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Edición #4866 |  Ecuador, lunes, 20 de agosto de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

PLAZO PARA FISCALIZAR A LOS EXFUNCIONARIOS DEL CORREATO SE TERMINA

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EL UNIVERSO

El artículo 131 de la Constitución faculta a la Asamblea hacer control político de autoridades hasta un año después de haber dejado sus cargos. Y este 24 de mayo se cumple ese plazo para funcionarios del régimen del expresidente Rafael Correa, cuestionados por supuestos actos de corrupción e incumplimiento de funciones.

El analista político Vladimiro Álvarez señala que la Asamblea ha perdido tiempo en discusiones por la interferencia de asambleístas allegados a Correa, “que tienen la tarea de seguir encubriendo los ilícitos, o hechos dolosos, o las faltas al cumplimiento de sus responsabilidades de funcionarios del gobierno de Rafael Correa...”.

Juicios políticos

Hoy el Legislativo cumple un año en funciones y en este tiempo se solicitaron diez juicios políticos, seis contra exfuncionarios del régimen pasado: el exvicepresidente Jorge Glas (dos veces), el exministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa; el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa; el superintendente de Bancos, Christian Cruz; y el exministro de Finanzas Carlos de la Torre.

Los otros pedidos de juicios fueron contra el excontralor Carlos Pólit, el ex fiscal general Carlos Baca y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh (dos veces). Los dos primeros fueron censurados y destituidos, aunque a Pólit a destiempo porque para entonces estaba prófugo.

De los juicios contra los exfuncionarios de Correa, solo prosperó el proceso contra Ochoa; también a destiempo. Cuando la Asamblea lo censuró, el Consejo de Participación transitorio ya lo había cesado.

Los dos pedidos de juicio contra Glas fueron archivados, primero por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y luego por la Comisión de Fiscalización que consideró que, al perder el cargo de vicepresidente por ausencia definitiva, ya no cabía un proceso.

Lea también: Legisladores piden que informe del juicio político a Jorge Glas pase al Pleno

Otro juicio que el CAL negó fue contra Espinosa, cuestionado por omitir acciones administrativas tras denuncias de abusos sexuales contra estudiantes durante su gestión de ministro; y los procesos contra Cruz y De la Torre aún no los trata.

Henry Cucalón (PSC-MG) dice que, al menos en los primeros meses de gestión, correístas y morenistas jugaron con el tiempo y no permitieron los juicios políticos. “Se perdió mucho tiempo en materia de fiscalización, no por falta de motivación de quienes nos comprometimos a ejercerla, sino porque la mayoría en su momento, los 74 asambleístas del oficialismo, blindó esos procesos en buena parte de este primer año”. Y en el caso de Glas “hicieron lo imposible para que no se dé...”.

Pero Daniel Mendoza (AP) señala que había posiciones distintas dentro del oficialismo y que con el paso de los días sus compañeros cambiaron de posturas y dieron paso a procesos. “Hay que entender que los juicios políticos son una forma de transparentar las denuncias”.

Cree que pese a una serie de tormentas en el Legislativo, entre esas la destitución de José Serrano como presidente, este año la Asamblea ha estado enfocada en el área fiscalizadora. “En el pasado, es de conocimiento público, no sucedía así. Hoy la Asamblea cumple un rol vital e histórico...”.

Para Roberto Gómez (de CREO), se ha hecho mucho en este año “para tratar de encaminar y dar justicia luego de los diez años de impunidad...”.

Fiscalía debe investigar

Vencido el año para interpelar a exfuncionarios del correato, según Gómez, le corresponde a la Asamblea presionar a la Fiscalía para que investigue. “El bloque de CREO seguirá pidiendo información y si encontrara algún delito posiblemente ocasionado por alguien que ya no es objeto de control político, pues nuestra obligación es poner en conocimiento de la Fiscalía para que proceda...”.

Álvarez recalca que otros órganos de control como la Contraloría del Estado, la Procuraduría “y todo el sistema de justicia, no tienen limitación para efectuar la misión de controlar y fiscalizar”. (I)

Pedidos

Asambleístas

Juicios políticos

El movimiento CREO presentó cinco pedidos de juicio: contra Jorge Glas (dos), Carlos Ochoa, Augusto Espinosa y Carlos de la Torre.

Otros procesos

El PSC planteó el juicio contra el fiscal Carlos Baca, AP contra el contralor Carlos Pólit y Unidos por Pastaza contra Christian Cruz.

Constitución, artículo 131.- La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros y por incumplimiento de las funciones que les asignan la Constitución y la ley, de los ministros, o de la máxima autoridad de la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias y miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y demás autoridades (...) durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado.

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