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Edición #5231 |  Ecuador, miércoles, 20 de noviembre de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores

Minería significó más del 53% del total de inversión extrajera, según Cámara de Minería, la actividad extractiva responsable sería positiva para el país

2019-06-12 16:17:22
Economí­a
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Consultas populares en cuatro parroquias están en discusión en la Corte Constitucional

La Corte Constitucional deberá debatir sobre la propuesta de consulta seccional sobre la explotación minera en los territorios de las comunidades asentadas en las parroquias de Lita, Carolina, Jijón y Caamaño y Goaltal. La deliberación y decisión se centra en si el desarrollo de la minería en una zona particular puede ser o no objeto de consulta popular. La Cámara de Minería recordó que esta actividad representó más del 53% del total de inversión extranjera directa.

Añaden que la minería formal y controlada garantizaría el cumplimiento del marco normativo que la rige y trae consigo seguridad jurídica, desarrollo, generación de empleo, mayores ingresos fiscales, manejo social y ambiental responsable, ingreso de divisas, crecimiento y prosperidad para el Ecuador y, particularmente, las zonas de influencia de los proyectos.

También indican que la Política Minera, diseñada y presentada por el Gobierno Nacional, exige un impulso desde lo privado, con un horizonte a 2030. Este impulso generará dinamismo y la inyección de recursos a la economía a través de la inversión directa.

Segùn “Minería con responsabilidad”, se estima que entre 2019 y 2021, en la etapa de producción de los primeros proyectos estratégicos, la minería podría convertirse en el segundo pilar de la economía del país con un aporte del 4% al PIB, una inversión comprometida de US$ 1.157 millones y una proyectada de US$ 1.395 millones. La recaudación en impuestos de US$ 722 millones por (regalías, IVA, utilidades, impuesto a la renta y patentes de conservación).

La Corte Constitucional deberá debatir sobre la propuesta de consulta seccional sobre la explotación minera en los territorios de las comunidades asentadas en las parroquias de Lita, Carolina, Jijón y Caamaño y Goaltal. La deliberación y decisión se centra en si el desarrollo de la minería en una zona particular puede ser o no objeto de consulta popular.

Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, mediante comunicado indica que “el bien común es responsabilidad del Estado, por ello uno de sus deberes es planificar y promover el desarrollo sustentable, la redistribución equitativa de los recursos y garantizar el derecho al trabajo, al emprendimiento, al ejercicio de una actividad lícita, educación, salud, entre otro. El pedido de consulta a nivel local es atentatorio y viola este derecho”.

Mientras que la iniciativa pro minería responsable, propone que la discusión nacional debería girar en torno a si en el Ecuador se desarrolla la minería legal o a la actividad ilegal. La primera garantiza el control y cumplimiento del marco normativo que la rige; la segunda, abre la puerta a la inseguridad y delitos conexos de graves consecuencias, especialmente con el ambiente.

Fuente: Boletín de prensa Minería con responsabilidad, Boletín de prensa Rafael Oyarte

 

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