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Edición #4866 |  Ecuador, martes, 23 de octubre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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A PRETEXTO DE TRANSICIÓN SE ESTÁN "FARREANDO" LA LEGALIDAD EN ECUADOR

2018-09-24 19:06:00
Análisis
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Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz exclusivo para www.ecuadorinmediato.com

A medida que pasan los días de este proceso en el que le han metido al Ecuador, ese de la transición, se va comprobando como una cadena de actos ilegales en serie con los temores que han comenzado a asaltar a los "transitorios" y sus apoyos. La nación comienza a llenarse de vergüenza al ver como sus autoridades de control y justicia han sido humillados públicamente por su posesión ilegal, y que al ser demandados por usurpación de funciones corre el riesgo de ver como muchas de las causas que intervinieron sean declaradas nulas porque nulos fueron sus cargos y posesiones a la fuerza.

Partamos de la historia para graficar el tema. En octubre de 1987 el Congreso destituyó a Luis Robles Plaza, ministro de gobierno de León Febres Cordero, por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron en ese nefasto régimen, pero, en actitud atrabiliaria el presidente decidió no aceptar la destitución y Robles Plaza se quedó en el cargo hasta diciembre de ese año. Un día, una pareja zalamera con el poder de los socialcristianos quiso casarse y pidió que sea el mismo Robles quien los case, cuando acudió a la ceremonia un funcionario del Registro Civil impidió que actúe el controvertido personaje ya que al ser ilegal su presencia en el gobierno podía anular el matrimonio y todos los efectos legales del mismo. Robles Plaza humillado se retiró esa semana del ministerio a pesar de las exigencias de Febres Cordero a que siga abusando del poder.

Es público y notorio y queda registrado para la historia que la consulta popular del 4 de febrero de 2018, por sus malos antecedentes y todos los actos que le siguieron a la imposición de esta por parte del gobierno del presidente Lenin Moreno Garcés, fue inconstitucional e ilegal. Por ende, el origen mismo de esta transición tiene ese carácter y los pasos siguientes se han contaminado de esa ilegalidad por abusos, irregularidades e ilegalidades que a estas alturas lo han llevado al fracaso de la misma.

Es que el proceso transitorio no solo ha sido viciado de forma sino de fondo. Mírense las actuaciones violentas del doctor JC. Trujillo ofendiendo a la dignidad de los que tenía que evaluar; escuchen las declaraciones de los consejeros aduciendo que su comportamiento puede ir más allá de la constitución con la cual justifican que no se haya respetado el debido proceso para sacar a empellones del cargo a funcionarios a los que no se les dio el derecho a la defensa, o se hizo una simulación de evaluación carente de objetividad llegando al extremo de las ofensas y ataques a la honra de las personas al ser considerados una caterva de mafiosos, al tiempo de rehuir a las acusaciones de los propios evaluados, como el caso del Consejo Nacional Electoral que les enrostró esa ilegalidad con la que nacieron y actúan

El tema ha ido creciendo en ilegalidad, para ello basta con verse el penoso espectáculo que dieron los funcionarios del Consejo de la Judicatura transitorio acusándose entre ellos del reparto de juzgados como en caso de Samborondón, o las cartas exigentes para que los jueces expliquen sus sentencias a las que les quisieron meter mano en un comportamiento indigno. El director Vizueta Ronquillo es denunciado por seguir actuando como abogado litigante y se niega a salir del cargo, y para llegar más lejos la salida del consejero Pablo Albán deja una estela de dudas grave ya que denuncia la escucha y grabación de sus conversaciones, lo que en sí es irregular, pero en lo de fondo se le oye hablando con juez a nombre de todo el consejo pidiendo explicaciones de sus actuaciones en la justicia, ¿Y a eso cómo lo llaman? ¿No es meter mano en la justicia?, no puede ser más grotesco el asunto.

 

Pero como actúa el jefe lo hacen sus subalternos, es decir si hay ilegalidad en el comportamiento de la Junta de Notables, lo asumen también con la misma fuerza quienes llegan a la función electoral. Esta semana fueron denunciados por sus excesos e ilegalidades contra el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) al que se niegan a reconocer su directiva, proceden entonces a declarar su intervención para lo cual crean una comisión que será capaz de revisar desde los procesos internos hasta llegar a la reforma de los estatutos y principios del partido, lo cual desata las alarmas de tan alto grado de abuso del poder. Serán entonces intervenidos padrones, afiliaciones, documentos, y hasta gastos o dineros que les cuesten por esta decisión transitoria. Y todo porque – según denuncian los propios socialistas en comunicado público- se trata de zanjar un lio sentimental entre la vicepresidenta del organismo con su pareja, entonces arrasan con la legalidad convirtiéndolo un asunto del corazón. Banalizan la política e infectan con el irrespeto por la legislación.


Pero, si esto ya es grave, peor es que no se hayan previsto las consecuencias que puede traer la ilegalidad de los nombramientos de dos autoridades de control y justicia, ya que puede repercutir en forma muy grave para el estado por causar nulidades futuras que se vuelvan en nuestra contra como nación. Esta semana ya se pudo advertir una primera señal muy grave de esto.

El Ecuador no tiene un Contralor General del Estado legal y legítimo como corresponde por ley. Quien funge de tal, Pablo Celi de la Torre, fue destituido del cargo el pasado 26 de mayo de 2017 por Carlos Pólit cuando todavía estaba en funciones. Por ende, la forma como el mencionado personaje se toma el cargo rompiendo documentos oficiales, pero que no logra destruir el acto administrativo de destitución lo convierte en ilegal su actuación como sus funciones. De inmediato procede a declarar su propia guerra contra el correismo adosándose a la estrategia de la transición y así generar apoyos de quienes están involucrados en esto que aplauden las decisiones del subrogante encargado. Pero, lo que está haciendo Celi de la Torre es ilegal e irregular, por lo cual al usurpar el cargo comete una serie de delitos y provoca la nulidad de todas sus actuaciones. A no dudarlo, es debería ser una señal de alarma ya que en algún momento va a repercutir contra Ecuador porque ha sido denunciado nacional e internacionalmente como un ataque al estado de derecho.

 

La segunda alarma se disparó esta misma semana con el inicio del juicio del proceso de enjuiciamiento por el caso Balda contra el expresidente Rafael Correa. La actuación del doctor Paúl Pérez Reyna no pudo ser más desastrosa y causó alta preocupación en el país al mirar en que manos se ha encargado la fiscalía y administración de justicia.

Como fue ilegal fue el inicio de la transición, peor ha sido lo que devino en una suerte de comparsa con la destrucción de la institucionalidad para tratar de parchar las ilegalidades que se están cometiendo. El Fiscal Pérez Reyna fue nombrado por JC Trujillo, para eso se inventó una serie de atajos que le llevaron a establecer que el era el mejor puntuado de los concursos mañosos que Trujillo mismo atacó; y como no tenía mejor cosa que hacer se inventó la figura de Fiscal encargado cargo que no existe en el estado ecuatoriano y procedió de manera indebida a posesionarlo en su despacho, en un acto que incluyó hasta el juramento y promesa de ley sustituyendo de forma burda y grosera a la Asamblea Nacional que es la que por orden constitucional debe proceder con esta ceremonia de formal posesión en el cargo. Es decir, ilegal fue el nombramiento, ilegal su posesión.

Si uno mira la expresión del rostro del doctor Pérez Reyna, en la audiencia del pasado martes 18 de septiembre, cuando el defensor del expresidente Rafael Correa, el doctor Caupolicán Ochoa, que le cuestionó su presencia legal en el juicio, al exponer a la sala que el Fiscal General del Estado no puede actuar por ser solo un encargado ilegal y no contar con la debida posesión lega y constitucional, se entiende que el mensaje desató una reacción de asombro en el funcionario que debe asumir las consecuencias de un nombramiento ilegal y, que para colmo estaba provocando la nulidad del caso Balda y otros más.

Lo que vino a continuación en doble jornada fue peor para el doctor Paul Pérez Reyna, sea por el llamado de atención de la jueza Camacho, al presentar de manera indebida el sobreseimiento no anunciado de dos acusados en el caso o, por el rechazo contundente a su propuesta de proceso abreviado Y cooperación eficaz en favor de los inculpados Chicaiza y Falcón, porque no se puede pedir una pena menor a 24 meses, tema que el fiscal debía saber y conocer y que no pudo argumentar en contrario. Todo esto impuso serias dudas sobre lo que esta haciendo quien se presenta como Fiscal, sea por su actuación cuestionada, sea por su legalidad controvertida con la nulidad amenazante que se viene por este tipo de comportamientos ilegales.

Este punto de lo ilegal de los actos del Fiscal o Contralor General del Estado eran motivo de comentario entre juristas y subordinados a los dos, pero nadie se atrevía a denunciarlos. Por ello, fue el jurista guayaquileño José Regato Cordero, quien en un acto valiente en busca del respeto por la ley y la justicia acudió ante un juzgado para denunciar a Paúl Pérez Reyna y a Pablo Celi de la Torre por USURPACIÓN DEL CARGO al que habían arribado de forma irregular. Con ello, el doctor Regato anticipa sobre la nulidad de todo lo actuado por estos dos funcionarios, a mas de la advertencia a los jueces de haber cometido prevaricato al aceptar la actuación de estos dos presumibles ilegalmente nombrados. Las consecuencias de esa nulidad pueden ser desastrosas para la nación, que ya se ve enfrentada a demandas internacionales por atropellos del estado de derecho que se están dando en Ecuador a pretexto de transición.

 

El punto culminante del reclamo por este atropello a la ley ejecutado por todos aquellos que aducen la transición fue la declaración de la función judicial en pleno, encabezados por la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, que reclamó por la honra de los funcionarios que había sido violentada por los transitorios con juzgamientos anticipados. De igual forma, la denuncia ante la ONU del excanciller Guillaume Long, o la presencia de abogados veedores internacionales en el caso Balda  que denuncian en forma contundente que en el Ecuador se ha afectado su institucionalidad, se ha violado la ley y  destruido el estado de derecho, con las consecuencias que se aproximan para sancionar al estado, al gobierno y a los provocadores de esta transición, que puede llegar inevitable con el paso de los días o años, pero llegará a fin de cuentas.

 Al final, los transitorios a pesar de que andan de farra total, de  fiesta en fiesta, de homenaje y sarao, recibiendo condecoraciones y honoris causa a granel, comienzan a admitir por lo bajo que  la transición podría haber fracasado, y todo porque llegaron a atropellar la dignidad de las gentes, destruir la honra de las personas, afectar a quienes eran correistas a su juicio y finalmente ensuciar la legalidad del proceso.  Mas daño no pudieron haberle hecho a la nación, peor crisis no se pudo provocar convirtiendo a la sociedad en una especie de pueblo de bárbaros como sentenciaba Montalvo contra aquellos que sabiendo de la existencia de la ley la atropellan a su conveniencia. (FHA).


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Dr. Francisco Herrera Araúz es Director General de Ecuadorinmediato.com
Ecuamex Agencia productora de contenidos editoriales para @ecuadorinmediato.com 2018

 Fuente fotos Archivo Ecuadorinmediato /Lahora.com.ec

 

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