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Edición #4866 |  Ecuador, lunes, 23 de abril de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

Prefecto de Manabí, investigado por presunto enriquecimiento ilícito

2018-04-11 09:46:00
Judiciales
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Defensa de Mariano Zambrano sostiene que contratos con Estado son legales

El pasado lunes el Prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, fue notificado sobre el inicio de la investigación previa por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en su contra. Se indaga a la autoridad porque él, su esposa, hijo y otros familiares son propietarios de empresas que han tenido contratos por el Estado por hasta USD$73 millones.

La denuncia inicial fue presentada por los juristas manabitas Francisco Bravo, Marcelo Farfán y el exlegislador Leonardo Viteri

Mencionaron que el Prefecto de Manabí y su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, habrían incurrido, incluso, en el delito de perjurio, al entregar su declaración patrimonial jurada omitiendo sus acciones y cargos en el Consorcio Mardcomsa-Marzam, que mantiene contratos con el sector público.

Por ejemplo, un contrato data de 2012, suscrito entre la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y Marzam para el transporte multimodal (marítimo y terrestre, recepción, almacenamiento y despacho), para el abastecimiento de combustible fuel oil 6 y diésel para la Central Termoeléctrica Jaramijó, por $ 18,6 millones. Otro contrato da cuenta por la suma de $ 5,7 millones. Aquello -según los denunciantes- transgrede la Constitución, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Losncp, la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas - Código de la Democracia.

A finales de marzo pasado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cesado presentó el informe concluyente N° 145-2017. Lo envió a la Contraloría y a la Fiscalía para que establezca presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales.

La Fiscalía provincial de Manabí, el lunes 9 de abril de 2018, lo notificó al prefecto sobre el inicio del proceso.

“Procedimos a iniciar la correspondiente investigación previa contra el señor prefecto para que sea investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito”, dijo Enrique García, fiscal provincial de Manabí.

Para uno de los denunciantes, la Fiscalía se está quedando corta al iniciar una indagación contra el prefecto de Manabí solo por enriquecimiento ilícito.

“Habla del delito de tráfico de influencia, testaferrismo, perjurio, lavado de activos, entre otros”, mencionó.

De su lado, la defensa del prefecto Zambrano sostiene que sus contratos con el Estado son legales.

“El ser socio de una compañía que tenga contratos con el Estado no es inhabilitante. La normativa jurídica habla de 3 supuestos: cuando eres personal natural, cuando eres representante legal o cuando eres apoderado judicial y ninguna de las tres condiciones se cumple en estos casos”, indicó Roosevelt Cedeño, abogado de Mariano Zambrano.

Es más bien la Fiscalía, comenta el abogado, la que se está saltando la ley.

“En relación al tipo penal acusado, que es enriquecimiento ilícito, este es un tipo penal que requiere un requisito de procedibilidad; es decir, que tiene que un informe de la Contraloría General del Estado establecer si existe o no las presunciones de enriquecimiento ilícito”, señaló.

El prefecto Mariano Zambrano cuenta que está tranquilo y también que es inocente.

“Yo siempre he actuado de acuerdo a la ley y las empresas igual. Siempre he tenido claro que como prefecto yo no puedo contratar ni como persona natural ni como persona jurídica, pero el resto no hay ningún problema”, agregó.

Recuerda que el Consejo de Participación Ciudadana sacó ese informe que inspira la indagación doce días después de la consulta popular, de haber sido cesados por una mayoría en las urnas.

Con información de Ecuavisa y El Telégrafo

(PAY)

 

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