Donaciones
EL PERIÓDICO INSTANTÁNEO DEL ECUADOR
Donar
Conozca más
Edición #5231 |  Ecuador, miércoles, 16 de octubre de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE SUMA AL PERJUICIO A ECUADOR POR DUDOSO CONTRATO

2006-07-24 03:50:14
Ecuador en la prensa mundial
1526

Diario Hoy / Blanco y Negro

Una resolución del Tribunal Constitucional (TC) suspendió un examen de Contraloría al proceso de compra de tres lanchas por parte del proyecto Modersa a la empresa Vatadur, de la cual fue gerente el ex presidente del Fondo de Solidaridad Marcelo Arcos. El contrato se hizo por $1 337 931,49 y, según el informe preliminar de Auditoría 4, habría un sobreprecio de más del 40%.
El 27 de junio de este año, la primera sala del Tribunal Constitucional (TC) concedió un amparo a la empresa Varaderos y Talleres Durán S.A. (Vatadur). Así dio luz verde para que el proyecto Modersa, unidad adscrita al Ministerio de Salud, pague a esa firma $653 423,93.

La empresa construyó tres lanchas de servicio médico fluvial, para atender a Esmeraldas, Sucumbíos y Morona Santiago.

El contrato se hizo el 31 de marzo de 2004 y el monto fue de $1 337 931,49, de los cuales Vatadur recibió $823 645,90.

En abril de 2005 asumió el Gobierno Alfredo Palacio, cuyo primer ministro de Salud, Wellington Sandoval, se negó a pagar el saldo. Esto lo hizo porque un informe pericial estableció una “sustancial diferencia de precios entre el avalúo y el precio de adquisición pactado en el contrato”.

Un equipo de Auditoría 3 de Contraloría señaló que todo era legal. Otro examen, realizado por Auditoría 4, fue impugnado por Vatadur ante el Tribunal Contencioso de Guayaquil, que negó el amparo. El caso subió a la primera sala del TC, que dio la razón a la empresa. (AA/MCV)


Perito señala diferencia de precios en $533 065,38

La comparación se hizo entre los costos del contrato con los precios del mercado vigentes en esa época

El ingeniero naval Alberto Montenegro Peña realizó un informe pericial del costo de las embarcaciones.

El documento compara los costos del tipo de material, cantidades, precios unitarios y totales, y costo de mano de obra, contenidos en el contrato, con los precios del mercado en esa época. El informe fue presentado el 20 de diciembre de 2004 al ex coordinador de Modersa, Germán Flores.

Según la investigación de Montenegro, el costo total de la lancha Mincha Kole debería ser de $299 817,69; en el contrato el valor es de $427 940,44. En el caso del barco Jambi Purina, el costo pericial asciende a $252 524,21; en el contrato es de $407 494,26. Para la barcaza Tsunkinua, según el peritaje, el valor es de $252 524,21; pero en el contrato consta $407 494,27.

En total, la adquisición debió hacerse por $804 866,11. Pero Modersa firmó un contrato con Vatadur por $1 337 931,49.

Montenegro aclara que los valores totales presentados por él no incluyen el 12% de IVA para los materiales, gastos fijos y rentabilidad para el constructor.

Informe de Auditoría 3 dice 'todo está en orden'

'Vatadur cumplió con la construcción de las unidades de salud fluviales, conforme las especificaciones...'

Los recursos para la compra de las barcazas provenían del Banco de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y Petroecuador. Estas entidades firmaron un convenio con el Ministerio de Salud, a través de Modersa.

La contratación fue examinada por un equipo de Auditoría 3 de la Contraloría, encabezado por Flor María Guerrero.

Una copia del examen, enviada el 5 de julio de 2005, al entonces gerente general de Vatadur y, al mismo tiempo, presidente del Fondo de Solidaridad, Marcelo Arcos, señala que las prórrogas en tomar decisiones, pago de obligaciones y en los plazos de conclusión del contrato se generan en los funcionarios de Modersa.

Añade que Vatadur cumplió con la construcción de las barcazas, conforme las especificaciones pactadas.

El informe menciona que Modersa se niega a cumplir su obligación con Vatadur (pago del saldo de $514 285,59).

Las lanchas fueron recibidas por el proyecto entre marzo y abril de 2005. Pero hasta la actualidad no han sido movilizadas para prestar los servicios médicos.

El ex ministro de Salud, Wellington Sandoval, relató las novedades detectadas en el proceso de contratación al procurador del Estado, José María Borja. El 22 de julio de 2005, este funcionario pidió a la Contraloría que realizara un examen especial. La orden de trabajo fue expedida el 9 de agosto del año anterior.

BLANCO Y NEGRO conoció que en una veintena de ocasiones el informe ha estado listo para la firma del contralor (e) Genaro Peña, pero, como no lo ha hecho, el documento aún no tiene carácter oficial.

Para empezar, el equipo de Auditoría 4 señala que el comité de contratación dijo haber adjudicado a Vatadur por ser la oferta más baja. No obstante, al haber sido rechazada la propuesta de la compañía Ceym ($980 652,38), la evaluación se limitó a una sola empresa. Modersa no tenía un referente de comparación.

Añade que la licitación tenía un presupuesto referencial de $900 mil sin IVA. Esto, comparado con el valor ofertado y adjudicado de $1 337 931,49 sin IVA, superó el 40% de ese presupuesto.

Por ello, según los auditores, la oferta de Vatadur se hallaba en la “causal de rechazo que establece el capítulo V, cláusula 5.4 de las disposiciones especiales del manual de operaciones del proyecto”.
Así, Modersa debió haber declarado desierta la licitación.

La Contraloría también pidió una valoración a la Escuela Politécnica del Litoral. Esta determinó que el valor real de los tres botes es de $769 479,84, sin considerar los gastos fijos, costos indirectos y la rentabilidad del constructor.

Además, el informe refiere que Modersa contrató una póliza de seguros con Panamericana del Ecuador. Esta encargó la valoración a la firma inspectora de riesgos JRZ S.A, la cual estableció en $386 mil la cifra en que podrían asegurarse las tres embarcaciones.

Por esto, la Contraloría menciona “una diferencia en exceso” de $498 988,52, equivalente al 129,7% del valor comercial estimado.

En cuanto a las condiciones de los botes, los auditores observaron que los puntos de suelda de las estructuras presentan espacios sin soldar; tampoco son uniformes, ya que presentan abultamientos. Además, la madera de las literas de una de las lanchas tenía polilla.

El deterioro de las embarcaciones podría atribuirse a que no han sido utilizadas.
Para la Contraloría, este es un “tema delicado”. Por eso, la oficina de prensa se comprometió a gestionar una cita para BLANCO Y NEGRO con el contralor (e) Genaro Peña. (AA/MCV)

'No cabe otro examen sobre lo mismo'

Resolución suspende el trabajo ordenado por Genaro Peña y dice que se violan derechos de Vatadur

Los vocales de la primera sala del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Tamariz, Tarquino Orellana e Iván Salcedo, aceptaron la impugnación de Vatadur a la realización del examen especial por parte del equipo de Auditoría 4.

En la acción de amparo, el actual gerente de Vatadur, Fernando Campos, argumentó que la Contraloría había violado el derecho a la defensa de la empresa porque esta no había sido informada oficialmente de ningún resultado parcial del examen. Por tanto, pedía que fuera suspendido.

El TC le dio la razón, porque “la Contraloría no puede sin motivación alguna... proceder a un nuevo examen sobre exactamente lo mismo, sin establecer cuáles son las razones por las que revisa sus propias actuaciones”. Esto significa que el organismo de control ya había realizado el examen con un equipo de Auditoría 3, encabezado por Flor María Guerrero.

Así, el TC cuestiona a la Contraloría por haber dispuesto un nuevo examen, pese a que ese trabajo ya lo había realizado.

La Primera Sala no se refiere al oficio enviado a Modersa por el contralor (e) Genaro Peña, el 25 de agosto de 2005. Allí indicaba que el informe firmado por Guerrero, dirigido al entonces gerente de Vatadur, Marcelo Arcos, “fue producto de la evaluación preliminar, por lo que los resultados tienen el carácter de parciales y provisionales...”. También anunciaba que todo el proceso iba a ser examinado por Auditoría 4.

Sandoval: 'La Presidencia presionaba para que pague'

El cuñado del mandatario, José Paret, dice que él ofreció gestionar $38 mil del Innfa para equipar una barcaza

El ex ministro de Salud, Wellington Sandoval, recuerda que se negó a pagarle a Vatadur el saldo pendiente del contrato, debido a las irregularidades detectadas.

Entonces empezaron las presiones por parte de “gente allegada al presidente de la República, Alfredo Palacio”. Estas personas le pedían que “arreglara” la situación de Vatadur.

Uno de los visitantes fue José Paret, cuñado del mandatario. Aunque la cita no era para hablar de la empresa, en el curso de la conversación aprovechó para abordar el tema, indica.

Paret confirma haber dialogado con Sandoval, pero niega haber presionado para el pago.
Señala que ofreció al ex ministro una donación de $38 mil del Instituto Nacional del Niño y la Familia (Innfa), para equipar una de las tres barcazas.

“No me interesa si le pagan o no a Vatadur”, dice, al reiterar que únicamente pidió al ex ministro solicitar oficialmente al Innfa la donación. Cosa que nunca ocurrió.

En el piso 28 del edificio La Previsora, ubicado en el centro de Guayaquil, Marcelo Arcos se defiende de las acusaciones por supuesto peculado.

En compañía del abogado Osiris Sánchez Machado y el actual gerente de Vatadur, Fernando Campos, presenta documentos que explican cómo se desarrolló el proceso de licitación.

Según esto, el 2 de julio de 2002, Modersa firmó un convenio de cooperación con Petroecuador, por $1 167 500 para financiar la fabricación de tres lanchas.

Arcos presume que Modersa se habría gastado el dinero de Petroecuador y por eso recurrió al Banco Mundial (BM). Así fue cómo el 31 de agosto de 2003 ese organismo convocó la licitación respectiva.

Una normativa del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), adscrito al BM, indicaba que los ofertantes debían acompañar una garantía de $27 mil.

El 14 de octubre de 2003 se presentaron dos empresas: CEYM y Vatadur.
Esta última calificó y ganó el concurso. Su rival se quedó en el camino porque -según el Registro Mercantil de Guayaquil- fue constituida el 9 de febrero de 1999. Además tenía poca capacidad económica para ejecutar la obra, dice Arcos.

Modersa envió ambas ofertas al BM con sede en Washington, EEUU, para que analizara las calificaciones.

El proceso siguió con los informes favorables de Contraloría y Procuraduría.
El 31 de marzo de 2004, Vatadur firmó el contrato por $1 337 931, en la notaría n.º 37 de Quito.
A partir de eso, Modersa tenía 30 días para el pago del anticipo, pero Arcos dice que hubo incumplimiento porque este se hizo luego de 180 días.

“En su desesperación, Modersa le pidió al BM que en forma directa nos pagara el 85% y el resto (aporte nacional) dijo que lo cancelaría apenas le llegara la plata”, añadió Arcos.

Entre otros documentos, el ex presidente del Fondo de Solidaridad mostró un oficio del procurador José María Borja, enviado al ex ministro de Salud Iván Zambrano, el 7 de febrero de este año. Allí recomienda “continuar la ejecución del contrato para evitar que se causen mayores daños al Estado e impedir el deterioro de las lanchas... sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y presunciones penales que la Contraloría pudiese establecer...”.

También entregó a BLANCO Y NEGRO la desestimación a la denuncia de peculado presentada por el diputado Carlos González. En el documento, la fiscal María Cerón dice que “no hay antecedentes que demuestren sobreprecio”. Afirma, además, que las lanchas están debidamente aseguradas. (CHM)

'Contraloría puede hacer todos los exámenes que quiera, pero siempre deberá realizarlos la Dirección de Auditoría 3'

Marcelo Arcos explicó que la resolución de la primera sala del TC no constituye una orden de pago. Indicó que el fallo suspende el examen especial efectuado por Auditoría 4, en razón de que hay un informe previo elaborado por el equipo de Auditoría 3.

Según el ex presidente del Fondo de Solidaridad, la Contraloría tiene todo el derecho de hacer nuevos exámenes sobre el caso, pero cree que esto le corresponde únicamente al equipo de la Dirección de Auditoría 3 y a ninguna otra de las Direcciones de Auditoría que forman parte de la Contraloría General del Estado. (AA)


PUNTO DE VISTA

Ojalá alguien amparara a los ecuatorianos

Se ha vuelto común el decir que en el Ecuador se abusa de los amparos constitucionales, al que, al parecer, se lo ha convertido incluso en un 'recurso' legal para ganar tiempo o entorpecer la justicia misma.

Lo extraño es que la “”'queja' sobre esta actitud proviene de autoridades, diputados y hasta constitucionalistas que bien podrían actuar para propiciar que se limite este recurso o, mejor dicho, que se le dé uso adecuado a una instancia concebida para defender los derechos de los ciudadanos.
Pero, ¡qué va!, en el Ecuador parece que el bien común no importa a quienes tienen poder, puesto que no hacen prevalecer los intereses de las mayorías, tal como es su obligación.

Y allí nos encontramos, en una encrucijada sin nombre.
Algo de esto ha ocurrido con la resolución de la Primera Sala del Tribunal Constitucional (TC) mediante la cual se concede recurso de amparo a la empresa Vatadur, contratista de Modersa, en la construcción de tres lanchas de servicio médico para atender a Esmeraldas, Sucumbíos y Morona Santiago.

La historia está narrada en el informe de BLANCO y NEGRO, que pone al descubierto detalles sobre un proceso de pago inconcluso, por sospechas de sobreprecio, y en el que ha actuado hasta la Presidencia de la República, según denuncia un ex ministro de Salud.

Lo extraño de la resolución de la Primera Sala del TC es que su decisión allana el camino para que la empresa del Estado cancele el valor adeudado a la contratista, por encima de informes de la Contraloría, que dan cuenta de hechos sospechosos.

El caso está expuesto y, antes mismo de salir a la luz la resolución del TC, que tiene el carácter de inapelable, ha provocado revuelo.

Y es que el caso de las lanchas de Modersa estaría involucrando a los más altos organismos del Estado, incluida la Procuraduría. Ojalá todos actuarían con presteza para amparar a los ecuatorianos.

Fuente: Diario Hoy Revista de investigación BLANCO Y NEGRO

Comentarios

Liberación de responsabilidad y términos de uso:

El espacio de comentarios ofrecidos por EcuadorInmediato, tiene como objetivo compartir y conocer sus opiniones, por favor considere que:

  • El contenido de cada comentario es responsabilidad de su autor, no representa ninguna relación con EcuadorInmediato.
  • Usamos la plataforma Disqus para identificar los autores de cada comentario, de tal forma que podamos crear una comunidad.
  • Todo comentario que atente contra la moral, buenas costumbres, insulte o difame será eliminado sin previo aviso.

Este espacio es suyo por favor utilícelo de la mejor manera.