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Edición #4866 |  Ecuador, domingo, 27 de mayo de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

LA HORA (Quito) Los perjudicados por Carlos Ochoa podrán ir a la Asamblea

2018-02-10 08:43:43
Política Nacional
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Legisladora Lourdes Cuesta hizo un primer llamado a dos periodistas para que expongan sus casos

El juicio político a Carlos Ochoa sería el primer proceso de fiscalización del presente año, en un contexto político en el que ha resurgido la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Esto, pese al fracaso del juicio político al exvicepresidente Jorge Glas y a que se censuró al excontralor Carlos Pólit cuando ya se encontraba fuera de la Contraloría y luego de 10 años de ejercicio del cargo, desde el que habría recibido millonarias coimas de Odebrecht.

Luego de que la Comisión de Fiscalización avocó conocimiento del juicio el miércoles, hoy iniciará el plazo de 15 días para recibir pruebas de cargo y de descargo. Según la Ley de la Función Legislativa, cualquier organización de periodistas y la misma ciudadanía pueden pedir ser recibidos en comisión general para presentar elementos dentro de este proceso de fiscalización. La asambleísta Lourdes Cuesta, que promueve esta interpelación, piensa que esto es fundamental para “que no se tenga como un tema solamente político sino que quienes han sido afectados por Ochoa cuenten sus casos”. 

 

Proceso
De hecho, Cuesta ha pedido la comparecencia de los periodistas deportivos Aurelio Dávila y Luis Miguel Baldeón, a fin de que cuenten los procesos en que la Superintendencia de Información (Supercom) los sancionó. Ellos han pagado más de 40.000 dólares en multas en procesos donde se los acusaba de, entre otras cosas, lenguaje inadecuado. “Nosotros solicitamos que se reciba, por ejemplo, a la señora Martha Roldós, a que exponga su caso, cuando no se aceptó a trámite su denuncia por falta de una copia de cédula”, añade Cuesta.

Cuesta piensa que de ese modo deben acudir todos quienes “se han sentido afectados por Ochoa: sociedad civil y periodistas, por el incumplimiento de funciones, por el uso y abuso de autoridad y por la discrecionalidad con que ha manejado la Ley”. 

El superintendente Ochoa, por su parte, sostiene, y así lo ha expresado durante toda esta semana, que se le lleva a juicio político “por cumplir la Ley”, que fue aprobada por la misma Asamblea, a través de una amplía mayoría correísta. (MMD)

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