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Edición #5231 |  Ecuador, miércoles, 23 de enero de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores
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"Facultades de Medicina, Odontología y Derecho aún no son acreditadas por el CACES", revela Rector (e) de U. de Guayaquil (AUDIO)

2019-01-11 07:40:00
Entrevistas
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Audio

Enero 10- Roberto Passailague

Comentó que aún no se conoce cual será el estado de las otras carreras de la entidad

El rector encargado de la Universidad de Guayaquil, Roberto Passailague, en entrevista con Ecuadorinmediato, se refirió a la prórroga de 2 años de intervención a la unidad de educación superior. Comentó que existen varios problemas en la entidad. "Todo es grave. Las facultades de Ciencias Médicas y Enfermería, Odontología y Derecho no logran acreditarse y no sabemos cómo estén las otras".

“La intervención inicial fue por causa de la grave conmoción interna que había en el interior de la universidad y eso de acuerdo al literal C del artículo 120 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) daba para que el Consejo de Educación Superior (CES) realice este proceso y disponga la suspensión de las autoridades vigentes en ese entonces”.

Indicó que ingreso una comisión a esta entidad para pacificar y normalizar las actividades en la unidad educativa. “Eso se hizo así por unanimidad de todos los miembros del CES. Esto empezó el 18 de octubre y en 45 días este organismo presentó un informe. Cuando se llegó a la universidad nos dimos cuenta del estado calamitoso en el que se encontraba la universidad”.

“La conclusión general fue que las mismas causas que originaron la intervención en el año 2013 persistían y por el contrario estaban agravadas. Trabajamos tres meses y luego al percatarnos de eso y que lo decían informes variados por parte de varias entidades, supimos que este proceso iba a ser largo”. Explicó que todos estos estudios establecieron que existían inobservancia de la Constitución, Leyes y normativa interna de la universidad.

“También fueron concluyentes en decir que había total desajuste, inoperancia y negligencia en los manejos en los procesos administrativos, financieros y educativos de la unidad. Esto proceso busca ayudar a la universidad de Guayaquil”. Explicó que el CES dispuso la prórroga de intervención por 24 meses y sean ratificados los miembros de la Comisión interventora.

Comentó que en la Universidad de Guayaquil, “todo es grave, en estos 90 días hemos hecho el diagnósticos y hemos actuado como bomberos apagando incendios. No habían pagado a los jubilados las compensaciones normales y complementarias desde el 2013, por ejemplo. Atendimos ese asunto”.

Asimismo anunció que se encontraron deudas con el seguro social por más de USD$ 15 millones de los cuales USD$ 6 millones eran de intereses. “Han existidos problemas por la falta de recalificación y revalorización de profesores. Todo eso es nulo. No hay un sistema de información centralizado confiables”. Indicó que todo esto va de la mano con la administración interna de la universidad.

“Lo que tenemos que hacer es garantizar una educación de calidad a los estudiantes, esto está garantizado totalmente. Pero tenemos que trabajar para llegar, más allá. Porque tres de nuestras facultades que están siendo evaluadas y no han podido ser re categorizadas ni logrado la aprobación. En dos años es imposible que se solucionen todos los problemas pero sí queremos que queden sentadas las bases de transparencia y poder convocar a elecciones después de estos 24 meses”.

Explicó que las facultades que aún no hay obtenido esta aportación son las de, “Ciencias Médicas y Enfermería, Odontología y Derecho. No es que son tres facultades que aún no han sido, sino que son las únicas que han empezado este proceso y no han podido acreditarse. No sabemos cómo estén el resto de facultades. Estamos seguros que con el acompañamiento de estas autoridades esto se va a conseguir”.

Passailague indicó que se establecerán planes remediables para suplir las deficiencias de trámites anteriores. “Realmente no sé cómo la anterior Comisión interventora, con bombos y platillos, aseguraron que la Universidad logró subir de categoría de la D a la B y ahora, no sé cómo es que las tres facultades más importantes no pueden acreditarse”.

Explicó que se debe investigar si es que las autoridades de este entonces actuaron por disposición de alguien. “Porque en ese momento querían manejar a la universidad de manera política. Si en el 2016-2017 se subió de categoría a esta entidad como es posible que ahora no acrediten estas facultades”.

“No hay congruencias. Nosotros tenemos que mejorar la calidad, pero ahora recién empieza el proceso real de trabajo porque el anterior fue de diagnóstico. Hay personas que dicen que se tiene que convocar a elecciones, que para eso fue elegida la Comisión, ellos están equivocados. Ellos están manejando la información, porque todavía existen reductos políticos que buscan repartir y pagar cuotas de poder de toda la universidad, si se convoca a votaciones estas personas volverán a entra al poder”.

Mencionó que la universidad estaba secuestrada por familias y grupos políticos. “Ha sido dirigida por una persona que ha ocupado una alta función del Estado que ha dicho que tiene intereses en la Universidad de Guayaquil”.

Sobre el tema de presupuestos recordó que este será el mismo que el anterior del 2018. “El Gobierno garantizó la educación superior. Cuando ingresábamos nosotros como comisión ya las autoridades habían enviado el presupuesto a Finanzas y nosotros lo que hemos hecho es aprobar un POA condicionado a que mediante el ejercicio financiero va a ser reformado de acuerdo a las reales necesidades de la institución. Porque yo estoy seguro que con este dinero bien utilizado y optimizado podría ser suficiente para cumplir con la misión sustantiva de la universidad”.

“Es cuestión de ser austeros. No gastar en un año de celebración, por ejemplo, se gastaron USD$ 150 mil dólares, o que para un árbol de navidad y un pesebre se gasten ocho mil dólares. Hay que revisar la asignación de los contratos ocasionales porque aquí ha habido casos que se han repartido a dedo a los amigos, compadres ahijados, para que salgan a hacer cuotas políticas”.

Aseguró que tras las investigaciones no se conoce a que se dedican 30 personas, “no se saben qué es lo que hacen en la entidad. Hay personas que no tiene nada que ver con una función. Tenemos que ver que exista pertinencia. Esto es una necesidad real porque hay mucho personal que no está haciendo nada”.

Explicó que hasta ahora no se ha renovado el contrato a 370 personas. “Tras este proceso se volvió a contratar a 70 personas porque se demostró que estas personas sí eran necesarias”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato

 

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