, no le da ningún patrón de corso para que pueda hacerse justicia en su propia mano y rebajarse los impuestos inescrupulosa e ilegalmente”, acotó.

Destacó que la entidad que preside debe defender los principios constitucionales en régimen tributario. Principalmente obedecen a principios de progresividad, equidad, transparencia y justicia. En ese sentido nosotros siempre plantearemos medidas que profundicen la progresividad del sistema tributario”.

Sobre la investigación de los Panamá Papers, dijo que “hemos recuperado USD$83 millones identificando las tramas estructuradas. Nosotros nos pusimos a trabajar desde el primer día. Esperamos recuperar, hasta finalizar el año, alrededor de USD$100 millones”.

Expuso que “cada vez la administración tributaria identifica nuevas formas, nuevos grupos, nuevas transacciones con este riesgo. Nosotros estamos identificando, no solo en los grupos económicos, que son 215, hemos ampliado otros estudios jurídicos, no solo de Panamá, sino de otros países donde es común esta práctica de vender estas empresas offshore de papel”.

Advirtió que “nosotros tenemos identificado todo el flujo de ingresos y de salida de divisas. Tenemos las herramientas necesarias, hemos avanzado mucho en el procesamiento de la información. El país necesita un sistema tributario justo, transparente”.

Orlando explicó que “verificamos que no eran 325 exclusivamente los intermediarios, sino 376. En el caso de los beneficiarios había, en algunas circunstancias, que estaban identificados con algunos países. Hemos identificado 1136 beneficiarios y en el caso de las empresas offshore nosotros identificamos 2113; es decir, de 3105 intermediarios, beneficiarios, empresas offshore, nosotros identificamos 4226”.

Agregó que “le pedimos a la ciudadanía que pueda tener la certeza y tranquilidad que vamos a actuar, pero que esto no va a terminar un día o una semana, esto va a continuar y nosotros hemos expandido el ámbito de acción a otras jurisdicciones”.

Además, insistió en transparentar las empresas y que se erradique la utilización de empresas fantasmas o de papel. “Se van cercando las posibilidades de seguir con este ocultamiento, engaño, ilusión de evasión de impuestos que es totalmente reprochable. Vamos a utilizar todos los instrumentos legales que nos permitan acceder a la información que conlleven a la determinación de los tributos debidamente generados y cumpliendo del debido proceso”.

(JPM -AEH)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio  

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