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Edición #5231 |  Ecuador, sábado, 20 de julio de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores

ANDES (Quito) Juez suspendió proyecto minero en el sur de Ecuador

2018-06-04 07:44:32
Judiciales
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Aceptó la acción de protección interpuesta por la Ecuarunari

El juez la Unidad Judicial Civil de Cuenca, en la provincia del Azuay, sur andino de Ecuador, Paúl Serrano, aceptó la acción de protección presentada por la Ecuarunari y ordenó la suspensión de las actividades mineras en Río Blanco, a cargo de Junefield Ecuagoldmining South América.

La audiencia, inició cerca de las 17:00 del viernes 1 de junio en una de las salas del edificio de la Corte de Justicia de Azuay, en Cuenca. Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador (Ecuarunari), sustentó su solicitud argumentando que se ha violado el derecho humano al agua porque la concesión minera está en una zona caracterizada por la presencia agua y este recurso ha sido afectado.

A la sesión también asistió el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, y autoridades de la Empresa de Telecomunicaciones Agua Potable y Alcantarillado y campesinos de la zona que llegaron con botellas con agua para demostrar la calidad del líquido vital.

El alcalde pidió el pasado miércoles que se suspenda toda actividad minera en el cantón y dijo haber enviado un oficio al presidente de la República, Lenín Moreno, al respecto.

Recordó que entre 2016 y 2017 se otorgaron 70.000 hectáreas en concesiones mineras, “sin consultar a la Alcaldía de Cuenca o a la ciudad”. Las concesiones nunca cumplieron con el compromiso de garantizar la consulta previa o la consulta ambiental establecida en los artículos 57 y 398 de la Constitución.

El artículo 57 señala en su literal 7 que las comunidades, pueblos indígenas y nacionalidades tendrán derecho a la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable, sobre planes de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que realicen las autoridades competentes será obligatoria y oportuna.

Mientras que el 398 de la Carta Magna indica que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al medioambiente debe ser consultada con la comunidad, y el Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

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