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Edición #5231 |  Ecuador, domingo, 8 de diciembre de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores
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ILEGAL: Que contralor "autonombrado" Pablo Celi de la Torre presente nombramiento legal de su cargo, o lo demandan por usurpación (DOCUMENTO)

2019-06-29 11:25:00
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Plataforma "Va Por Tí Ecuador" presenta además demanda de investigación a CPCCS

La plataforma ciudadana "Va por ti Ecuador" hizo público este sábado una exigencia a que el contralor "autonombrado" Pablo Celi de la Torre, quien viene actuando en condición de Contralor General del Estado subrogante, luego de destituir el acta de notificación de destiución el pasado 2 de junio de 2017, presente un documento legal de su nombramiento, ya que sería una actuación ilegal de su cargo la que mantiene dicho personaje al frente de la Contraloría, al tiempo de solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que inicie una in vestigación de este acto presumiblemente corrupto.

El documento de pedido señala entre otras cosas.

Desde la Plataforma “Va por ti Ecuador” seguimos con preocupación el estado actual de la figura de Contralor General de la nación, cargo que usted en principio ostenta como Contralor General Subrogante. Como usted recordará -y que es de dominio público- el anterior Contralor General del Estado, señor Carlos Pólit, lo destituyó como Subcontralor General según la acción de personal 913 con fecha 25 de Mayo 2017 y en su reemplazo designó al Subcontralor Administrativo señora Sabett Chamoun Villacrés. Disposición emitida oficialmente con fecha 25 de Mayo 2.017 y que debía ser acatada desde el 2 de Junio 2017.

A tal efecto y, dado que el entonces Contralor General del Estado señor Carlos Pólit se encontraba con vacaciones concedidas legalmente para realizarse exámenes médicos en el extranjero y para no dejar sin representación a esta institución, Pólit designó al señor Daniel Fernández de Córdova como Contralor General Subrogante desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio del 2.017, fecha en la que la señora Sabett Chamoun Villacrés asumiera dicho cargo (2 de junio del 2.017), funciones limitadas hasta el regreso de las vacaciones del señor Pólit.

Según reportes de la propia Contraloría General del Estado, esta notificación no se la entregó a usted antes, dado que usted se encontraba también de vacaciones y había que esperar su reincorporación oficial. Cabe resaltar que su cargo de aquel entonces como Subcontralor, era y es de libre remoción; más aún cuando el propio señor Carlos Pólit fue quien lo designó como Subcontralor y además teniendo en cuenta que en ese entonces el señor Pólit aún ejercía como Contralor General del Estado y por tanto era la máxima autoridad de la Contraloría.

Esto lo recoge el segundo párrafo del Artículo 35 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que señala: “Art. 35.- El Contralor General, establecerá el sistema de mérito y carrera administrativa en la Institución, nombrará, removerá y destituirá a sus servidores de acuerdo con la ley. Serán de libre nombramiento y remoción: el Subcontralor, los Secretarios General y Particulares, Coordinadores, Asesores, Directores Nacionales y Regionales y Delegados Provinciales.”

Por tanto, en las fechas referidas, el señor Carlos Pólit actuó apegado a la ley y a las competencias que la propia Contraloría le amparaba y exigía como la alta autoridad que era. Como usted sabe, hay un vídeo difundido en redes sociales, donde personal de la Contraloría le comunica a usted y le lee el acta de notificación de su remoción como  Subcontralor General; notificación que usted rompió y por tanto se da por hecho que usted conoció de esta notificación. Puede que usted, señor Pablo Celi De La Torre, argumente que el señor Carlos Pólit al ser investigado por presunto delito de concusión en caso Odebrecht, dejó de ser legalmente Contralor General del Estado.

Pero esto ocurrió vía resolución de la Asamblea Nacional en el pleno del 2 de Julio 2017, es decir un mes después del 2 de Junio 2017; fecha en la cual usted ya no era legalmente Subcontralor General y que, para optar por la figura de Contralor General del Estado Subrogante, ésta debió ser asumida por la señora Sabett Chamoun Villacrés legalmente designada como Subcontralor General, según lo dicta el Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado: “Art. 33.- Del Subcontralor General del Estado.- El Subcontralor General del Estado será designado por el Contralor General. Reunirá los mismos requisitos y tendrá las mismas prohibiciones legales de aquel. Desempeñará las funciones que establezca el Reglamento Orgánico Funcional de la Institución y aquellas que le sean delegadas por el Contralor General. Subrogará al Contralor General en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular.”

Este mismo argumento es el que aduce el desaparecido CPCCS-T, en el quinto párrafo de los considerandos de su Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-414-08-05-2019 (ANEXO 2); sin embargo los consejeros transitorios del extinto CPCCS-T hacen caso omiso a los antecedentes antes señalados y desestiman a la señora Sabett Chamoun Villacrés legalmente designada como Subcontralor General y por ende la legítima Contralor General Subrogante.

En esta misma Resolución No. PLE-CPCCS-T-E-414-08-05-2019 del CPCCS-T, en su cuarto párrafo de los considerandos, señala que, según los consejeros transitorios: “…el Consejo Transitorio no inició el concurso para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado”, violando flagrantemente Artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el propio Artículo 208 de nuestra Constitución (Numeral 11): “Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: 11. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente.” Resolución del anterior CPCCS-T que viola también Artículo 55 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que el Anexo 3 de la consulta popular del 2.018 no le dio a este CPCCS-T dichas atribuciones.  (...)

Con todos estos antecedentes, a nuestro criterio, usted no podía asumir un cargo del cual usted fue legalmente destituido y por tanto la única vía que existía para tomar el control de la Contraloría General del Estado era que haya sido elegido vía concurso de méritos y oposición por el CPCCS-T como nuevo Contralor General de Estado y no como “subrogante”; cosa que no ocurrió y por tanto mal podía el CPCCS-T prorrogarle en unas funciones que, salvo nos responda lo indicado en el punto 1 anterior, no estaba legalmente facultado a ejercerlas.

También queremos recordar lo que dispone Numeral 11 del Artículo 120 de nuestra Constitución, que señala: “Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: 11. Posesionar a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Superintendencias, y a los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.”

En base a este artículo de nuestra Constitución y si su respuesta al punto 1 anterior fuese negativa; es decir, que usted no nos entregase el documento exigido, se entenderá que usted no puede firmar como Contralor Subrogante y que necesariamente debería ser reconocido como Contralor General del Estado, por lo que exigimos, como pueblo soberano que somos, lo siguiente:

Que usted, señor Pablo Celi De La Torre, nos entregue el documento oficial con el cual la Asamblea Nacional lo posesionó como nuevo Contralor General del Estado.

Le recordamos señor Pablo Celi De La Torre, lo dispuesto en el Artículo 287 de nuestro Código Orgánico Integral Penal – COIP, que señala: “Art. 287.- Usurpación y simulación de funciones públicas.- La persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

La persona que ejerza funciones públicas y sea destituida, suspensa o declarada legalmente en interdicción y que continúe en el ejercicio de sus funciones después de ser notificada con la destitución, suspensión o interdicción, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.” La exigencia en la información requerida en los puntos 1 y 2 anteriores, lo hacemos amparados en el inciso 2, del Art. 61 y el inciso 23 del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, en los artículos 9 y 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y que confiamos señor Celi De La Torre nos la remita con la urgencia que amerita este caso.

Se ha procedido a editar las partes pertinentes del documento de la Plataforma Va Por Ti Ecuador, que se adjunta en su integridad. (DIR)

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