CNE analizó legalidad de consulta popular y confirmó que se encuentra dentro de marco constitucional y de ley, aclara consejero Paúl Salazar (AUDIO)
CNE analizó legalidad de consulta popular y confirmó que se encuentra dentro de marco constitucional y de ley, aclara consejero Paúl Salazar (AUDIO)

CNE analizó legalidad de consulta popular y confirmó que se encuentra dentro de marco constitucional y de ley, aclara consejero Paúl Salazar (AUDIO)

2017-12-08 07:39 | Entrevistas

Sobre la legitimidad, sentenció: "Qué más legítimo puede ser que consultar al pueblo ecuatoriano sobre temas que tienen que ver única y exclusivamente, con el funcionamiento de la nación"

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  • Diciembre 07 - Paúl Salazar II
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la papeleta que contendrá las siete preguntas de la consulta popular y el referéndum y, la noche de hoy, se convocará al proceso electoral. Luego de los cuestionamientos que ha recibido el organismo por parte de diversos sectores, el consejero Paúl Salazar informó que la Unidad de Análisis Jurídico de la institución, se analizó la legalidad de convocar al proceso y confirmó que se encuentra dentro del marco constitucional y de ley; por lo que, en ese aspecto, están blindados. Así como lo están en cuanto a la legitimidad, aseveró.

“La consulta y el referéndum, el día de hoy, será convocada a través de cadena de radio y televisión. La semana anterior ya arrancamos el periodo electoral, es decir, hemos hecho una serie de actividades previas a la convocatoria, de tal manera que el CNE, con esta aprobación del plan operativo, cronograma y presupuesto, arrancó desde la semana anterior”, explicó.

Admitiendo que siempre habrá cuestionamientos, pero recalcando que el CNE, como organismo del Estado, con hechos concretos demostró a la opinión pública, que el referéndum y la consulta popular “va porque va”, pero además, que la legalidad de su llamado está amparada en los decretos ejecutivos 229 y 230 del Presidente de la República en el sentido de que, en el marco de sus competencias –una vez que se terminaron los plazos y términos que se necesitaba del dictamen de la Corte Constitucional-.

Sobre la legitimidad, durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio; Salazar defendió: “Qué más legítimo puede ser que consultar al pueblo ecuatoriano sobre temas que tienen que ver única y exclusivamente, con el funcionamiento de la nación”.

A criterio del Consejero, los criterios de que los decretos de Moreno son inconstitucionales no les toca tratar ya que son administradores del proceso electoral, por lo que una vez que ya convocan a elecciones, nada ni nadie lo puede parar. “No vamos a entrar en conflictos interinstitucionales. La Corte Constitucional tiene sus competencias, pero la ley es clara: ninguna institución del Estado puede obstaculizar el programa electoral”.

Al cuestionarle sobre el informe de la Corte, que no se conoce que ha sido entregado al CNE, el consejero mencionó que no tienen competencia para pronunciarse sobre si las preguntas son o no constitucionales. Sin embargo, dejó en claro que, si este organismo no se manifestó y ya se emitieron los decretos ejecutivos, la única obligación del ente electoral con la ciudadanía es realizar el proceso electoral.

“Hemos hecho el análisis jurídico para evaluar la legalidad y que la legalidad está enmarcada dentro de la Constitución y la ley, efectivamente. Entonces, una vez que tenemos ese informe jurídico, procedemos a aprobar presupuesto, plan operativo y cronograma y empezamos toda la operatividad del plan electoral”, refirió el funcionario durante una entrevista para el programa “El Poder de la Palabra”, de Ecuadorinmediato.com/Radio.

Sin embargo, cabe recordar que el artículo 104 de la Constitución, último inciso, establece que: en todos los casos, sin hay excepción, se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional. Ante aquello, Salazar mencionó que el CNE no tiene ningún conflicto y que, si lo hubiesen tenido, la Unidad de Análisis Jurídico del CNE, les hubiera recomendado que no podrían haber convocado al proceso. “El informe fue favorable, el Pleno del Consejo conoció la argumentación jurídica respectiva y, en ese sentido, nosotros aprobamos ya la convocatoria a la consulta popular y referéndum. Es decir, legalmente, estamos cubiertos y en cuanto a la legitimidad, tampoco hay problemas”, acotó.

“Al árbitro nadie lo quiere –porque en este caso, el CNE tiene esta figura en los procesos electorales-. Lamentablemente, por A o B siempre somos cuestionados por diferentes circunstancias por el ganador o por el perdedor, por cualquiera de las partes que participan dentro de un proceso electoral, siempre recibiremos cuestionamientos, ya estamos acostumbrados a eso. Pero más que responderles dentro del ámbito mediático, lo que hacemos es responder con hechos concretos cubriendo la legalidad, la legitimidad y generando confianza”, sostuvo.

Existen sectores también, que cuestionan la legitimidad del CNE con algunos de sus consejeros prorrogados en funciones. Ante estas críticas, Salazar dejó en claro que no es cosa de sobre pasar el tiempo y aferrarse a un cargo o no, por lo que eso se refleja en la decisión del expresidente del organismo electoral, Juan Pablo Pozo, quien decidió salir una vez terminado su periodo; como en su decisión y la de Nubia Villacís de quedarse, legalmente.

“Tanto la presidenta actual (Nubia Villacís), como quien les habla, Paúl Salazar, en calidad de consejero; decidimos quedarnos, acogernos a esta prórroga que está completamente blindada, desde el punto de vista legal, porque no podemos dejar nuestros cargos porque sí. Tenemos una obligación de carácter político, no partidista, con la ciudadanía. Hemos venido cumpliendo funciones de consejeros y, en este sentido, tenemos la responsabilidad de esperar, al menos, ser reemplazados legalmente, para proceder a salir del CNE”, señaló.

Alegando que, si bien no es su competencia el haber pedido quedarse, sino del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) al no seleccionar pronto a quienes los reemplazarían, no pueden dejar “botados” sus cargos ya que eso sería una irresponsabilidad. Salazar no se fue “en función de la legalidad y de la responsabilidad política que implica el estar como consejero y, más aún, de cara a una consulta popular.

Al tiempo que el CNE recibía los decretos para viabilizar la consulta, en la Presidencia de la República, el mandatario Lenín Moreno se reunía con la Comisión Anticorrupción, cuyos miembros pedían que se principalice a Solanda Goyes y salgan quienes están prorrogados en funciones. Paúl Salazar explicó que en el caso de la consejera suplente, efectivamente, fue designada ya que ganó el concurso, pero no se posesionó nunca siendo la Asamblea Nacional la que tiene que posesionarla.

“En estos momentos, digamos, casi no tenemos suplentes porque, o han renunciado o están en otros cargos, y tenemos cinco consejeros principales. Yo no puedo responder por el Presidente de la República ni por otra función del Estado; pero lo que sí podemos decir es que como CNE vamos a responder con hechos concretos de cara a este proceso electoral. Siempre vamos a tener cuestionamientos, pero a esos cuestionamientos, inclusive y especialmente a las personas que nos vayan a cuestionar, les vamos a responder con hechos concretos”, dijo.

Dejó en claro que este proceso tampoco resulta cuestionable ya que, en el momento en el que eligieron, por unanimidad a Nubia Villacís como presidenta del organismo electoral, se lo hizo de forma transparente, por lo que no cree que les afecte para nada las críticas. “Este cambio de administración sí fortalece al CNE, tanto es así, que hemos cambiado los directores de las delegaciones provinciales, estamos haciendo un proceso de renovación total e integral, sin comprometer la eficiencia, la eficacia y la verificación con certeza de los resultados que podamos tener el 4 de febrero respetando la voluntad del pueblo ecuatoriano”.

Negó haber resignado su designación como presidente del Consejo. “No es un tema de aspiración. Yo siempre he dicho que el cargo no hace a la persona, sino que las personas hacen al cargo. En mi intervención pública, manifesté mi apoyo irrestricto a la trayectoria y a las capacidades que tiene la licenciada Nubia Villacís”.

Desmintió que el CNE esté siendo presionado por parte de la Presidencia de la República para que se viabilice la consulta popular, sin embargo, admitió que los miembros han mantenido reuniones con el secretario Eduardo Mangas que, según dijo, fueron transparentes y constitucionales para tratar el tema. “Ni presión ni controversia. Constitucionalmente, tenemos la obligación de coordinar con todas las instituciones del Estado: Con Presidencia, con la Secretaría de la Presidencia, con el Registro Civil, Ministerio de Finanzas, etc.”.

“De hecho, si nos van a cuestionar en particular una reunión con la Secretaría de la Presidencia, que es precisamente el representante del Presidente que está proponiendo y que propone, dentro del marco de sus competencias, el referéndum y la consulta, entonces, no tienen sentido esos cuestionamientos. Nosotros tenemos la obligación, no solamente de atender a la función Ejecutiva, sino a todas las funciones del Estado, a todas las organizaciones políticas, sociales, a toda la ciudadanía por igual”, agregó.

Acerca de la campaña en la consulta, la misma que arrancará el 3 de enero y durará hasta el 2 de febrero, el Consejero expuso que tendrá sus particularidades ya que, a pesar de que es muy similar al proceso que se tuvo a inicios de este año, los tiempos son muy cortos, se manejan los mismos conceptos de promoción electoral.

“Se asignará el fondo de promoción electoral a las organizaciones políticas y sociales que se inscriban como sujetos políticos. Este periodo de inscripción inicia el día de mañana (desde el 8 hasta el 12 de diciembre). Todas las que se inscriban, sea por el Sí o por el No, tendrán las mismas condiciones y reglas de juego de un proceso electoral normal. Es decir, no se permiten donaciones, dádivas, regalos”, sostuvo.

Recordando además, que se hizo un ajuste leve al reglamento de conformación de miembros de Juntas Receptoras del Voto modificando, en la forma, a tres artículos y uno agregando la posibilidad de que organizaciones sociales, en ámbitos rurales, puedan ser aceptados. “Agregamos estos pequeños cambios, no vamos a cambiar las reglas del juego, son las mismas del proceso electoral que tuvimos en febrero y abril”.

“Para esto, los sujetos políticos que se inscriban debe tener la claridad y la certeza de que los reglamentos ya están emitidos. Si se harán ajustes serán mínimos para adaptar las reglas del juego en relación a la consulta popular, pero serán muy pequeños”, acotó, al tiempo de confirmar que los medios digitales no entrarán en la campaña, solamente serán: medios televisivos, impresos, radiales y vallas publicitarias. (JPM) 


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