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Edición #4866 |  Ecuador, domingo, 16 de diciembre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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Gustavo Jalkh: Me acusan por haber sido exministro de Rafael Correa y haber cambiado a la justicia (AUDIO)

2018-04-12 07:44:00
Entrevistas
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Audio

Abril 11 - Gustavo Jalkh

Presentará información necesaria para dejar sin efecto denuncias en su contra

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh, es uno de los funcionarios que está siendo evaluado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). Son varias denuncias las que han llegado al organismo y que se están analizando, pero según el Titular de esta institución, no conoce el contenido de las mismas, sin embargo, consideró que con la información que se entregue, se desvirtuarán. Para Jalkh, las acusaciones que ha recibido han sido por haber estado como exministro de Rafael Correa, pero sobre todo, por haber cambiado a la administración de la justicia afectando algunos intereses.

“Hemos recibido esta notificación la semana pasada, sobre el inicio de la evaluación con dos aspectos: el uno hasta el 13 de abril, que es la fecha en la que debemos entregar todos nuestros informes y además, el tema de la suspensión de los concursos. Menos mal nosotros hemos sido meticulosos y hemos trabajado ordenadamente con información organizada y rigurosa, que entregaremos, pero a veces me preguntó, ¿por qué nos darían 7 días cuando el reglamento dice que hasta 10?”, se cuestionó.

Jalkh precisó que son la entidad más numerosa de la Función Judicial, con el mayor número de personas y de años en funciones. Pese a que se les dio tan solo 7 días, los cumplirán, ratificó, reiterando que están prestos a entregar toda la información que se les pide. “Nosotros siempre tenemos lista toda la información, como digo, hemos sido meticulosos. Tenemos todo nuestro trabajo en orden, pero normalmente, para cualquier entidad pública, ese sería un desafío enorme”.

Además, mencionó, todos los días reciben pedidos del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio de que en tres o cuatro días se les entregue una gran cantidad de información adicional. “No hay problema, lo estamos haciendo. Nos piden todos los detalles de toda la gestión, lo cual está bien. No solamente es el informe que nos han solicitado, sino que también hay más pedidos cotidianos sobre cuántas personas entraron, salieron, han trabajado, etc.”.

“Entendemos que toda esa información la van a analizar y a revisar. Sabemos que se están presentando denuncias hasta el día de mañana. Nos han notificado de este tema, pero todavía no conocemos su contenido. Nosotros estamos dispuestos a entregar toda la información que desvirtuará todas estas denuncias”, dijo.

La acusación más fuerte en contra de Jalkh es que, en el anterior Gobierno, “se metió la mano a la justicia”. Para el Presidente del CJ, esta afirmación es completamente falsa, sin sustento y sin prueba ni válida ni inválida. “Los correos no son ninguna prueba porque el contenido de los mismos no revela ninguna mala actuación de mi parte si es que estos fueran legítimamente obtenidos y pudieran tener algún valor probatorio, que no lo tiene”.

“Si lo tuviere, ni siquiera lo que dicen llegan a probar ninguna inconducta de mi parte. Lo único que muestran ahí es un criterio jurídico sobre inquietudes relacionadas sobre el abuso existente en cuanto acciones de protección. De eso se quiere hacer una idea de que se habrían arreglado juicios cuando esos correos no demuestran nada”, resaltó.

Jalkh recordó que es cierto que antes el Estado ecuatoriano perdía todos los juicios, pero tampoco es cierto que ahora se los gane todos, como se ha dicho desde diversos sectores. “El Estado ecuatoriano gana y pierde juicios como cualquier otra parte procesal para contento y descontento del sector público o privado, particularmente en los temas del SRI. Antes perdía todos, ahora hay unos que pierde y otros que gana sin ninguna intervención de nuestra parte”.

“Si alguien tiene pruebas de que se ha intervenido, debería mostrarlas”, reclamó. Sin embargo, cabe recalcar que el asambleísta Esteban Bernal ha sido quien ha llevado esas supuestas evidencias como denuncias ante el CPCCS-T como tráfico de influencias. Ante aquello, el Presidente del CJ aseveró ser una persona tolerante, democrática y sabe escuchar, pero reiteró que existen límites y, en su momento, esas personas tendrán que responder por sus acusaciones maliciosas y temerarias.

“Yo estoy en funciones, soy un funcionario público, si ahora tomo medidas seguramente dirán que sí, que ahí está, desde la Función Judicial, etc., pero no. La denuncia específica del asambleísta es que en algún proceso judicial, yo tenía algún interés y que los jueces que estuvieron en su caso fueron destituidos. Eso es absolutamente falso. Yo lo expliqué largamente en la Asamblea Nacional con más de cuatro horas de comparecencia en la que yo lamento que el legislador no haya estado y si estuvo me dijeron que se fue”, reprochó.

Según Jalkh, Bernal asegura que no explicó estas cuestionantes, pero sí lo hizo y detalladamente. “No existe ningún proceso judicial en el que yo haya tenido algún tipo de interés y menos aún que haya destituido jueces en algún tipo de juicio. Él está desinformado y desinforma”, añadió durante una entrevista para “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Sobre el error inexcusable, comentó, también se explicó en el Parlamento con ejemplos de casos de los jueces que fueron destituidos. “En cuanto a esto, la figura del error inexcusable no solo existe en el Ecuador, como disciplinaria y sancionable es el error craso de derecho de interpretación disparatada de la norma que afecta derechos humanos y que no tiene ninguna justificación, por eso es inexcusable, que produce un daño y que se convierte, no en un tema jurisdiccional de interpretación de la norma, sino en disciplinario”.

“Algunos lo confunden con un error judicial, que es otra cosa. En el Ecuador y en muchos países existe en nuestra legislación y es nuestra obligación aplicarla. En ningún caso lo hemos hecho de forma arbitraria, siempre ha sido apegada a derecho, probada y, por supuesto, las personas que han incurrido en estas inconductas han sufrido las consecuencias que la ley establece”, señaló.

Asimismo, insistió en que está trabajando en el sector público porque es el bien común el que los mueve e impulsa, dentro de su competencia, que es el derecho y la reforma judicial; pero están muy claros en que una cosa es modernizar la infraestructura con tecnología y reformas procesales que, a veces, son necesarias en América Latina, y otra cosa es transformar.

“Con recursos modernizas, pero con valores se transforma y los valores son los estándares éticos que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos establece como una necesidad para que las reformas judiciales, que la vida de la administración de justicia esté llena de estándares éticos, por lo tanto, de régimen disciplinario. Lo único que habríamos logrado entonces, solamente con edificios nuevos, es dar condiciones más cómodas para que buenos y malos funcionarios sigan haciendo lo mismo”, puntualizó.

Los valores son evaluaciones de desempeño y regímenes disciplinarios, destacó Jalkh. Pero, ¿por qué lo acusan? Para el titular del CJ, lo culpan por haber sido funcionario del Gobierno de Rafael Correa, pero además, por “habernos atrevido a cambiar la administración de justicia que ha implicado también tocar intereses, que ha significado incomodar e incomodarnos –porque entras en conflicto- y hacer una autodepuración de la Función Judicial tan necesaria, para que tengamos a la gran mayoría de jueces buenos y éticos trabajando –puede haber excepciones-”.

“Hoy creo que tenemos una mejor carrera judicial, la cual se puede medir estrictamente el tema de independencia judicial que es fundamental para la calidad de la justicia, Escuela Judicial que antes no había, temas cuantitativos de acceso a justicia porque ahí se refleja algo fundamental que este acceso al servicio”, resaltó.

Al tiempo de comparar con tiempos pasados en donde se tenían, apenas, 1.100 jueces, que era menor a la tasa promedio de América Latina por cada 100.000 habitantes, y un despacho de menos de 250.000 causas al año. “Hoy tenemos el doble de jueces, por encima del promedio latinoamericano de jueces por cada 100.000 habitantes, y se ha multiplicado por 6 la productividad. Hoy se despachan alrededor de 800.000 causas al año en el Ecuador en un proceso real de descongestión”.

“Hoy escucharás muchas menos críticas o quejas sobre la lentitud judicial. Antes eran día a día (…) Todavía tenemos rezagos del viejo sistema procesal escrito, todavía hay rezagos de tiempo, pero Ecuador da muestra de avances en las dos cosas fundamentales: rapidez y transparencia, eso es lo que la gente pide enormemente”, acotó.

Destacó que “pasar de juicios de 6 años a juicios de menos de seis meses, pasar de juicios ejecutivos de año y medio a juicios en 4 meses donde no se conciliaba nunca y ahora se concilia el 30%, donde tenemos casi el 20% de conflictos que se resuelven con mediación. Tenemos estándares cualitativos, cuantitativos; claro que hay problemas, pero de lo que estábamos hasta ahora…”.

Jalkh negó que el pueblo ecuatoriano haya autorizado la suspensión de concursos que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura. “Si se lee la pregunta 3 y sus anexos, en ningún lugar vamos a encontrar esta atribución de mutilar las competencias de otro poder del Estado y asumirlas para sí. Esto no está dentro del mandato. Pueden evaluar, para ciertas autoridades pueden recortar periodos, pero introducirse en las competencias de otra entidad, no se puede hacer”.

“Las competencias no se generan por razonamientos lógicos o ilógicos, por gustos o disgustos o porque a mí me parece que así debe ser. Nace de la ley, entonces es importante determinar en qué momento la ley o la Constitución generó esa norma para el Consejo”, puntualizó.

Por ello, comentó que ha pedido que se motive esta decisión del Consejo Transitorio o que se rectifique la misma. “Cuando uno se equivoca de buena fe, rectifica y ojala se reencausen las competencias”.

Además, destacó que no se puede suspender el debido proceso y reiteró que las competencias nacen de la ley. “Incluso, en el supuesto caso de que una autoridad pudiera destituir a otra, eso no le da el derecho para atropellar su debido proceso. Mientras está en funciones, las competencias de las instituciones son las que constan en la ley”.

El Presidente del Consejo de la Judicatura expuso que los concursos están suspendidos de facto “porque nosotros decidimos no actuar de la misma manera, hay un acto administrativo. Si lees la resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, no dice solicitamos o pedimos o exigimos que el Consejo (de la Judicatura) suspenda; ellos dicen suspendimos los concursos. Entonces hay un acto administrativo generado por el Consejo de Participación Ciudadana claramente sin ninguna competencia, pero que de facto lo suspende”.

“Nosotros hemos pedido que se motive aquellos en derecho o que se modifique. Estamos en estos días a la espera de una respuesta, y lo que sí tenemos son miles de afectados, ciudadanos que estaban concursando de buena fe. Nuestra solidaridad con los funcionarios judiciales que han ganado sus concursos y si alguien tiene una prueba de que fueron amañados, que lo compruebe con pruebas reales, no con aseveraciones en el aire”, agregó.

Finalmente, Gustavo Jalkh admitió que existe un prejuzgamiento en su contra. “Voy a dar toda la información y también las respuestas; hay muchas denuncias, no importa el número, sino que sean sustentadas. Esperamos que se lea toda la información que se va a entregar y si se lee con buena fe y con estricto de juez imparcial, sin duda se caerán todas estas denuncias”.

(JPM-AEH)

Fuente: El Poder de la Palabra de ecuadorinmediato/radio

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