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Edición #5231 |  Ecuador, domingo, 21 de abril de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores

Menos de un millón para luchar contra el femicidio

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EXPRESO

La Ley de Erradicación de Violencia contra las Mujeres, proyecto emblema del actual Gobierno, se publicó en el registro oficial en febrero de 2018, entre bombos y platillos.

Alabada como una de las más progresivas de la región, la normativa planteaba la articulación de un registro único de casos y hacía énfasis en las políticas de prevención. Sin embargo, un año después, la ley no se aplica y tampoco tiene un presupuesto que la respalde.

Y es que, pese a una larga lista de casos de femicidio y abuso sexual que marcaron el inicio de 2019, entre ellos el crimen de Diana Carolina en Ibarra y el de Martha en Quito, respectivamente, que provocaron protestas a nivel nacional, el monto destinado para la ‘prevención y reducción de la violencia de género y otras violencias’ en 2019 se redujo de $ 8’676.624 el año anterior a $ 657.646. El único por qué vino de parte de una escueta respuesta de la Comisión del Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que llamó a la reducción “un proceso de optimización”.

No obstante, la disminución no responde a las cifras de violencia de género que arroja el país. Según datos entregados por la Fiscalía General del Estado a EXPRESO, en 2018 se reportaron 49.414 denuncias por violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres o miembros del núcleo familiar. Enero cerró con 165 causas.

También en 2018 se registraron 5.570 denuncias por violación, 1.813 denuncias por acoso sexual y más de 200 denuncias por abuso contras niños y niñas menores a 6 años.

Las demoras en la aplicación de la ley también responden a un repentino cambio de órgano rector, tras la supresión del Ministerio de Justicia, que era el encargado de liderar la articulación de la normativa. Hoy por hoy, la aplicación de la Ley de Erradicación de Violencia contra las Mujeres está en manos de la Secretaría de Derechos Humanos, pero su estado de implementación es incierto.

Este Diario solicitó respuestas a la entidad insistentemente a lo largo de una semana, pero una entrevista con Rocío Rosero, subsecretaria de la institución, nunca se materializó.

Lo que sí está claro es que la entidad solicitó a fines de año un incremento al monto establecido por el presupuesto nacional al Ministerio de Finanzas a 14 millones.

A mediados de enero, Rosero señaló a un medio local que para aplicarlo se debía reformular el plan y “ofrecer atención inmediata a provincias como Guayas, Pichincha, Azuay y Tungurahua”. Y añadió que el tema de la violencia de género se debe “declarar en emergencia” para poder llevarse a cabo.

Otros seis ministerios que deben ejecutar acciones dentro del marco de la normativa también han solicitado presupuesto. Hasta ahora, solo el Consejo de la Judicatura ha recibido un monto adicional.

No obstante, sin la dotación presupuestaria necesaria los propios legisladores tienen sus dudas sobre la posibilidad de aplicar la ley. Así lo indicó Dallyana Passailaigue, del partido PSC-Madera de Guerrero. “Lo dije cuando se aprobó la ley, que era solo un instrumento y el primer paso, pero no se logra establecer una articulación formal para su ejecución... Ernesto Pazmiño, secretario de Derechos Humanos, ha dicho que se necesitan al menos diez millones... pero en 2019 el panorama ha empeorado”.

Otros ministerios, sin fondos

La implementación de la ley involucra también a otros seis ministerios (SaludEducaciónInclusión Económica y SocialFiscalíaDefensoría del PuebloDefensoría Pública) que han indicado que para cumplir con su parte dentro de la normativa también requieren de presupuesto con el que no cuentan.

La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, solicitó $ 3 millones al Ministerio de Finanzas para la contratación de personal especializado. Aún no ha sido aprobado.

La Defensoría Pública, en cambio, señaló que necesitarán 200 funcionarios adicionales para lidiar con estas causas. “Necesitamos un defensor para el procesado y otro para la víctima. Es un promedio de $ 5 millones más a lo que tenemos”, ha indicado Ricardo Morales, coordinador nacional de esta dependencia.

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