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Edición #4866 |  Ecuador, jueves, 19 de julio de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

LA CONTRALORÍA SEÑALA AL EXPRESIDENTE, DE NUEVO

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EXPRESO

Los procesos legales contra el expresidente Rafael Correa, apenas empiezan. La Contraloría sigue encontrando responsabilidades civiles y penales contra el líder de la autodenominada revolución ciudadana por el manejo económico de su Gobierno.

Según el informe DNA3-0016-2018, emitido por el ente de control el 4 de julio, Correa y su equipo económico emitieron Certificados de Tesorería (Cetes) sin control e irrespetando las normas legales. Dichos documentos son emisiones que utilizan como bonos. Es decir, se entregan para obtener liquidez inmediata. Según el Código de Finanzas Públicas, los papeles no pueden durar más de 360 días y tienen usos limitados.

El Gobierno anterior omitió toda esa información. Ofertó Cetes por más de un año y los utilizó para pagar deudas o reemplazar bonos de largo plazo. A decir de la Contraloría, los montos de los certificados están entre los 1.700 millones y los 2.300 millones de dólares.

El ente concluye, en el informe que ya está en manos del actual ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, que las cinco operaciones detectadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 hay irregularidades que comprometen legalmente a Correa y a funcionarios como Patricio Rivera y Diego Martínez. Ellos fueron parte del Gobierno de Lenín Moreno en sus inicios.

A diferencia de los estudios anteriores al endeudamiento público, este incluye movimientos del actual Gobierno. La renovación de Certificados de Tesorería que ya vencieron, por ejemplo, estaría en el estudio que fue entregado a la Fiscalía General del Estado.

Durante el periodo de estudio, Carlos de la Torre fue el titular en el Ministerio de Finanzas.

Pablo Celi, contralor subrogante, explicó que los veedores del primer informe de las deudas que contrató Rafael Correa recibieron los resultados de este nuevo estudio. Verificar el uso de los Cetes fue uno de los pendientes derivados del análisis que se hizo a la gestión entre 2012 y 2016.

No es el único informe que continúa revisando las ilegalidades de la década pasada. Correa podría estar vinculado a otros casos de responsabilidad penal por los créditos que obtuvo del Goldman Sachs, donde comprometió oro estatal por dinero, y por los contratos que hizo su Gobierno para asesorías. Presidencia, los ministerios de Economía, el Banco Central y hasta la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) podrían tener vacíos legales cuando contrataron a abogados y técnicos que impulsaron los préstamos y endeudamientos que hoy se cuestionan. Esos informes se publicarán, según Celi, en los próximos días.

Las preventas de petróleo, la emisión del Decreto 1218 -que ocultó los datos de deuda pública interna- también son motivo de estudios al expresidente. El decreto, por ejemplo, escondió los montos de los Cetes.

No acepta la culpa por los Cetes

El expresidente dijo a EXPRESO que por ley los Cetes no se contabilizan como deuda porque solamente duran un año. “Es hasta estúpido no utilizar la liquidez, la plata del Banco Central es nuestra plata. Es un poquito el encaje de los bancos, pero el resto son los depósitos del propio sector público. ¿Cómo nos podemos morir de sed al lado de la fuente?”.

Pese a la defensa, dijo que no autorizó esos Cetes. En Twitter, en cambio, criticó al contralor Pablo Celi por sus decisiones.

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