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Edición #4501 |  Ecuador, domingo, 19 de noviembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
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CORRUPCIÓN ECUADOR: "EL QUE SE JUNTA CON LADRONES TERMINA ROBADO, O TERMINA CULPADO"

2017-10-16 20:00:00
Análisis
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Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz/ Ecuamex - exclusivo para Ecuadorinmediato@2017

Este es un tema muy grave para el Ecuador. Lo que vamos a denunciar es corrupción que lesiona gravemente a su institucionalidad, destruye la confianza pública y, sobre todo, provoca indignación por el hecho de ser doloso, preparado con premeditación, alevosía y ventaja. Es una asociación ilícita que, habiendo sido descubierta por el estado ecuatoriano y que se promueve su sanción, la sociedad nacional solo guarda el silencio de las presuntas voces críticas "anti corruptas" que callan por una conveniencia oprobiosa, sin considerar que "el que se junta con ladrones, o termina robado o termina culpado".

En nuestro tiempo, en este mundo al revés que vivimos de manera cotidiana, cuando se habla de corrupción se lo asocia inmediatamente con el abuso de los fondos públicos, o el accionar de algún o algunos de los funcionarios de estado. Es decir, corrupción para el grueso de la opinión publicada es igual a gobierno, estado o nación. En los últimos meses esa es la tónica que se maneja entre ciudadanos, agrupaciones, medios de prensa y demás, quienes insisten de manera perversa en este tipo de acusación, llegando a la bajeza de la generalización que proclama que “todo está corrupto en Ecuador” con el que asoman a diario con su discurso en canales, radios o periódicos que se prestan para ello.

Por supuesto, el tema tiene su sentido ya que desde los días miserables en los que se quiso imponer el delictivo neo-liberalismo, siempre se buscó  derruir al estado nacional en su conjunto para deteriorar su imagen con el perverso afán de fijar el concepto del que “todo lo estatal es malo”,  para así tomarse por asalto o al empuñe el control de lo básico en lo público y hacerse “suyos” los negocios del agua, carreteras, puertos, aeropuertos, educación, salud, vivienda, electricidad, seguridad, pensiones, telecomunicaciones y un sinfín de obligaciones estatales más. Dañaron hasta el extremo a las prestaciones y servicios de tales instituciones para alcanzar la ansiada meta de la venta a precios rebajados falsamente, para lograr quiebras que los beneficien y luego de privatizarlos, tras lo cual aparecer como salvadores de tales entidades y ser ellos los que nos exploten como negocio.  No permitirles tal asalto del grupo de pillastres privatizadores fue toda una proeza de la sociedad, que llegó a la conclusión que “toda, toda, toda privatización es corrupta”.

Si bien no lograron esos negociados, consiguieron fijar -con escándalos de por medio- que la corrupción está en lo estatal y público de nuestras naciones, cuando la verdad es otra y muy distinta a lo que este tipo de maquinarias ideológicas han montado manipulando a la opinión pública, sinó léanse los informes que emite Transparencia Internacional que mide con ese rasero la corrupción en nuestros países, donde -otra vez- todo lo estatal es malo y lo público es corrupto pero no denuncia con la misma fiereza una verdad a gritos: ¡La Corrupción nace crece y se incona en el sector privado, toda absolutamente toda!

Es evidente que cuando hay la comisión de los delitos que conllevan a la corrupción hay dos partes: “el que promueve y el que delinque”. El que promueve la corrupción siempre es el sector privado, y genera toda una comisión de acciones delictivas como: sobornos, coimas, chantajes, sobreprecios, pagos irregulares, abusos de poder y de recursos. ¿Por qué lo hace?, pues para obtener a su favor los contratos, concesiones, negocios y beneficios de su relación con el estado. De igual forma, con el fin de evadir los controles, impedir el pago de tributos, mal explicar sus ganancias y utilidades, no transparentar sus ingresos por lo que azuza al funcionario público o le permite el incurrir en conductas irregulares, en perjuicio del estado nacional. Y paga, paga lo que le piden y hasta negocia condiciones de ese tipo de pagos, con lo cual aumenta el volumen del delito y su conducta delictuosa, en vez de denunciar el hecho que nos perjudica a todos.

Si algo ratifica este aserto que “Toda la corrupción empieza, sigue y muere en el sector privado” son los graves hechos que vivimos en nuestras naciones con el caso ODEBRECHT, que asumió como “política empresarial” el corromper a nuestros estados para conseguir sus contratos. Esa, que es la más fiel representación de la corrupción, que es proveniente de la empresa privada y sus empresarios que asoman ante los espacios sociales como prósperos y brillantes, contando con la complicidad de los medios de comunicación que promueven sus imágenes personales y de sus empresas, es una relación que debe averiguarse porque es más que seguro que la corrupción de la brasileña roza, topa o compromete a algunos medios y sus periodistas. Y, de lo que yo sé, en algún caso si está siendo investigado por la justicia ecuatoriana.

 

Esto explica entonces porqué en este momento hay silencio cómplice con el mayor caso de corrupción en la nación. Me refiero al inmenso perjuicio que se ha provocado con la FACTURACIÓN FALSA, que ha sido detectada por el SRI desde el año 2010 a la fecha, y que rebasa los US$ 2.100 (Dos mil cien millones de dólares).

Me explico mejor. Con el fin de declarar menos impuestos, y forjar un simulado de menos ganancias y utilidades, un número total de 15.719 contribuyentes presentaron desde sus contabilidades registros de compras a 512 empresas con una serie de facturas fantasmas, de esas falsificadas, con direcciones ficticias en lugares inexistentes o casas arrabaleras, terrenos baldíos y demás, por el monto de los US$ 2.100 millones de dólares. Ese delito le cuesta al estado, o sea nos perjudica a todos, en US$ 655 millones dividiéndose entre evasión al impuesto a la renta por US$ 403 millones y al IVA por US$252 millones.

Este presunto grupo delictivo, que ha logrado con asociación ilícita presentar estas operaciones simuladas” por tan alta cifra, corresponde: 33% al comercio; 17%; a actividades profesionales; 15% a la construcción; 9% a la industria; 6% a la agricultura y 18% a otras actividades empresariales. Es cuestión de ver como la investigación del SRI, que ha logrado recuperar de este perjuicio US$ 360 millones, encuentra a los contribuyentes en su falsedad, y casi como que les “ha cerrado el cajón en la mano” han tenido que reconocer que cometieron el delito o no responden y huyen. Si quieren la lista de esta asociación ilícita de una parte del empresariado ecuatoriano, la encuentran en el sitio web del Servicio de Rentas Internas, que la ha publicado completa, con nombres y apellidos y actualizada a la fecha, es decir a septiembre de 2017, descubriendo una práctica infame y perjudicial para el país registrada tan solo desde el 2010, pero que tiene algún tipo de antigüedad indeterminada. Veo que el argumento se sustenta solo y negar no creo que puedan. 

La cifra de los US$ 2.100 millones es ni más ni menos que una 8°va parte del presupuesto anual del estado ecuatoriano, y el número de 512 empresas y 15.719 contribuyentes es impactante porque significa un grueso de la fuerza económica nacional. Lo que provoca más la indignación es que de acuerdo con los cálculos logrados por el SRI el año que más facturaron falsamente fue el 2014 con un monto de más de US$ 377.89 millones, lo que de acuerdo con las cifras fue cuando más beneficios y ganancias obtuvieron. Es decir, mientras más ganaban más robaban.

 

Aquí se habría producido un delito contra la administración tributaria, es la inducción al engaño que según señala el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 298.- sobre la “Defraudación tributaria” se podrá llegar a una sanción de cárcel hasta por 5 años, a “La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero” y expone 19 acciones ilícitas castigadas, señalando además que será sancionada de entre esos 1 a 5 años de prisión dependiendo de la acción y el monto presentado falsamente.

Me extraña todo el silencio que hay alrededor. La posición del SRI es valiente, pero nadie ni lo respalda ni opina de este acto de mayor corrupción que se ha registrado porque, independientemente de que hayan devuelto los valores perjudicados, De los 15.719 contribuyentes inculpados -entre ellos casi todos empresarios privados- a pesar de haber sido investigado, en un numero cercano a cien, todavía no hay ni uno solo enjuiciado y menos preso. Ni uno solo. Tampoco de las 512 empresas de facturación falsa, no hay ni una cerrada, perseguida o sancionada. Ni una sola. Por el volumen del perjuicio, por el monto de la cifra calculada y, por el número de personas involucradas en esta acción delictiva no hay ni uno solo castigado. Impunidad con la corrupción es la peor de las conductas en las que podemos haber incurrido. Por cierto, tampoco la prensa en la mayoría de sus casos dice nada en sus noticias, callan, solo callan y se ocultan. Por eso nos sentimos obligados a decirlo porque, según la lógica de algunos “noticia es algo que alguien quiere que no se difunda” recuérdenlo al tratar este caso, que les golpee su silencio.

Vemos que, entre todos nosotros como comunidad nacional hemos tenido en su interior a quienes actúan como delincuentes defraudando al fisco, mientras muchos pagamos los impuestos y cumplimos con la ley.  Pues sí, nos sentimos robados.  Pero, también los hay de entre quienes van a salir culpados por dejar hacer y dejar pasar en un comportamiento que la nación debe tomar en cuenta.

 

Así:

El Gobierno Nacional al convocar al diálogo en la mesa de Consejo Consultivo de la Producción, debió enfrentar el tema y, aquí debe destacarse el papel del director del SRI, Leonardo Orlando, quien firme en su posición en defensa de los intereses del estado no aceptó y siempre se negó a hablar del tema, ni siquiera a mencionarlo porque: con las leyes no se negocia y, su cumplimiento no se condiciona a nada.  Y lo digo porque denunciado el hecho habría surgido la intención perversa de algún lado empresarial para tratar de lograr una especie de amnistía tributaria que incluya evadir este caso escandaloso de corrupción.

El régimen del presidente Lenín Moreno Garcés no tiene nada que negociar con este grupo de presuntos delincuentes, solo tiene que cobrar las deudas y ponerlos en la cárcel. El SRI en nombre del estado nacional debe iniciar las acciones debidas con la ley en la mano, y lo que hasta este momento lo hecho bien y con entereza deberá ser defendido en pro del país y como ejemplo de que la ley no hace excepciones, y en tributos menos.

La Fiscalía General del Estado ya está en conocimiento de este caso, porque si bien la ley dispone que las acciones legales de acciones tributarias deben ser encaminadas por el SRI hasta el momento se han presentado 96 acciones penales y se han pedido allanamientos y medidas cautelares, por lo que se debe tener en cuenta que se trata del mismo tema que con los casos de corrupción que tiene en sus manos, y que bien se puede correr el riesgo de fuga de los presuntos delincuentes, por lo que ya debe estar adelantando las debidas precauciones ante tan voluminoso delito.

El Procurador General del Estado, al ser consultado por este tema en Ecuadorinmediato, que hemos exhibido la debida preocupación en el tema, también dejó en manos del SRI su actuación de ley, pero no deja de comprometer la posibilidad de iniciar las debidas acusaciones particulares contra las empresas, empresarios y personas naturales que han delinquido en este caso. Se espera su accionar, se lo espera pacientemente.

De la clase política no se espera nada, sea por incapacidad o complicidad. Muchos de ellos se enterarán de que está pasando esto, y se justificarán, tal como he consultado en algunos casos en nuestras entrevistas, bajo el recurso de que “es el sector privado y contra ellos no podemos actuar, porque no nos corresponde” con lo cual han garantizado la impunidad. No sirve para ellos que se le está perjudicando con esta corrupción de ese sector privado a todos sus votantes, contribuyentes honestos, que son parte del país que solo cuenta con la indiferencia de sus representantes. Que fiasco que es nuestra clase política, solo sirven para escándalo que les dé notoriedad, jamás el cumplimiento de la ley, y lo digo por la gran mayoría de ellos, y que como todo tiene sus excepciones en este caso solo confirman la regla.

Si de moral se trata, la autodenominada comisión anticorrupción tan aficionada a denunciar todos los casos que se le presentan, hoy asume un extraño silencio que raya en la complicidad y que no avala su respetabilidad el que callen al respecto. Lo digo porque, si bien es válido que asuman el rol ciudadano de lucha contra lo corrupto, tal pareciera el que tenga una alta implicación el sector privado los ha enmudecido y, de la misma forma, les impide que denuncien, acudan o investiguen prolijamente como dicen.  No es justificable que no hayan actuado ni siquiera en defensa de los derechos de los trabajadores que dicen haberlos nombrado y que son sus mandantes. El delito de falsa facturación es para evadir tributos y perjudicar en las utilidades a los obreros, y esto es lo que se ha producido en 512 empresas, ¿Ni siquiera por esa grosera y abusiva actitud ustedes harán algo?, o en verdad ustedes no representan a los trabajadores como dicen. Por aquí veo una máscara caída y nadie la levanta por pudor siquiera.

De los gremios empresariales tampoco se ha visto ninguna reacción al respecto. Los agremiados a las cámaras de la producción son parte del alto número de perjudicados por este delito, porque muchos empresarios honestos en Ecuador pagan sus impuestos y no falsifican facturas, pero ni por esas reaccionan. Hasta ahora ni un solo expulsado de sus filas por corrupto, ni una sola llamada de atención o reclamo por el bien público perjudicado, y más por el privado y su ética empresarial que debe prohibir que sus afiliados incurran en estas conductas perniciosas.

 

Hay silencios que indignan, hay complicidades que ofenden. La corrupción provenga de donde provenga debe ser combatida en igualdad para eliminar el mal, pero si la reacción es calculada se convierte en una perversión social atroz que estimula a un incremento de la misma. Por eso digo, ante este grito de honestidad: “Van a actuar o van a callar”, porque – y lo repito por tercera vez – “El que se junta con ladrones o termina robado, o termina culpado” (FHA)

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Dr. Francisco Herrera Aráuz es Director General de Ecuadorinmediato.com. 
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Fuente Fotos: Elmundo.es/Archivo Ecuadorinmediato

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Fuente fotos. SRI/ Ecuadorinmediato.com

 

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