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Edición #4866 |  Ecuador, sábado, 20 de octubre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

EL UNIVERSO (Guayaquil) Tras fallos judiciales, Estado no logra indemnización por Dhruv

2018-06-11 07:39:44
Judiciales
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Recurso de casación se resolverá en dos semanas

El 25 de junio, a las 15:00, en la Corte Nacional de Justicia –CNJ– se resolverá un recurso de casación impulsado por el Estado ecuatoriano en contra de una sentencia de primera instancia que no le favoreció en su intención de tener un resarcimiento por los perjuicios en la compra de los helicópteros Dhruv a la Hindustan Aeronautis Limited (HAL).

Este recurso sería el último en los tribunales contencioso-administrativos de la justicia ordinaria.

El Estado está tratando de recuperar las pérdidas por los accidentes de cuatro de siete helicópteros Dhruv que se compraron a la HAL en el 2008, mediante indemnizaciones que bordean los $ 347 millones.

El 5 de agosto de 2008, el gobierno de Rafael Correa a través del Ministerio de Defensa compró siete helicópteros para uso de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por $ 45,2 millones. Pero entre el 2009 y el 2015, cuatro de ellos se cayeron. Los restantes están inoperativos.

Para recuperar las pérdidas a través del cobro de los seguros, el exministro de Defensa, Fernando Cordero, decidió el 6 de enero de 2016 terminar unilateralmente el contrato con la HAL, y esta presentó un recurso de apelación ante la misma entidad, que la negó.

Entonces, la HAL inició un proceso contencioso administrativo en julio del 2016, que ahora se compone de 48 cuerpos y 9.142 fojas, con el que buscó dejar sin efecto las decisiones ministeriales.

Aprovechando el juicio, el ministerio presentó una contrademanda por daños que sumarían $ 347’858.136.

El 20 de febrero de 2018, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Pichincha resolvió en una primera sentencia aceptar parte de la demanda de la HAL.

Dejó en firme la terminación unilateral del contrato, y no aceptó que a la empresa se le reconozca una indemnización por daños y perjuicios por más de $ 11 millones.

Pero determinó que Defensa no podía anular el recurso de apelación a la terminación del contrato que puso la HAL ante la institución, pues ese acto no existe en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Y, encima, negó la contrademanda del Ministerio “por improcedente y sin fundamento”.

En la sentencia se reseña que el Ministerio de Defensa alegó que se siente “engañado” por la HAL por ocultar que sus aparatos y modificaciones de diseño no cuentan con los certificados FAR-29.

“HAL determinó que sus helicópteros tenían certificación FAR-29, pero engañó y manipuló la información para hacerse adjudicar el contrato a sabiendas que no lo tenían”.

El Tribunal se preguntó: “Si era tan evidente la falta de las certificaciones FAR-29, ¿por qué la FAE con su experticia continuó sin reparos el proceso contractual?”. La FAE, “en su calidad de experto del Estado ecuatoriano, debía anticipar esta falla e impedir la continuación del proceso contractual para evitar daños futuros. Aquello no se dio, por lo que mal puede ahora querer exigir indemnizaciones que derivaron de la falta de cuidado en la administración y ejecución del contrato”, concluyó el jurado.

Desde el 2 de marzo de este año, la HAL, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General del Estado han interpuesto varios recursos para modificar el fallo original.

El primero, de la HAL y el Ministerio, fue un pedido de aclaración y ampliación a esa sentencia calificándola de “confusa” y “oscura”. El reclamo fue negado por el Tribunal, que concluyó: “El fallo es completamente inteligible y no es oscuro”, respondieron.

El 20 de marzo, la HAL y Defensa presentaron un recurso de casación. Para tener resultados favorables, esta última entidad contrató al abogado Xavier Cazar Valencia, esposo de la secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesántez.

El caso se elevó a una instancia superior, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional. El juez Patricio Secaira calificó parcialmente la admisibilidad del recurso alegando que la sentencia del 20 de febrero requería de “motivación” y había adoptado decisiones “contradictorias”. Pero inadmitió la reconvención.

El 3 de mayo, las partes pidieron la ampliación y aclaración de esa decisión, pues el Estado reclama que al no aceptar su contrademanda se “perjudica a sus intereses”. El 15 de mayo se vuelve a desestimar la solicitud por “impertinente”. Y el 5 de junio se convocó a la audiencia para finalmente resolver el recurso de casación.

Aún sin declaraciones

Este Diario solicitó una entrevista con el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, para conocer las posturas sobre el proceso, pero no ha habido una respuesta. Y tampoco Cazar quiso atender una entrevista.

Patricia Ochoa, viuda del general de la FAE Jorge Gabela, quien denunció hace diez años que esos equipos incumplían los requisitos técnicos, se pregunta: “¿No tenían expertos o quienes estaban en el Comité de Contrataciones era ignorante o se hizo la ignorante?”.

Recordó que Gabela le contó una vez que se oponía a la compra por el cargo de conciencia: “... si algo le pasa a alguno de mis compañeros en una de esas máquinas, decía”. (I)

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