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Edición #4866 |  Ecuador, viernes, 19 de octubre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

Veeduría ciudadana determina presuntas irregularidades en uso de recursos destinados a emergencia por terremoto de 16 de abril

2018-01-11 18:31:35
Sociedad
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Tras conocer informe, consejeros resolvieron remitirlo a Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para que investigue

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció el informe final de la veeduría ciudadana que acompañó el Uso Transparente de Recursos Asignados por el Ministerio de Finanzas a la Secretaría de Gestión de Riesgos para Atender la Emergencia Nacional, Ocasionada por el Terremoto del 16 de abril de 2016. Los ciudadanos determinaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos.

En el informe de la veeduría, convocada en el mes de enero de 2017, se concluye que el Ministerio de Finanzas transfirió inicialmente a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) la suma de diez millones de dólares, de los cuales utilizó US$1’126.000 dólares. Posteriormente, realizó una reforma presupuestaria y transfirió a la mencionada Secretaría diez millones de dólares para atender la emergencia. Al respecto, la institución adquirió compromisos por un monto total de US$1´105.730,41 dólares, según los veedores. 

Informaron además, que encontraron otras irregularidades, relacionadas con interrupción de la secuencia de las facturas del proveedor encargado del mantenimiento de vehículos; incremento del valor de alquiler de baterías sanitarias móviles, en las que se habría cobrado US$147.730,41 dólares por 200 baños y US$233.732.80 por 203; y la existencia de una alta cantidad de material para señalética almacenado en los patios de la delegación provincial de la SNGR, adquirido por US$570 mil dólares. 

Además, en su informe, las y los veedores presumen que, en los primeros días de la emergencia, se realizaron transferencias a funcionarios de la SNGR de Manabí. 

Una vez conocido el informe, los consejeros del CPCCS resolvieron remitirlo a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción para que investigue la asignación de los montos presupuestarios; la facturación por mantenimiento de vehículos; la diferencia del valor de alquiler de baterías sanitarias; y la existencia de una posible vulneración a los derechos de participación, para continuar con el proceso legal pertinente. (JPM)

Fuente: CPCCS

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