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Edición #4866 |  Ecuador, martes, 23 de octubre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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Fiscalía intentó "introducir pruebas forjadas a última hora" en caso Petroecuador, revela Jorge Vivar (AUDIO)

2018-10-12 07:59:00
Entrevistas
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Octubre 11 - Jorge Vivar

Asegura que existen presiones para que justicia lo acuse de peculado, cuando se ha comprobado que es inocente

Para el próximo 23 de octubre se reinstalará la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de peculado relacionado a Petroecuador en donde son acusados el exministro Carlos Pareja Yannuzzelli; el exsubgerente de Operaciones, Diego Tapia; el exdirector del Proyecto de Rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, Álex Bravo; y Jorge Vivar, de la empresa Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica (JVSIM). El fiscal Mario Salazar acusa a Pareja de autor, mientras que, a Bravo, Tapia y Vivar de coautores. Asegura que los ahora exfuncionarios petroleros "mal administraron" y "abusaron de fondos públicos en beneficio de Jorge Vivar" y JVSIM. En declaraciones para Ecuadorinmediato.com, Vivar reiteró que está siendo procesado y acusado injustamente, pero además, reveló que la Fiscalía trató de "introducir pruebas forjadas a última hora" en el caso.

Recordó que este tema inicia desde que la Contraloría General del Estado realiza un examen especial a un contrato que estaba en ejecución, lo cual es ilegal. “Un contrato en ejecución no puede ser auditado por la Contraloría porque viola la ley, pero se genera un informe con indicios de responsabilidad penal sobre tres aspectos: 1) Que mi empresa estaba inhabilitada para contratar 2) Que, supuestamente, había un sobreprecio (haciendo comparación con una oferta que había presentado 6 meses antes, en un contrato y con condiciones distintas) y 3) Que tenía una multa de más de USD$3 millones”.

“Esos tres elementos se llevaron a la Fiscalía. En su momento, el fiscal Hugo Pérez, al haber recibido el informe, y sin siquiera recibir las versiones completas de los procesados, abrió una instrucción fiscal el 31 de enero de 2017. Ese proceso da 120 días de investigación cuando se vincula, en el camino, a otras personas”, explicó.

Rememoró que, en este tiempo se realizaron 4 pericias: 1) De contratación pública por la perito Lorena Espinosa Salazar, 2) Contable por Gustavo Rojas, 3) De ingeniería Mecánica, para verificar la calidad de los materiales y del trabajo y 4) Una financiera contable para verificar la primera. Sin embargo, en el camino, el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) emitió una certificación ratificando que los contratos que se estaban revisando no se habían hecho en el país ni por Petroecuador, por lo que no existe una referencia de precios unitarios que puedan validar si el costo es o no el que se debía cobrar.

“De hecho, el único autorizado por el SERCOP para poder determinar si los precios le convenían o no era Petroecuador. Yo participé en un proceso en donde el segundo oferente tenía una oferta de USD$19 millones de dólares más alta que la mía. Además, al contrato le deben 13 planillas hasta la actualidad y Petroecuador decidió acogerse al informe de Contraloría, a las multas –que son más grandes que el contrato-, ejecutar las garantías y terminaron unilateralmente el contrato”, dijo.

Según Vivar, el verdadero perjuicio es que se están “tirando” USD$7 millones de agua desmineralizada “al piso”, que se podían haber recuperado si es que se terminaba el contrato. “En todo caso, hoy nos encontramos en una audiencia de juicio que no debería llevarse a cabo porque después de las investigaciones, ninguna de las pericias probó que había peculado, sobreprecio o multa”.

“Por esta razón es que, después de que retiran al fiscal Hugo Pérez del caso, por llevarlo con irregularidades; el fiscal José Maldonado emite un dictamen abstentivo a mi favor. Con eso, el juez Freire dicta un auto de sobreseimiento a mi favor, que ejecutorió cuatro días después. A los cuatro días, Petroecuador apela como supuesta víctima, pero apela al sobreseimiento de Carlos Pareja Yannuzzelli y Diego Tapia, no al mío”, detalló.

Según relató, este proceso va a la Corte Provincial, instancia en donde se resuelve, sin que se le notifique, anular todo lo actuado por el juez Geovanny Freire. “No siguen, ni siquiera, el debido proceso establecido en el Código Orgánico General de Procesos (COGEP), porque mi sentencia fue ejecutoriada, yo fui sobreseído, no se me puede juzgar dos veces por la misma causa. La injusticia de este país, para calmar la voracidad mediática, aceptan y dicen que bueno, que sea procesado nuevamente”.

“Pero el tema va más allá. La fiscal Elba Garzón, el 14 de febrero de 2018, nuevamente dice que no encuentra nada para sustentar este caso y la jueza Paola Campaña sobresee de nuevo a todos, pero había un estruendo mediático y había que satisfacer al circo. Entonces se pidió revisar los dos dictámenes: el del fiscal Freire y el de la fiscal Garzón. Además, ilegalmente, el fiscal provincial –porque en esa época los compadritos se habían peleado-, que reemplazó a la fiscal Thania Moreno, solo firmó y dijo que nos vuelvan a procesar porque sí hay elementos de convicción”, contó.

En la audiencia de juicio, dijo, la prueba fundamental que presenta la Fiscalía es el informe de Contraloría antes mencionado, con indicios de responsabilidad penal, cuando este documento es, simplemente, una notitia criminis (noticia criminal-denuncia). “Existe el informe de la pericia de contratación pública que dice que yo estaba inhabilitado porque dice que yo hice las bases (del concurso), cuando en el juicio se ha demostrado que de la propuesta técnica-económica que presenté en otro contrato y en otro proceso, Petroecuador, el Departamento de Logística y Abastecimiento, misteriosamente, copia y pega la oferta de mi empresa y la convierte en bases. El error de Petroecuador quieren que lo pague yo”.

Según Jorge Vivar, todo este proceso de persecución, inició desde que el activista político Fernando Villavicencio mencionó su nombre. “Él ha nombrado a muchos contratistas, entre ellos a mí, pero da la casualidad de que yo he sido el único que salió a desmentirlo, al único que le inventó cosas que no han sido demostradas a la fecha, por ejemplo, que no tengo experiencia”.

“Pero yo he construido, personalmente, 23 plantas en el mundo: 6 en China, 17 en Arabia Saudita; de las más grandes del mundo. En Ecuador he edificado 4 plantas de procesos durante la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas y todas están funcionando perfectamente, a un costo menor que la que ofertaron los coreanos, a un tercio del valor”, expuso.

Indicó que luego de que fue sobreseído se le levantaron las medidas cautelares que pesaban en su contra y pudo ir a trabajar a Perú, en donde estaba trabajando en la construcción de 6 plantas de procesos con un costo de USD$5 mil millones. “Pero he tenido que dejar abandonado ese trabajo para volver a poner la cara en este proceso espurio, falso y completamente violatorio a mis derechos constitucionales”.

Uno de los últimos testimonios que presentó este 10 de octubre la Fiscalía fue el de la perito Lorena Espinosa, de contratación pública, quien aseveró que Vivar estaba inhabilitado porque insiste en que dio el insumo para las bases del concurso, por lo que el acusado reiteró que aquello fue “copiado y pegado” por Petroecuador. “Fue un plagio a mi trabajo. Es decir, las instituciones públicas, para poder establecer presupuestos referenciales, como actividad normal, le piden cotizaciones a los contratistas, eso no los inhabilita. Eso fue lo que hicieron conmigo, me pidieron una cotización, pero luego copiaron lo puse allí y lo convirtieron en bases”.

“Eso, ahora, me hace delincuente. O sea, un error de Petroecuador, para todo el mundo, me hace delincuente. Imagínense el antecedente que se va a formar en el país, ningún contratista podrá presentar una oferta porque entonces ya no podrá participar. Será la forma más sencilla de echar abajo un concurso porque el contratista puso una oferta anterior”, expresó.

Vivar se considera un perseguido porque “estoy como un sánduche, porque yo no soy ni correísta, ni opositor, ni morenista. Yo soy un constructor esmeraldeño que volvió a su país a entregar lo que sabe y que trajo todo lo que hizo en el extranjero para invertirlo en su tierra, en Esmeraldas. Todo lo que hicimos fue con esmeraldeños, demostrando que en Ecuador existe el potencial hasta para construir. No lo digo con soberbia, sino con orgullo. Los ecuatorianos estamos en capacidad de construir la Refinería del Pacífico porque lo hemos demostrado y a mejores precios”.

“En el extranjero tengo trabajo, pero en mi tierra soy perseguido, ¿por qué? Yo no soy político. Me persiguió el gobierno de (Rafael) Correa, sí; lo hicieron a través del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía y ¿por qué ha durado tanto este proceso? Porque es mentira y porque lo han tenido que apalancar con más mentiras, porque la perito Lorena Espinosa fue la penúltima testigo del fiscal Salazar y añade a su pericia otros componentes que no estuvieron hace más de un año en su pericia y que hacen parecer que hay peculado”, reveló.

Según el imputado, acotó otras ofertas de su empresa, diciendo que la anterior era más barata. “Si a mí me piden que construya una casa de un piso, pues el precio es XX, pero si ahora me dicen que construya una de cuatro pisos, pues va a valer más. Pero aparecen elementos que nunca antes estuvieron y que no se encuentran en el expediente, los introduce ahora tratando de inducir o de engañar a los jueces del Tribunal para hacer creer que hay peculado”.

Sin embargo, el tema va aún más allá, mencionó. Comentó que cuando terminaron los 120 días de instrucción fiscal, todo el expediente se debe sellar, pero el Fiscal “introduce” pruebas obtenidas en abril, en la víspera de la audiencia de juicio. “Fueron 8 pruebas (que fueron excluidas) forjadas este año. En el artículo 5 del Código Integral Penal (COIP), literal 21, dice que la Fiscalía tiene que mantener el principio de la objetividad”.

“Es decir, tiene que analizar, tanto los elementos de cargo como los de descargo. Pero además, el fiscal Mario Salazar tuvo la audacia de pedirle a los jueces que se haga una nueva pericia contable cuando se hicieron dos, allí dicen que los precios están acorde a lo que se gastó, que no ha habido perjuicio al Estado ni multas, que los materiales fueron instalados correctamente. Entonces, ¿por qué el Fiscal, violando el artículo 5 del COIP también pretenden meter como pruebas, elementos del informe de responsabilidad penal?”, reclamó.

Para Jorge Vivar, el Fiscal está siendo presionado porque al inicio de la audiencia en donde iba a comenzar a sustentar su teoría para la acusación, la autoridad exclama “¡me ha tocado venir a acusar porque así lo decidió la Fiscalía Provincial en su momento!”. “Lo dijo literalmente y está grabado. Cuando un Fiscal viene con eso y empieza a poner o a forjar pruebas, ¿qué podemos pensar? Que está presionado”.

“Yo no sé qué puedo esperar de la justicia ecuatoriana. Lo que sé es que soy inocente y voy a pelear hasta el final, así me tenga que pasar años, ir a instancias internacionales, pero yo tengo que hacer prevalecer mi derecho porque, en este país, hoy nos vemos avocados a demostrar que somos inocentes y no ellos a demostrar que uno es culpable”, lamentó.

También coincide en que este caso es político porque se ha dicho en repetidas ocasiones que “se han robado USD$1.000 millones (en la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas)”. “Perfecto, ¿dónde está el dinero y quiénes se lo robaron? La ingeniera Flor María Guerrero Mosquera fue la que auditó a la empresa coreana SK Engineering & Construction Co. Ltd. y el informe salió limpio”.

“En enero de 2016, el entonces secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, denunció que uno de los contratos de los coreanos había sido manipulado previo a su firma, entre Carlos Pareja Cordero (CAPACO) y Carlos Pareja Yannuzzelli (CAPAYA). Ese contrato, Flor María Guerrero, en marzo de 2016, lo declaró limpio por Contraloría y si allí no se emite nada pues entonces todo está perfecto”, reclamó.

Por lo que para Vivar es inentendible que las empresas internacionales SK, WorleyParsons, KBC, Tesca –a pesar de tener dirección ecuatoriana tiene capital español-, MMR Group; que han tenido más de USD$1.600 millones en contratos, salgan limpias. “¿Han escuchado que haya un proceso penal en contra de estas compañías?, ¿Han escuchado que Veolia, una empresa envuelta a través de una compañía filial que es Galileo Energy, haya sido procesada? En todos los contratos en los que se hallaron sobornos, que hoy han sido sentenciados, ninguno de ellos ha sido procesados por peculado”.

“El único contratista, que ha tenido la decencia de dar la cara, de no irse del país, de no huir porque no tenía por qué hacerlo, de aceptar todas las imposiciones cautelares dispuestas por la justicia, soy yo. Llevo dos años en esto y aquí estoy y voy a pelear hasta el final porque soy inocente y tengo todo el derecho de decir lo que siento y todo lo que he dicho es público, consta en los audios. Es importante evidenciar que si se le bajaron 8 pruebas al Fiscal, esas fueron forjadas, las sacó este año cuando el límite era el 29 de mayo del 2017”, finalizó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com

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