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Edición #4866 |  Ecuador, miércoles, 14 de noviembre de 2018 |  Ver Ediciones Anteriores
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ECUADOR: ¿EN SERIO, LUCHA EL GOBIERNO CONTRA LA CORRUPCIÓN?

2018-11-05 19:00:00
Análisis
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Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz exclusivo para www.ecuadorinmediato.com

Como si fuese una especie de explosión en cuestión de minutos, el discurso oficial del presidente Lenín Moreno Garcés, los pronunciamientos de voceros, ministros y presuntos líderes de opinión, entre todos se han volcado a convocar a toda la nación para que aprecien sus esfuerzos de lucha contra con la corrupción. Bien por la patria, sin embargo, creo que los hechos que se vive en la nación dan a entender que otra es la realidad que contradice la estrategia gubernamental por la negativa del ciudadano a aceptar esta como una nueva oportunidad para creer en que esta acción es seria.

Desde el inicio del régimen, el presidente Moreno se empeñó en anunciar de su lucha contra los actos de corrupción llamando a denunciar todo delito “de los que se han cometido, se comentan o cometerán en el futuro” lo dijo y comprometió su palabra. Todo el tiempo posterior se evidenció entonces como un esfuerzo para enfrentarse con su propio grupo político, sus ex compañeros de gabinetes de los gobiernos que fue parte y, puso a disposición de fiscales y jueces todo un conflicto de presuntos actos dolosos de perjuicio en el manejo de la cosa pública.


Todo el gobierno se empeñó en crear una tendencia de acusaciones contra lo pasado, acusándolos de todos los males posibles, señalándolos como una “gobierno de mafiosos “culpable de toda la crisis que presuntamente había heredado. El expresidente Rafael Correa Delgado, mentor político del actual mandatario, fue el principal acusado y, tras los afanes de destruir la imagen política de la revolución ciudadana, se dio un proceso creciente de acusaciones que en principio lograron su objetivo.

 

Tan sonado ha sido el propósito de la lucha anticorrupción que el régimen apuntaló el enjuiciamiento y prisión del exvicepresidente Jorge Glas, dividió su bancada en el congreso usando la moneda de las traiciones y deslealtades, se usó a los poderes constitucional y electoral y se llamó a una consulta popular que tenía el propósito de anular políticamente a Rafael Correa, pero con la carátula aparente en la primera pregunta de lucha contra la corrupción, que por obvias razones la sociedad ecuatoriana aprobó con un sí mayoritario.

 

Han sido 16 meses del discurso machacón de lucha anti-corrupta, con graves rasgos violentos, con inculpaciones deshonrosas que se han convertido en exabruptos severos antes que en verdades notorios y evidentes. Los procesos judiciales se notan viciados de ilegalidades en su forma y en el fondo, la carencia de pruebas abunda y las irregularidades infestan de nulidad a los juicios sin que se entienda como hemos llegado a este grado extremo de manipulación grosera de la justicia.

 

De por medio esta la grave destrucción de la institucionalidad que es asumida por un consejo transitorio, que pone a dedo a funcionarios de control, fiscalía, judicatura o constitucional que llegan a los cargos de manera sospechosa, saltándose las legalidades necesarias que le dan la debida autoridad para analizar, juzgar o sancionar. Ecuador es un país que vive “del encargo” que no garantiza el respeto por ninguna norma, ley o código, los que han sido saltados, interpretados o asumidos como armas para luchar contra la corrupción y el correísmo, como si fuesen sinónimos.

 

Tras el griterío ensordecedor que hizo masa crítica el Ecuador asumió como cierto que “todo está corrupto” como lo han dicho al unísono sus líderes políticos, empresariales, gremiales y de opinión pública. La nación ha presenciado un espectáculo dantesco de lucha contra esa corrupción que tiene ribetes de ilegalidad o inconstitucionalidad y que ha generado verdaderos linchamientos mediáticos contra los presuntos acusados sin respetar el derecho a la honra o la presunción de inocencia, aupados por las declaraciones de los voceros del gobierno que llegan hasta el extremo de arrogarse funciones judiciales altisonantes para dictar órdenes de prisión, arraigo o extradición por encima de todo y de todos.

 

Pero, aquí viene el “pero”, hay un listado nada despreciable de hechos que, al parecer se les ha olvidado y que están infectando a toda esa lucha, y que demuestran que no se enfrenta a la corrupción en su verdadera dimensión.

 

El caso más sonado es el de los brasileños delincuentes de ODEBRECHT, que corrompieron al sistema político en todo el continente, en una estrategia perversa que ha destruido la dignidad de las naciones afectadas por esta. En el caso ecuatoriano es grave que la transnacional brasileña no esté sindicada ni enjuiciada por sus delitos. Un obscuro acuerdo de mandatarios, jueces y fiscales, le ha librado de culpas en Ecuador al punto de tener que mirar ahora como Odebrecht gana premios por su actitud de reconocimiento de sus actos, y es ofensivo a la nación que “Transparencia Internacional” le otorgue una especie de certificado de honradez como contratista. Indignante.

 

No se lucha contra la corrupción cuando hay un escandaloso caso de evasión tributaria con más de 17.790 empresarios sindicados en el delito de facturación falsa que ha provocado un perjuicio por más de US$ 2 mil millones de dólares. El régimen en vez de cobrar estas deudas, enjuiciar y mandar a la cárcel a los culpables, opta por la remisión tributaria y despide al director del SRI, Leonardo Orlando, por haber denunciado este atraco. Y, si se acusa de sobreprecio a las obras públicas, es vergonzoso que no esté ninguna empresa contratista del estado enjuiciada y sus gerentes presos. Eso no es luchar contra la corrupción, es ser cómplice de la misma

 

Contribuye a infestar de corrupción el tener un contralor subrogante, que destruye ante toda la nación su destitución y se asienta en el cargo para ejercer la función con consigna propia y perseguir a los rivales políticos del régimen. No importa para nada que sea ilegal y nulo lo que hace, total ni siquiera el consejo transitorio es capaz de evaluarlo y, sigue fomentando la corrupción con cada firma que pone en todo documento que confirma su ilegalidad. Ahora, clama por una consulta popular que le respalde sus ilegalidades como temiendo el futuro.

 

Es corrupción violar leyes y derechos. El Fiscal y los jueces parecen ser parte de esta comparsa trágica ya que intervienen en los casos, acumulan acusaciones contra las personas, violentan las formas en los juicios, se niegan a aceptar las pruebas de descargo, no presentan acusaciones legalmente sustentadas ni pruebas que validen sus investigaciones. Sus sentencias se acomodan a la opinión del régimen inculpante y logran sus afanes de justicia manoseada contra la cual no hay como señalar nada, porque a fin de cuentan han saciado su sed de venganza. Los casos de Jorge Glas, Balda, Espín o de los hermanos Bravo, son los más evidentes de esta actuación negativa que al parecer viola el debido proceso. Que quede en claro que no se combate a la corrupción con más corrupción.

 

Si se quiere señalar a la corrupción, debe el gobierno aceptar que la ineptitud para asumir una función es un hecho digno de ser analizado como este vicio, porque el que no cumpla con su propio presupuesto que a Junio del 2018 solo lleva ejecutado el 23% del plan de inversión, en un país con tanta necesidad, no puede ser calificado de otra manera. Es corrupción el anuncio de privatización que se viene con todos los servicios del estado, con la venta de las empresas estatales, con la repartición de la infraestructura nacional a manos de los voraces privados. El gobierno está cayendo todo lo que el país ha rechazado siempre, que le privaticen, que entreguen sus bienes para que otros los exploten. Muy claro, “toda, toda, toda privatización es corrupta, y si hay una excepción esa confirma la regla”.

 

Como no podía faltar a este vocinglerío, la campaña anticorrupción esta sazonada por las linduras de los canales de televisión que se esmeran en convertirse en comisarías y todos los días estrenan nuevas acusaciones y, como si fuesen fiscales frustrados, acusan sin respetar la honra de las gentes, sin valorar el derecho humano de protección de la imagen y reputación de las personas. Junto al discurso del gobierno que “todo es culpa de Correa” Para ellos no hay derecho a la presunción de inocencia, solo es su palabra la que vale, no hay derecho de réplica y menos de sanción contra tamaño despropósito. El ambiente se caldea a cada momento por esa modalidad de “lucha” sin aceptar que “corrupción con venganza es doble, porque deshonra”.

 

Digamos que todo “iba bien” hasta que a todo este aparato “anti-corrupto” le saltó su propio pus, con una acusación que implica a todo el sistema político, económico y gubernamental de la nación: el robo de los cobros indebidos.

 

El problema que hoy nos aqueja tiene un alto grado de corrupción del sector privado, que es el originario principal de toda corrupción en todas partes, ya que se cometen delitos graves como: abusar de la confianza del público al cobrar indebidamente; al traficar las bases de datos para uso comercial indebido o; arrebatar y sustraer bienes o valores de las personas por medios electrónicos en forma abusiva e ilegal. Esos son delitos, eso es corrupción, eso debe enfrentarse no encubrir.

 

Todo eso es un marco del delito que involucra a: bancos, financieras, tarjetas de crédito, empresas de comercialización telefónica, de servicios y demás, le suma directamente al gobierno del presidente Moreno, porque su secretario presidencial, Eduardo Jurado, es accionista principal de las empresas GEA y TASISTE, señaladas como las presuntas principales promotoras de estos cobros indebidos, mas 9 bancos que ya son investigados por las autoridades financieras. Mas, el gobierno ha callado en el tema, ha asumido un silencio injusto con toda una nación perjudicada, por ello no se le cree en sus discursos al mandatario, porque no actúa en beneficio de la nación, porque no defiende a los ciudadanos del atraco delictivo.

 

Las últimas horas han reflotado una serie de trinos de ministros y funcionarios en las redes sociales que exaltan el discurso presidencial anti-corrupto, pero solo es eso, una estrategia de imagen para lograr la parálisis colectiva de los perjudicados, o por el contrario a quienes se atreven a cuestionar son respondidos de manera agresiva como la periodista "retrasada mental" según el consejero Cuesta Caputti o, amenazar a la integridad de una ciudadana Raisa Vulgarin, como lo hizo el subsecretario de electricidad Mauro Intriago Legarda, que le indica que debe esconderse, a más de lanzar acusaciones ímprobas. ¿Es respeto eso?, como tomar las palabras del presidente Moreno en Cuenca, que llama a denunciar mientras sus funcionarios públicos ofenden a quien lo hace.

 

Ahora es cuando deben salir de la complicidad, el gobierno de Ecuador debe encabezar el proceso legal contra todos los inculpados, debe ser la Defensora del Pueblo,  Gina Benavidez, la que salga de su ineptitud y presente las debidas acusaciones y, sobre todo, este es el momento para que el Fiscal Paúl Pérez Reyna inicie la indagación previa contra gerentes de bancos, funcionarios financieros, titulares de empresas y tarjetas de crédito, por haberles vendido de manera abusiva nuestros datos, habernos robado nuestro dinero y afectar a toda una colectividad en cifras incalculables que solo el último año señalan algo más de US$ 500 millones de dólares, con lo grave que es que se remonta a años atrás, según lo denunció la exsuperintendente de compañías Suad Manzur. ¡Eso es corrupción carajo!

 

Si el régimen del presidente Lenin Moreno Garcés quiere que se tome en serio su lucha contra la corrupción debe actuar este momento en favor de la nación, es ahora o nunca. Que el mandatario en forma urgente propicie la devolución y el castigo para todos los inculpados por el robo de los cobros indebidos Y, no permita el gran atraco nacional que significará la privatización anunciada por sus voceros de gobierno, si no lo hace no le creerán nunca. La historia suele ser cruel para juzgar con quienes faltan a su palabra y no hacen lo que dicen, o más bien, dicen y no lo hacen. (FHA) 

 

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