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Edición #5231 |  Ecuador, domingo, 22 de septiembre de 2019 |  Ver Ediciones Anteriores

DENUNCIA: EJÉRCITO COLOMBIANO MATA A CIVILES Y LOS HACE PASAR POR GUERRILLEROS

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Washington Post

Reportaje de diario estadounidense revela práctica militar de fuerzas armadas colombianas en medio de su guerra con las FARC
San Francisco, Colombia (Washington Post).- Todo lo que Cruz Elena González vio cuando los soldados pasaron cerca de su casa era un cadáver envuelto y atado con una correa a una mula. Un guerrillero muerto en combate, murmuro uno de los soldados cuando caminaron en frente de su hogar en una ciudad del noroeste en Colombia.

Ella pronto se enteró de que el cuerpo pertenecía a su hijo de 16 años, Robeiro Valencia, y que los soldados lo habían clasificado como guerrillero muerto en combate, una acusación desacreditada más adelante por el órgano de derechos humanos del gobierno local. “Imagínese lo que sentía cuando mi otro hijo me dijo que era Robeiro”, dijo González al contar de nuevo la matanza de agosto. “Él era mi muchacho.”

Financiada en parte por la administración de Bush, una ofensiva militar de seis años ha ayudado al gobierno colombiano a arrebatar el territorio que una vez fue controlado por la guerrilla y a la muerte de centenares de rebeldes estos últimos meses, incluyendo dos comandantes superiores de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC.

Pero bajo la presión intensa de comandantes militares colombianos para que existan guerrilleros muertos en el combate, el ejército también ha estado matando estos últimos años cada vez más a campesinos pobres y los ha estado pasando por rebeldes muertos en combate, según fuentes de funcionarios del gobierno y grupos de derechos humanos. La táctica ha provocado un discusión feroz en el Ministerio de Defensa entre los generales conservadores que favorecen una campaña agresiva que se centre en recuentos de víctimas y los reformadores que dicen que el ejército necesita desarrollar otros criterios para medir el éxito en el campo de batalla.

Las matanzas, realizadas por las unidades de combate, bajo órdenes de comandantes regionales, han sido siempre un problema en el conflicto de 44 años que enfrenta al ejército contra un movimiento rebelde basado en campesinos.

Pero con la desmovilización reciente de millares de combatientes paramilitares, muchos de los cuales formaban los escuadrones de la muerte para eliminar a los rebeldes, las matanzas del ejército a civiles han crecido de forma marcada desde 2004, según grupos de derechos humanos, investigadores de las Naciones Unidas y el Ministerio del Interior del gobierno. El repunte ha venido durante un rearme militar que ha duplicado las fuerzas armadas a casi 270.000 miembros en los seis años anteriores para ser la segunda fuerza militar en América Latina.

Existen diferentes estimaciones del número de matanzas extrajudiciales registradas, muertes de civiles como son llamadas. Pero un informe de una coalición de 187 grupos de derechos humanos señaló que hay alegaciones de que han muerto 955 civiles entre mediados de 2002 y mediados de 2007 y clasificados como guerrilleros caidos en combate, un aumento del 60 por ciento durante los cinco años anteriores, cuando divulgaron 577 civiles matados por las tropas.

“Veíamos esto como algo aislado, como una patrulla militar que había perdido el control,” dijo Bayron Gongora, de los Grupos de Libertad Judicial, un grupo de abogados de Medellin que representa a las familias de 110 personas muertas en circunstancias vergonzosas. “Pero qué ahora estamos viendo es sistemático”, indicó.

Las víctimas son marginados en la sociedad altamente estratificada de Colombia. La mayoría, como Robeiro Valencia, son agricultores de subsistencia. Otros son colombianos pobres secuestrados de las calles de la populosa Medellín, la capital de Antioquia, donde se han observado la mayoría de los asesinatos.

Amparo Bermúdez Davila dijo que su hijo, Diego Castañeda, de 27 años, desapareció de Medellín en enero de 2006. Dos meses después, las autoridades llamaban para decir que había sido muerto, otra muerte del campo de batalla. Para convencerla, le mostraron una fotografía de su cuerpo, vestido en camuflaje.

“Dije, “¿guerrillero?” “ella recordó. “Mi hijo no era guerrillero. Y me dijeron que si pensaba que él no era guerrillero, debía presentar una queja.”

Los querellantes militares inician ordinariamente investigaciones cuando el ejército mata a alguien. En los casos que parecen criminales, los querellantes civiles asumen el control, como hicieron en los asesinatos de Valencia y Castañeda en San Francisco. Pero los grupos de derechos humanos y los querellantes del gobierno dicen que las pruebas iniciales han sido generalmente superficiales, y los investigadores han estado bajo presión intensa de los altos oficiales para decidir en favor del ejército.

Tales desafíos han hecho imposible tabular el número exacto de civiles muertos, aunque los grupos de derechos humanos, la oficina del Procurador General de la República y la oficina del Inspector General han hecho estimaciones.

La oficina del Procurador General de la República está investigando 525 matanzas de civiles, la gran mayoría de los cuales ocurrieron desde 2002 y en los que están implicados 706 soldados y funcionarios. La oficina tiene otros 500 casos que implican centenares más de víctimas que están aún por ser abiertos. La oficina del Inspector General, mientras tanto, está investigando 650 casos desde el 2003 hasta mediados de 2007 que podría también implicar tanto como 1.000 víctimas, dijo a Carlos Arturo Gómez, el vice Inspector General.

“El año pasado, el número de quejas se disparó”, dijo Gómez. “Algunos han dicho que la causa podría ser los miembros militares sin escrúpulos que quieren demostrar resultados a través de operaciones falsas. Otros dicen que es el producto de la presión de los altos mandos, para empujar la obtención de resultados.”

La tendencia ha incitado la preocupación entre algunos miembros del congreso de los EE UU, como el Senador Patrick J. Leahy (D-Vt.), presidente del subcomité de operaciones extranjeras y de apropiaciones del Senado, quien dijjo que él está deteniendo la entrega de 23 millones de dolares en ayuda militar hasta que él vea progreso en la lucha contra la impunidad y la violencia patrocinada por el Estado.

“Hemos tenido en seis años, 5 mil millones de dolares en ayuda de los EE UU. Más de la mitad de los mismos ha ido a los militares colombianos, y encontramos que el ejército está matando a más civiles, no menos”, dijo Leahy en una entrevista. “Y por todas las informaciones, toda las informaciones independientes, encontramos que a los civiles sencillamente los estan eliminando, se están asesinando y después se están vistiendo a los civiles con uniformes, así pueden ser contados como guerrilleros muertos.”

Frente a una cadena de éxitos recientes contra el FARC, el gobierno del presidente Álvaro Uribe se ha defendido contra las acusaciones y afirma que es parte de una campaña internacional diseñada para desacreditar las fuerzas armadas.

No obstante, el ministro de Defensa Juan Manuel Santos reconoce la muerte de civiles y ha iniciado una serie de pasos que incluyan las nuevas reglas de enfrentamiento, asignando a inspectores a las unidades de combate para aconsejar a los comandantes en el uso de la fuerza y mejorando el entrenamiento en derechos humanos para los soldados.

El ministro también ha estado agilizando su sistema de justicia y la transferencia de más casos a la oficina del Procurador General de la República, que las Naciones Unidas dicen debe tener un mayor papel para poder eliminar las ejecuciones extrajudiciales. La oficina del Procurador General de la República dijo que han detenido a más de 200 miembros las fuerzas armadas siendo investigados por su implicación en las matanzas de civiles, con 13 condenados el año pasado.

“He dicho esto muy claramente: el soldado que realiza un crimen es un criminal, y lo tratarán como criminal”, dijo Santos.

Santos también ha mencionado, en discursos y reuniones, que la política anti-guerrillera del ejército se debe centrar más en la generación de abandonos que acumulando muertes del combate, el método tradicional de medir éxito. “He dicho a todos mis soldados y policías que prefiero a un guerrilla desmovilizada, o un guerrilla capturado, a un guerrilla muerto,” señaló.

Pero los generales reformadores se han tropezado con los generales influyentes del Ministerio de Defensa que han defendido a los oficiales acusados de asesinatos y favorecen una estrategia más tradicional para derrotar a los rebeldes.

Esto significa darle a los comandantes en el campo la autonomía y la inculcación de una filosofía que favorece el enfrentamiento rápido con los rebeldes.

¿“Cuál es el resultado de las ofensivas? Combate,” dijo el General Mario Montoya, cabeza del ejército de Colombia, en una entrevista. “Y si hay combate, va a haber muertos en el combate", añadió.

Los grupos de derechos humanos observan una tendencia preocupante, debido a que las táctica usadas por algunas unidades del ejercito son similares a las que los escuadrones de la muerte utilizaban para aterrorizar a civiles. Un investigador jefe de las Naciones Unidas dijo que algunas unidades del ejercito fueron tan lejos como para llevar "gatitos" que incluyeron las granadas y las pistolas que se podrían plantar al lado de cuerpos.

“El método de matar a la gente percibida como colaboradores de la guerrilla todavía se considera como legítimo para muchos miembros del ejército,” dijo a Lisa Haugaard, director del grupo de trabajo de América latina, una coalición con sede en Washington de grupos humanitarios.

Después de que ella se entrevistara con un sinnúmero de familias de víctimas, ella determinó que en muchos de los casos, los soldados “parecían ir en misiones, no accidentalmente detenian y asesinaban a personas,” dijo.

El oficial más alto implicado en matanzas extrajudiciales es el Coronel Hernan Mejía.

Un sargento del ejército retirado que estaba bajo el mando de Mejía, Edwin Guzmán, contaba de nuevo en una entrevista cómo la unidad de Mejía mataba a granjeros campesinos, los vestía en trajes de combate y posteriormente llamaba a reporteros del diario local para escribir sobre el supuesto combate que había ocurrido.

Guzmán, ahora un testigo del gobierno contra Mejía, dijo que participaron los soldados porque sabían que el ejército dio desde incentivos de pago adicional hasta días libres para asesinatos masivos en combate. “Esto es porque el ejército da los premios por las matanzas, no por el control del territorio,” dijo.

Entre esos tomados como muertos en combate en el poblado colombiano de San Francisco está el granjero Rodrigo Albeiro Jiménez, 23, quien acababa de ser padre cuando una patrulla del ejército el 19 de octubre de 2004 lo detuvo. Los soldados detuvieron a Jiménez -- nunca fue establecido exactamente porqué -- y dejaron ir a sus compañeros.

Los otros granjeros dijeron a investigadores que entonces oyeron disparos.

Horas más adelante, su esposa, Marelbi Quintero, recibió la noticia: Jiménez había sido asesinado, muerto en combate por un pelotón local.

“Pusieron un arma en su mano y no sé cuántas granadas”, dijo ella. “Intentaron decir que él había hecho algo, o planeaba hacer algo.”

Por Juan Forero
Washington Post Foreign Service

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