Donaciones
EL PERIÓDICO INSTANTÁNEO DEL ECUADOR
Donar
Conozca más
Edición #4866 |  Ecuador, viernes, 19 de octubre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores

CONSEJO DE LA JUDICATURA INSISTE EN LA REVISIÓN DE CONTRATOS

273

EL UNIVERSO

Contratos para infraestructura judicial con sobreprecios, en algunos casos entre el 51% y el 72%, amplias construcciones para un reducido personal y entrega de diseños antes de la firma de contratos son algunas de las irregularidades detectadas por la coordinación estratégica de infraestructura civil del Consejo de la Judicatura (CJ).

El informe fue expuesto ayer por el vocal del CJ Aquiles Rigaíl y el coordinador estratégico de infraestructura civil, José Cisneros.

El análisis comprende en parte del periodo del CJ transitorio que lo presidió Paulo Rodríguez, según Rigaíl.

Obras con sobreprecios

Entre los casos que se detectaron constan, por ejemplo, el de la Unidad Judicial de Latacunga, donde una obra que debía haber costado alrededor $ 2 millones costó $ 7 millones, con un sobreprecio de 72%.

En Guayaquil,  el complejo judicial de Florida Norte que debía costar $17 millones, costó $ 34 millones, esto es, más del 51%.

“Mientras la gente se asfixia en el complejo de Albán Borja porque no hay aire acondicionado, en cambio $ 160 millones se han distraído de una manera rara”, dijo el vocal.

Otro caso fue el Centro Judicial de Balsas, en El Oro, que tiene apenas 6 funcionarios y 3 mil m2 de construcción. "Parece un cancha de fútbol y hay solo poquísimos servidores, en muchos cantones se nota el desperdicio y el derroche de los dineros del país".

El complejo judicial Norte de Quito tiene un excedente del 28%. Debió hacer costado alrededor de $ 40 millones pero el contrato fue de $ 55'857,092.67 sin tomar en cuenta los contratos complementarios ni los aumentos de obra, mientras que la Unidad Especializada de la Función Judicial de Otavalo registra un excedente del 58%. Se contrató por un monto de 7´736,570,50 cuando su costo debió ser de unos 2 millones de dólares.

Contratos de consultoría

Cisneros recordó que por mandato de la consulta popular en el 2011 se declaró en emergencia la Función Judicial. En el período de ese CJ de transición se contrataron 56 consultorías de estudios y diseños, de las cuales al momento 39 se encuentran en proceso de cierre porque, en algunos casos, incumplieron con las entregas.

Durante el período comprendido de septiembre 2011 a enero 2013, los 56 contratos de consultorías (42 en 2011 y 14 en 2012) fueron suscritos por un monto de 10´152.538,89. Estos abarcaron un total de 111 proyectos de estudios y diseños. Es decir que algunos contratos abarcaban para dos y para tres proyectos.

La consultoría fue hecha para realizar los diseños de estas obras que se iban a construir, pero lo raro, agrega Cisneros, está en que un contrato de este tipo para hacer una casa por pequeña o modesta que sea se requieren más de 15 días, incluidos los permisos de construcción y la aprobación de planos.

Sin embargo, se firmaron contratos de diseños en un plazo de 15 días, lo que resulta imposible porque cualquier trámite municipal se demora mucho más. También se dieron contratos con 60 días de plazo a aquellos contratistas que tuvieron hasta 20 proyectos a la vez.

"Esta velocidad produjo que haya problemas en la conclusión de las obras, retrasos, suspensiones, incrementos de costos, es decir los diseños no fueron los que se esperaban y tal es así que en algunos casos se dejaron de lado esos diseños", agregó.

Contratos de obra y fiscalización

En este período del CJ transitorio se contrataron 87 proyectos de ejecución de obra, remodelación y mejoramiento de las edificaciones y 71 contratos de fiscalización de obra por un monto total de $ 303'936.918,97.

Según el análisis, se iniciaron las construcciones sin contar con los estudios y diseños completos, ni la documentación habilitante para su ejecución, como son títulos de propiedad de los terrenos. "No había la certeza de la propiedad de los predios, es decir se hacían los diseños en otros predios que no eran del CJ, sin permisos ambientales y de habitabilidad", agregó.

REN (Rubros ejecutados no contractuales)

Para estos rubros se debieron realizar contratos complementarios. Si bien se declararon en emergencia solo era para el proceso precontractual, expresó Cisneros. "No se hicieron rubros nuevos (...) no se hicieron aumentos de obras. Simplemente construya, usted me presenta los precios que uste quiera y yo le pago con convenios de pagos", dijo.

En 56 contratos arrojaron convenios de pagos por $41.5 millones, adicionales al costo de $ 304 millones. Algunos de estos convenios también están con sobreprecio alrededor del 20%. Unos 27 convenios se dejaron sin efecto, es decir sin pagar porque no tienen un contrato. "Deben justificarse la legalidad de dichos pagos ya que los convenios de pago generados en una institución son instrumentos de excepción y por una sola vez, lo que impediría realizar los pagos  a esta administración, por esta vía".  (I)

Comentarios

Liberación de responsabilidad y términos de uso:

El espacio de comentarios ofrecidos por EcuadorInmediato, tiene como objetivo compartir y conocer sus opiniones, por favor considere que:

  • El contenido de cada comentario es responsabilidad de su autor, no representa ninguna relación con EcuadorInmediato.
  • Usamos la plataforma Disqus para identificar los autores de cada comentario, de tal forma que podamos crear una comunidad.
  • Todo comentario que atente contra la moral, buenas costumbres, insulte o difame será eliminado sin previo aviso.

Este espacio es suyo por favor utilícelo de la mejor manera.