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Edición #4866 |  Ecuador, viernes, 17 de agosto de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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Próximo jueves, Comisión de Fiscalización recibirá pruebas de cargo en proceso de juicio político a Superintendente Carlos Ochoa (AUDIO)

2018-02-10 08:56:00
Entrevistas
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Febrero 09 - María José Carrión

Ante críticas en proceso a Jorge Glas, María José Carrión aseguró que jurídicamente no era viable continuar con trámite porque ya no era Vicepresidente de Ecuador

María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, abordó dos casos de trámite de juicios políticos. El uno, en contra del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, en el que informó que el próximo jueves, la parte acusadora deberá presentar las pruebas de descargo ante la mesa legislativa; después, Ochoa tendrá 15 días para hacer su descargo. En el otro caso, sobre el ex Vicepresidente Jorge Glas, Carrión defendió la suspensión del proceso, debido a que, según dijo, jurídicamente no era viable, debido a que ya no era Vicepresidente de la República.

La asambleísta señaló que es fundamental el cumplimiento riguroso del debido proceso que se establece en el artículo 131 de la Constitución del Ecuador, que determina la potestad de establecer juicio político, entre otras autoridades, a superintendentes.

“53 asambleístas firmantes han planteado este juicio por elementos que consideran haber aplicar discrecionalmente la Ley Orgánica de Comunicación, utilizar la institucionalidad y el poder sancionatorio de la Superintendencia en beneficio de la entidad y personas, el hecho de violentar la libertad de expresión, consideran los asambleístas, el tema de la modificación de la Ley Orgánica en un documento impreso por la Superintendencia con 300.000 ejemplares y una modificación a la Ley Orgánica de Comunicación sin tener una superintendencia esa facultad, la vulneración al derecho a la seguridad jurídica”, detalló como algunos de los elementos que sustentan los legisladores para el trámite legislativo.

Tras avocar conocimiento, la Comisión de Fiscalización notificará a las partes y se espera que el próximo jueves se esté recibiendo en la mesa legislativa a los proponentes del juicio político para que dejen sus pruebas de cargo.

“Inmediatamente, remitiremos estas pruebas de cargo al Superintendente, quien, al finalizar los 15 días, tendrá para exponer ante la Comisión de Fiscalización las pruebas de descargo”, acotó.

La ley faculta al Superintendente pueda ejercer su defensa de forma oral o escrita, pero no puede delegar a nadie para el trámite.

“Debe ser el propio superintendente el que defienda sus argumentos y sus elementos de convicción para la sustentación de su presunción de inocencia, en este caso, el cometimiento de alguna falla de orden político o de alguna arrogación de funciones o de una mala aplicación de la norma”, sostuvo.

Tras ello, se debatirán el tema al interior de la Comisión de Fiscalización y se emitirá un informe para la votación.

“Los asambleístas miembros de la Comisión deberemos analizar estas pruebas de cargo, aparte de eso, hemos pedido una serie de documentos de pruebas de juicio que las he elaborado, que permiten tener un poco más de información sobre la actuación del Superintendente y sobre la aplicación de la ley”, mencionó.

Al ser explicar cuál es la potestad de la Asamblea Nacional, Carrión señaló que debe evaluar lo que podrían ser una infracción política.

“Pero que, sin duda, tienen que ver con la arrogación de funciones, el abuso del poder y el cometimiento de alguno delito que tenga que ver con el ejercicio de la función, en ese sentido, no solo se trata de las infracciones netamente políticamente planteadas, sino se trata también sobre el incumplimiento de la norma, de los preceptos constitucionales y la arrogación de funciones o la mala utilización de la norma”, mencionó.

Según Carrión, el enjuiciamiento político comienza una vez que el expediente llega al Pleno de la Asamblea Nacional y conoce el informe emitido desde la Comisión de Fiscalización.

“Todo lo que ocurre antes del Pleno de la Asamblea se considera un trámite previo”, dijo la legisladora, quien mencionó que el informe de la mesa legislativa deberá ser motivado en la valoración de las pruebas de cargo y descargo, además de contar con la aprobación de los votos mayoritarios de la Comisión.

La legisladora denunció un intento de obstrucción del juicio político al Superintendente Ochoa. Detalló que se trató de “entorpecer este proceso que se requiere en el país que se lleve a cabo” haciendo referencia al impasse que ocurrió con otra asambleísta.

A propósito, se refirió al cuestionamiento de que no habría dado paso a un juicio político al ex Vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas.

“Habla de un informe que no existe, no he hecho ningún informe, lo que hice es emitir un oficio al Presidente de la Asamblea Nacional, en el cual le digo que: en el momento en la Asamblea Nacional me notifica, a través de un memorando, diciendo que el Vicepresidente de la República, que hasta el momento que comenzó el trámite para un juicio político, tenía la calidad de Vicepresidente había cesado en su función por la configuración del abandono definitivo del cargo, en esos momentos, dejo de ser juez natural tanto como Presidenta de la Comisión de Fiscalización como la propia Comisión de Fiscalización”, describió.

Recalcó que, desde la mesa legislativa, se emitió esta consideración después de un análisis jurídico profundo que se propuse a los asambleístas de la comisión.

“Por más que hubiese sido lo correcto, en términos políticos, hacer un análisis profundo, una censura al Vicepresidente por el simple hecho de estar sancionado por la justicia, hubiese sido lo correcto, lo deseable, pero no era lo jurídicamente viable”, puntualizó.

Citó el artículo 129 de la Constitución para señalar que el juicio político se aplica al Presidente y Vicepresidente de la República “y no hace la distinción, como sí lo hace el artículo 131 de la Constitución de la República, que para otros funcionarios, como los superintendentes, los ministros, las autoridades de control como el Contralor, el Fiscal General, podrán ser sujetos a juicio político hasta un año después del cese de sus funciones”.

Si Carrión elaboraba un informe o sometía a votación el documento “estaba cumpliendo los artículos correspondientes al debido proceso de un tratamiento previo al juicio que debía llevarse en el Pleno de la Asamblea Nacional, para lo cual la persona que iba a ser enjuiciada políticamente había perdido la calidad por el cual era sujeto político”.

“En el momento en que dejó de ser Vicepresidente el señor Jorge Glas, perdió la calidad de la envestidura para lo cual es posible y viable el juicio político”, añadió.

Al ser consultada en el programa “El Poder de la Palabra” de Ecuadorinmediato/Radio sobre si es verdad que se negó a firmar un documento para no pagar un eventual derecho de repetición en el caso Jorge Glas, María José Carrión respondió: “Hay que recordar que hubo, hace algún tiempo no muy lejano, el Congreso que destituyó a la Corte Nacional de Justicia violentando el debido proceso. Cuando se hizo esa violentación de la llamada “Pichi Corte”, los jueces que fueron destituidos, sin cumplir el debido proceso, sin establecer todo el proceso que estaba establecido en la Constitución y la norma, fueron a poner en instancias internacionales y ahora el Estado tiene que pagar un juicio por repetición a estos ex magistrados en la Corte”.

“¿Por qué ocurrió esto? Porque asambleístas llevado por la pasión de momento, por el capricho del momento, si se quiere, violentaron la Constitución, yo, en mi deber profundo de esta capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional, por mucho que sea el deseo social y popular, incluso, político de ciertos legisladores de ir a un juicio político, no puedo ni debo violentar la Constitución y la ley”, aclaró.

Por tanto, no podía elaborar un informe ni someterlo a votación, dijo Carrión.

Además, escuche en la pestaña de AUDIO:

 

  • Investigación del manejo de fondos de hermanos Alvarado
  • Manejo de crisis del Ministerio de Salud en casos de AH1N1
  • Casos de jubilados
(PAY)

 

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