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Edición #4866 |  Ecuador, domingo, 27 de mayo de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

EXPRESO (Guayaquil) Justicia ‘cuece’ un nuevo contrato

2018-02-12 08:44:27
Política Nacional
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Hay una asignación de $ 10,5 millones para 107 días de provisión de comida. El contratista debe ajustarse a un presupuesto de $ 2,50 diarios por persona

En busca de un proveedor para la alimentación diaria de los 37.000 reclusos de las cárceles del país, el Ministerio de Justicia abrió, el pasado 26 de enero, un proceso de licitación para disponer del servicio de ‘catering’, implementado desde 2011 en los centros de rehabilitación social.

La entidad tiene en disponibilidad un presupuesto de $ 10’ 508.702,50 para asegurar durante 107 días la comida de los internos adultos y adolescentes en conflicto con la ley que permanecen en los 48 establecimientos de privación de libertad existentes.

Desde hace 7 años, el Gobierno reconoce al proveedor un valor de $ 2,50 por el servicio de tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda) para cada preso.

Se exige que los alimentos sean de buena calidad, que estén bien preparados y servidos, en adecuadas condiciones de salubridad, y que contengan el valor nutritivo necesario para mantener la salud y energía de los comensales. Es una obligación disponer de un menú de dieta para internos con problemas de salud.

“Es muy difícil dar el servicio de tres comidas diarias por $ 2,50. Es manejable, pero cada día se vuelve un desafío más grande”, observa Richard Villagrán, gerente de Lafattoría S. A., empresa que desde 2015 es la única proveedora de la alimentación en las cárceles ecuatorianas.

Este servicio para las cárceles se ha hecho una especialidad, sostiene el directivo, quien agrega que para esta tarea es fundamental el manejo de grandes volúmenes de alimentos, una logística ordenada y la integración del recurso humano.

Esa contratista tiene por ejemplo, 200 empleados para la atención culinaria de los 14.500 reclusos del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Guayaquil, el más grande del país. Allí, un espacio de 800 metros cuadrados está dispuesto para la preparación de los alimentos. El sitio dispone de una bodega de almacenamiento, cuatro cámaras de frío y un área de procesamiento.

A diario se preparan 60 quintales del arroz que irá en el plato fuerte de las comidas. Estas se sirven en tres horarios: 07:30 (desayuno), 12:30 (almuerzo) y 17:00 (merienda).

El menú es aprobado y supervisado por la autoridad de cada centro. Para la preparación de los alimentos en los centros penitenciarios, el proveedor debe contar con nutricionistas, jefes de control de calidad, supervisores y chefs.

Consultada por EXPRESO, la viceministra de Atención a las Personas Privadas de Libertad, Liliana Guzmán, admite que no faltan los reclamos por parte de los internos sobre la calidad o la cantidad de la comida (ver entrevista).

“Esa es una constante que tenemos, algunas veces con razón. Pero imagínese con 37.000 personas privadas de libertad no tener alguna observación”, justifica. La funcionaria agrega que, asimismo, el control a la calidad del servicio es permanente.

El Ministerio de Justicia tiene previsto para el 27 de febrero adjudicar el nuevo contrato para la alimentación de los reclusos por un poco más de tres meses.

Liliana Guzmán / Viceministra de atención a personas Privadas de libertad

¿Por qué la próxima contratación es para solo un plazo de 107 días?

Porque la población penitenciaria es variable. Los contratos tienen una modalidad de monto y plazo y terminan cuando uno de los dos se ejecuta primero. Requerimos hacer seguimientos por periodos más cortos.

La Contraloría detectó que en 2015 y 2016 hubo una falta de financiamiento...

Esas observaciones las tenemos que ir corrigiendo, por más que hayan sido de gestiones anteriores. En 2015 se atravesaba algún problema económico, pero eso se ha solventado. La alimentación es prioritaria.

¿Cómo hacen para garantizar la calidad de la comida de los internos?

Siempre hacemos seguimiento. Sabemos que siempre hay reclamos de parte de los internos, pero tenga la seguridad de que nosotros hacemos los controles respectivos para hacer que esos reclamos disminuyan.

Años 2015 y 2016

Problemas de financiamiento

En 2015 y 2016, el Ministerio de Justicia tuvo problemas de financiamiento para cubrir los gastos de alimentación de los presos.

La Contraloría resalta esa circunstancia en un informe de examen especial aprobado el 27 de noviembre de 2017. Para la provisión de comida, en 2015 y 2016 Justicia generó gastos por pagar por un total de $ 53’421.508, pero solo se pudo cubrir $ 47’161.298,30.

Funcionarios de esa cartera dijeron a la Contraloría que al no haber recibido los fondos necesarios en los plazos adecuados por parte del Ministerio de Finanzas, y para no dejar de dar el servicio de alimentación, en el Ministerio, se vieron obligados a firmar convenios de pagos con la empresa contratista (Lafattoría S. A.) para cubrir parte de la deuda.

Los auditores comprobaron que el Ministerio de Justicia firmó contratos de prórroga de plazo y complementarios, así como convenios de pagos debido a la falta de la asignación presupuestaria.

La entidad tuvo que disminuir la partida de alimentos y bebidas para el incremento de las partidas de otros rubros del gasto corriente, que incidió en la partida del servicio de alimentación, observa la Contraloría.

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