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Edición #4501 |  Ecuador, martes, 12 de diciembre de 2017 |  Ver Ediciones Anteriores
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Procurador Diego García: Existen elementos de convicción suficientes y movimientos económicos financieros comprobados para acusar a Carlos Pólit por concusión (AUDIO)

2017-12-05 07:29:00
Entrevistas
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Diciembre 04 - Diego García I

Aclara además, que no se lo imputa de emitir o no informes, sino por pedir dinero a cambio de hacerlo

Acerca de la acusación particular en contra del excontralor Carlos Pólit por el presunto delito de concusión, habló el procurador general del Estado, Diego García. En este marco, el funcionario ratificó que existen elementos de convicción suficientes para imputar al exfuncionario por este delito a más de movimientos económicos y financieros comprobados. Aclaró además, que no se lo acusa de emitir o no informes, sino por pedir dinero a cambio de hacerlo.

“La Procuraduría presenta una acusación particular en un caso más de la secuela de casos que se inician con motivo del escándalo de la contratación de ODEBRECHT en el Ecuador. Habíamos presentado, previamente, algunas otras acusaciones, un total de cuatro acusaciones particulares en diferentes casos como el de asociación ilícita y varios más de lavado de activos”, indicó.

Esta acusación, en el caso de concusión, se fundamenta en la forma en la que fue vinculado Pólit por el fiscal Carlos Baca Mancheno en la audiencia en la cual se le formuló cargos en agosto de este año (2017). Como habían anunciado, resaltó, si es que se reúnen elementos de convicción suficientes para presentar una acusación particular en defensa del interés del Estado lo irán haciendo en la medida en la que cada uno de los procesos llegue al cierre de la instrucción fiscal. “Este es el caso concreto del proceso de concusión que, en esta semana, cierra la instrucción fiscal”, añadió

En una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio, el Procurador explicó que concusión, según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) es un delito que lo pueden cometer servidores públicos y personas que actúan en virtud de una potestad estatal cuando, directamente o a través de terceros, abusando de sus cargos o funciones, ordenan o exigen cualquier gratificación, retribución, renta o beneficio a su favor a efectos de actuar en el ejercicio de sus funciones.

“Este es el delito del que lo acusa el Fiscal General del Estado cuando le formula cargos el 7 de agosto del presente año”, detalló. Al tiempo de manifestar que, a parte del testimonio del delator de ODEBRECHT, José Conceincão Santos, existen otros elementos de convicción entre los que se encuentran las cooperaciones eficaces de otros países como Panamá y Brasil, así como la delación de la compañía”, puntualizó.

Indicó que toda la información que vino y que refleja que, en el proceso de emisión de informes de auditoría limpios o que revertieran informes anteriores que hubieran tenido observaciones, se hicieron por exigencias del excontralor Carlos Pólit. Está pendiente además, la presentación o el cierre de la instrucción con la acusación del Fiscal, recordó. “No nos olvidemos que el Fiscal General todavía no ha presentado su acusación la hará una vez que se cierre, en una audiencia, y en ese momento presentará todos los elementos de convicción que él y la Fiscalía Genera cuenten para hacerlo”.

“Nosotros, de momento, presentamos porque la ley nos obliga a hacerlo antes del cierre de la instrucción, antes de que el Fiscal acuse y consideramos que los elementos que hay son suficientes para seguir a la siguiente etapa: el cierre de la instrucción, la acusación del Fiscal General y luego de eso, en base a esa acusación, se decidirá el paso a un juicio como ha ocurrido en los otros procesos. Elementos de convicción hay suficientes. Adicionalmente, existen movimientos económicos-financieros que se realizan a través de varias cuentas anunciadas también por José Conceincão Santos, pero que también están reflejadas en movimientos específicos que han podido ser comprobados”, sostuvo.

Esta es una acusación particular que tiene que ser respaldada por una acusación del fiscal Carlos Baca Mancheno y luego ir a juicio, expuso. “Estamos hablando de un proceso que se cumple garantizando los derechos de cada persona que es acusada a ejercer su defensa y presentar sus pruebas de descargo”.

Por su parte, el Excontralor calificó de “sesgada y falsa” la acusación particular presentada en su contra y de su hijo, por la Procuraduría General del Estado y explica que la acusación se argumenta en declaraciones de José Conceicão Santos y "siendo aquella información el único elemento de convicción que, ilícitamente se introdujo al proceso, la acusación de la Procuraduría es sesgada, acomodaticia y falsa".

Pólit argumentó que el Convenio Transaccional entre Hidropastaza y ODEBRECHT, que originó el desvanecimiento de las glosas en el 2010, fue con autorización de Diego García, procurador del Estado. En respuesta a esta afirmación, García aseguró que el exfuncionario se equivoca. “Es clarísimo que, entre las facultades del Contralor están –exclusivamente- tanto con las de determinar como las de levantar glosas y nunca hubo un convenio ni que determine ni resuelva respecto de las glosas. Esa es una competencia exclusiva del Contralor General del Estado”.

“El Contralor General del Estado, a lo largo de estos 10 años en los que hemos estado en el ejercicio de nuestros cargos, hemos tenido diferentes conversaciones a lo largo del tiempo muchas de las cuales están documentadas, en las que él defiende radicalmente su derecho exclusivo a la determinación de responsabilidades o a resolver respecto de informes de auditoría. Esos documentos constan por escrito el discutir el mismo esa prerrogativa que tenía hace ver que la discusión que estamos teniendo en matera legal al respecto no tiene el menor sustento”, dijo.

Lo fundamental, mencionó, es el tipo penal ya que la acusación no es por emitir informes o no hacerlo, sino por pedir dinero a cambio de eso. “Hay una radical diferencia entre emitir o no emitir informes solo a emitir o no hacerlo bajo la exigencia de una gratificación de dinero o de beneficios para una persona. Ese es el tipo penal que se está investigando en este caso y, para discutir si es que se ha cometido o no este tipo penal es ese verbo rector ‘exigir’ dinero a cambio el que tiene que ser discutido. El resto es parte de una discusión posible, pero no es el elemento fundamental de la discusión de un delito de concusión”.

Explicó que no era facultad del Procurador autorizar la salida ni el retorno de una empresa, cualquiera que esta sea y que aquello no fue parte del acuerdo. Recordó que ODEBRECHT sale en base a un decreto de emergencia en el 2008. Los decretos de emergencia, como se saben, duran de acuerdo a la Constitución, 60 días y, solamente, cuando son renovados estos continúan.

“En el 2010, cuando se llega al acuerdo de ODEBRECHT, no había ningún decreto de emergencia vigente, de manera que esa salida de la constructora, no era parte de una decisión que el procurador, ni el contralor, ni alguna autoridad tenía que tomar porque no existía. Asimismo, en cuanto al daño que ODEBRECHT le causó al Ecuador por la mala construcción de la central Hidroeléctrica San Francisco, ese es el objeto del acuerdo transaccional a través del cual se logra la reparación y la indemnización del daño causado”, precisó.

Parte de este es el daño que produce la mala construcción: Se dañan los equipos de enfriamiento, los equipos que son parte del túnel a través del cual pasa el agua para efectos del enfriamiento, lo que genera una serie de desperfectos en el funcionamiento de la central. Por lo que el acuerdo fue que, en esa parte del daño, el que ODEBRECHT se hiciera cargo totalmente de la reparación en la forma en la que estaba contratado, corriendo con el costo de los equipos necesarios para sustituir los daños de la reparación técnica de la obra, los repuestos y equipos que había que sustituir a costo de la empresa.

“Es decir, no hubo una entrega de indemnización para Ecuador repare, sino que ODEBRECHT, directamente, se encargó de ella. Esa reparación, que se hizo en el 2010, sirve hasta hoy. O sea, en esa parte, se reparó el daño y se dejó operativo. Aparte había que cubrir el costo de la paralización que es asumido económicamente con los US$20 millones de dólares. Por eso es que no se puede decir que la reparación costó en total US$20 millones o que ese fue el daño. El daño fueron los US$20 millones más toda la reparación a cargo y costa de ODEBRECHT”, refirió.

Manifestando que el valor total se tendría que cuantificar, pero no fueron los US$20 millones de dólares. El acuerdo, señaló, está referido a reparaciones de una construcción, es decir, reparaciones de orden civil, en un contrato específico, que era la central hidroeléctrica Dan Francisco. “Los acuerdos están, y toda la información, en la página web de la Procuraduría General del Estado”.

“En ninguna parte se refiere a la salida, al retorno, a la eliminación de ninguna glosa –que ya habían sido levantadas antes de celebrar el acuerdo- están las obligaciones de reparación y de indemnización y no hay ninguna mención, en absoluto, respecto de contratos, retornos, acceso a contratación de parte de ODEBRECHT. Eso no fue materia de la contratación”, finalizó. (JPM)

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